META
Capturan tres cabecillas y nueve sicarios de ‘los Úsuga’ en los Llanos Orientales
Un médico naturista de Villavicencio acudió a la ‘oficina de cobro’ de la temida banda criminal de ‘los Úsuga’ para cobrarles a dos comerciantes el dinero que les había prestado y que los dos hombres no le querían pagar.
Para facilitar la labor de los delincuentes, el médico citó a los deudores en su consultorio, ubicado en la capital del Meta, donde miembros de la red de sicarios de ‘los Úsuga’ los intimidaron con armas de fuego y les advirtieron que si no pagaban “los iban a picar”.
En el Meta las capturas se realizaron en Villavicencio y Restrepo; en el Casanare, en Yopal, y en el Urabá, en el municipio de Apartadó, una de las cunas de la banda y fortín de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, el jefe de la organización mafiosa.
La Fiscalía cuenta con un arsenal probatorio contra estas personas. Fuentes cercanas al caso informaron que el ente persecutor los señala como supuestos responsables de los homicidios de dos hombres en Restrepo y en el barrio Porfía, de Villavicencio.
Los mataron porque no quisieron entrar en la línea de microtráfico que ya dominan ‘los Úsuga’ en los Llanos, particularmente en el corredor entre Villavicencio y Yopal.
Investigaciones de la Policía revelan que los tentáculos del microtráfico de esta banda alcanzan hasta la capital del Meta, Restrepo, Cumaral y Barranca de Upía, así como en Paratebueno (Cundinamarca) y en Villanueva y Yopal (Casanare).
Para imponer ese control a sangre y fuego ‘Otoniel’ designó a ‘Augusto’ y a ‘Nelson’, quienes llegaron al Meta luego de las capturas de ‘Franklin’ y de ‘Carrillo’, realizadas por la Policía entre julio y septiembre.
La Fiscalía cuenta con interceptaciones a celulares, así como pines de BlackBerry, que comprometen a los capturados.
Ayer les imputaba cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y narcotráfico, homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas. La audiencia se desarrollaba en el Palacio de Justicia.
Jefes hicieron parte del ‘bloque Centauros’
Un hilo conductor de las investigaciones revelado por las autoridades indica que los máximos jefes de ‘los Úsuga’ están enviando como cabecillas a los Llanos hombres que hicieron parte de los grupos paramilitares, que sembraron el terror en la región.
‘Augusto’, el nuevo jefe capturado en la operación ‘Elipsis 2’, había hecho parte del ‘bloque Centauros’. Según registros de las autoridades se desmovilizó en el 2015, pero se trasladó a Antioquia, donde hizo parte de ‘los Urabeños’, que luego tomaron el nombre de ‘los Úsuga’.
Otros jefes de esta banda en los Llanos, ya capturados o muertos en operativos, como ‘el Negro Andrés’, ‘Moná’, ‘Carrillo’ y ‘Flanklin’, también estuvieron en el Centauros.
Al parecer, creen que por conocer la región tienen una ventaja frente a otros miembros de la banda, pero ni la Policía ni la Fiscalía los han dejado consolidar.
Hasta la Cuarta División se sumó a los operativos contra ‘los Úsuga’. A las siete capturas realizadas el pasado primero de noviembre en Mapiripán, tropas de la unidad hallaron esta semana una caleta con fusiles y munición.
El general Néstor Robinson, comandante de la Cuarta División, informó que en la vereda La Esmeralda, de Mapiripán, hallaron en una caneca 5 fusiles Galil, 7 fusiles M-16, 47 proveedores y 2 cañones para ametralladora M-60.
Fuente: www.eltiempo.com – Miguel Herrera Arciniegas – LLANO SIE7EDÍAS
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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