CASANARE
Caos en el “Terminal de Transportes” de Yopal aumenta día a día
Una nueva situación que denota el tremendo caos que se vive en el denominado “Terminal de Transportes” de Yopal se presentó este martes, cuando conductores de la Empresa Morichal se negaron a pagar el mal llamado “soplo” y el servicio de bahía que se cobran en estas instalaciones a los conductores de vehículos que ingresan.
Desde tempranas horas se presentó esta situación, por lo que la administradora dio la orden de no permitir el ingreso o salida de estos vehículos, lo que generó reclamos por parte de los conductores, quienes alegaban que tales cobros no debían hacerse, por cuanto el sitio no está homologado como Terminal por parte de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
Los conductores señalan que el recibo expedido por el “soplo” o prueba de alcoholimetría no tiene ninguna validez para las autoridades de tránsito en carretera, quienes solo aceptan el que se hace en el Terminal de Aguazul, que es el único habilitado y homologado como tal. Por ende, señalan los conductores que si el recibo no es válido, entonces no están obligados a cancelarlo.
Idéntica situación se registra con el derecho a bahía o tasa de uso que deben cancelar los vehículos que ingresan al denominado “Terminal de Transportes” de Yopal, derecho que los conductores se niegan a cancelar alegando que el sitio no está habilitado u homologado por la Superintendencia de Puertos y Transportes.
La caótica situación del “Terminal” o “paradero” como algunos lo denominan es cada vez peor, generando permanente tensión entre los usuarios y la comunidad que por necesidad debe utlizar estas instalaciones.
El Diario del Llano conoció de fuente confiable que, al parecer, el Ministerio de Transportes prohibió desde el año 2006 al Municipio, hacer cualquier tipo de cobro de la denominada “tasa de uso” a las Empresas, en el “Terminal” o “paradero de buses”.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
