NACIONALES
Así funcionará subsidio para pago de facturas de agua en zonas rurales
El Presidente de La República, Iván Duque, lanzó una medida sin precedentes en el país para apoyar a las familias del campo colombiano que se han visto afectadas económicamente por el COVID-19, se trata del nuevo subsidio para el pago del servicio de agua en las zonas rurales al que podrán acceder los usuarios de acueductos que operen en estas zonas del país y estén legalmente constituidos.
¿En qué consiste este nuevo subsidio?
Es un apoyo económico del Gobierno Nacional para el pago de las facturas de agua de las familias que viven en el campo y son atendidas por un prestador de acueducto u organización autorizada
Este subsidio cubre hasta $12.400 pesos mensuales por suscriptor o vivienda conectada. El valor descontado se verá reflejado directamente en la factura, debido a que el subsidio directo llegará al operador rural.
¿Qué prestadores rurales podrán acceder al subsidio directo?
El subsidio rural se distribuirá a través de los prestadores del servicio de acueducto que operan en zonas rurales como organizaciones autorizadas, priorizando a las entidades sin ánimo de lucro. En tal sentido, las primeras llamadas a solicitar el subsidio son las asociaciones de usuarios del servicio de acueducto, las juntas administradoras de acueducto, las empresas comunitarias, y las juntas de acción comunal que estén a cargo del acueducto.
Las organizaciones de economía solidaria también podrán solicitar subsidios, en particular las cooperativas que operen el servicio de acueducto. Estas organizaciones autorizadas, como todo prestador de servicios públicos domiciliarios tienen la obligación de registrarse ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
¿Qué deben hacer los prestadores rurales de acueducto que no estén inscritos ante la Superintendencia para acceder al subsidio?
Todos los prestadores de acueducto que operen en zona rural y que deseen solicitar el subsidio rural deben actualizar la información ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios diligenciando un formato especial que estará disponible en la página web de la Superintendencia. Este requisito debe cumplirse así el prestador ya esté inscrito en el Registro Único de Prestadores de Servicios – RUPS. Este formato tiene la finalidad de recaudar la información necesaria para este subsidio, no está sujeto a aprobación, y una vez diligenciado, se puede descargar de inmediato luego de hacer el reporte.
Posteriormente el prestador debe diligenciar una solicitud ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la transferencia del dinero y adjuntar el formato de la Superservicios, además del documento que acredita la personería jurídica de la organización autorizada. Estos trámites pueden realizarse en un solo día si el prestador tiene todos los documentos. Todo se realizará de manera virtual.
¿Una vez realicen la solicitud, en cuánto tiempo el prestador puede recibir el subsidio?
Luego de que el prestador radique la solicitud del subsidio rural ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con los documentos requeridos, se estudia la solicitud para su aprobación. Este proceso se realizará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.
Teniendo en cuenta que el subsidio rural se aplicará al servicio de acueducto desde la fecha de expedición del Decreto 819 del 4 de junio de 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2020. El descuento se verá reflejado sobre las facturas que se entregan en el mes de julio y es a partir de ese mes que se inician las transferencias.
¿Qué familias podrán acceder a este subsidio?
Todas las familias que habiten en las zonas rurales y que estén siendo atendidas por un prestador de acueducto que opere como organización autorizada podrán acceder a este subsidio.
¿Cómo sabrán las familias que su acueducto rural es uno de los beneficiados?
Los prestadores de acueducto que soliciten los subsidios tienen la obligación de informar a sus suscriptores que la solicitud de subsidios ha sido aprobada y deberán reflejar el valor del subsidio como un descuento en el valor total de la factura que corresponde a cada suscriptor.
¿Los recursos del subsidio llegan a las familias o al prestador rural?
Los recursos del subsidio se otorgan para cada suscriptor del servicio que verá reflejado el descuento en su factura.
¿Cómo se verán beneficiados los acueductos rurales con esta medida?
Con este subsidio, los prestadores de acueducto de las zonas rurales contarán con un ingreso mínimo que asegure la operación del sistema, aun en el caso en que las familias tengan dificultades para el pago de las tarifas por las limitaciones económicas que ha causado la pandemia del COVID -19.
¿De cuánto será el ahorro en el pago mensual de una familia por su servicio de acueducto rural?
Es importante aclarar que el servicio de acueducto no es gratuito, y que todas las familias deben pagar por los metros cúbicos de agua que consumen. Este subsidio es un alivio en la tarifa a pagar, y el ahorro dependerá del esfuerzo de las familias por hacer un consumo racional del agua. La diferencia entre la tarifa mensual que resulte del consumo de agua por suscriptor, y el subsidio rural, deberá ser pagada oportunamente por los suscriptores.
¿Quién vigilará que los acueductos rurales si hagan el descuento a las familias?
El descuento en el valor a pagar por cada suscriptor en la factura de servicios públicos como resultado de aplicar los subsidios, es vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
¿Cuántas familias campesinas espera beneficiar el Gobierno Nacional con esta medida?
De acuerdo con el inventario de organizaciones autorizadas que tiene el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que se consolida a partir del reporte que realizan las alcaldías municipales, se espera beneficiar a dos millones de habitantes de las zonas rurales del país.
¿Cuántos recursos invertirá el Gobierno Nacional en este subsidio directo rural?
Para otorgar estos subsidios hasta el 31 de diciembre del 2020 se han destinado 40 mil millones de pesos.
¿Cómo seguirá apoyando el Gobierno Nacional a los acueductos rurales después de la emergencia económica?
Desde el 2016 el Gobierno Nacional ha promovido los esquemas diferenciales para mejorar el acceso a agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales. En ese sentido, el Programa Agua al Campo implementado por el Gobierno del Presidente, Iván Duque, busca generar diferentes estrategias de apoyo para el suministro de agua rural, procurando el fortalecimiento comunitario, y las inversiones para mejorar la calidad y continuidad del servicio. Este es un propósito de largo plazo, y progresivamente se multiplicarán los esfuerzos para llegar con más apoyo a las zonas rurales.
La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) oficializó la formulación de esta política estructural, que convierte el PAE en una política de Estado y no solo en un programa gubernamental. El objetivo: blindar su operación más allá de los ciclos políticos y asegurar que cada niño, niña y joven reciba una alimentación balanceada y pertinente durante su formación escolar.
“Después de 60 años, este Gobierno le dejará a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado”, afirmó Sebastián Rivera, director de la UApA.
La nueva política se basa en cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer el impacto del programa en las aulas y las comunidades:
- Garantía de derechos: la alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
- Financiamiento sostenible: se establecen mecanismos financieros a largo plazo para asegurar la continuidad y expansión del PAE.
- Calidad y nutrición mejoradas: las minutas alimentarias serán revisadas y actualizadas con base en criterios técnicos, nutricionales y participación comunitaria.
- Participación ciudadana: estudiantes, familias y comunidades educativas participarán en la toma de decisiones, promoviendo transparencia y pertinencia local.
- Monitoreo y evaluación rigurosos: se implementarán sistemas de seguimiento robustos para garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
La formulación de esta política responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se reconoce la seguridad alimentaria como un problema estructural. Para ello, la UApA ha habilitado un espacio de participación abierta a través de un formulario en línea y sus redes sociales.
“Esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”, explicó Rivera.
La consolidación del PAE como política pública enfrenta retos en la gestión descentralizada, la infraestructura y la capacitación, pero representa un avance determinante para proteger los derechos de la niñez y la juventud.
Con esta decisión, el Gobierno nacional fortalece su compromiso con la equidad y el desarrollo humano, sentando las bases para una Colombia donde la alimentación escolar sea un derecho garantizado, no una excepción.
Fuente: Comunicaciones Mineducación
NACIONALES
Antes del 30 de mayo, entidades públicas a reportar empleos de carrera que estén en vacancia
Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitaron a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, orden territorial y Corporaciones Autónomas Regionales, reportar los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva.
Las entidades deben proporcionar esta información a Función Pública antes del viernes 30 de mayo de 2025 para la elaboración del Plan Anual de Vacantes que será enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
El Plan Anual de Vacantes es un instrumento técnico de medición que permite conocer a la Comisión y ciudadanías el número de cargos de carrera administrativa que se encuentran vacantes en el sector público y cuáles hacen parte de procesos de selección.
Función Pública aclaró que el diligenciamiento de esta información no exime a las entidades del reporte de vacantes en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) y la inscripción o actualización del Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA).
El cumplimiento de este reporte debe ser verificado por el o la jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades, ya que en caso de incumplimiento u omisión deben reportar a la Dirección de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC.
Las entidades están obligadas a diligenciar la información de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva con corte al 31 de diciembre de 2024 a través de este enlace.
Fuente: Comunicaciones Función Pública
El desempleo en marzo de 2025 disminuyó 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y se ubicó en 9,6 % desde el 11,3 % de 2024. Esto significa una variación absoluta de 1’057.000 personas ocupadas, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.
De acuerdo con la entidad, se trata de la tasa más baja desde 2017, resultado que se explica por la menor desocupación en las 13 principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas que para el tercer mes de este año se ubicó en 9,3 %, que representa una disminución de 1,4 p.p. respecto del año pasado (10,8 %).
La tasa global de participación se ubicó en 67,4% (en marzo de 2024 fue de 67,1 %) y la tasa de ocupación quedó en 61,1 % (59,9 % en marzo del año pasado).
El estudio revela que la población del país en edad de trabajar llegó en marzo pasado a 40’514.000 personas, de las cuales 23’702.000 es la población ocupada (1’057.000 más que el año pasado); 2’522.000 es la población desocupada (con una disminución de 359.000 personas) y 14’289.000 personas están fuera de la fuerza laboral (amas de casa, estudiantes, pensionados, etc.) que se redujo en marzo último en 138.000 personas.
Por dominio geográfico, mientras en el total nacional la variación de población ocupada fue de 4,7 p.p., en Otras cabeceras llegó a 9 %, la cifra más alta desde 2018, y en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas la variación fue de +3,4 p.p.
Ocupación por actividades
El DANE informó que por ramas de actividad económica, el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportó 381 mil nuevos ocupados y representa 15,5 % del total nacional; le siguen Industrias manufactureras con 218 mil nuevos ocupados (11,1 %); Alojamiento y servicios de comida con 153 mil nuevos ocupados (7,3 %); Transporte y almacenamiento con 132 mil nuevos ocupados (7,5 %); Construcción aportó 125 mil ocupados (7 %); Comercio y reparación de vehículos 101 mil ocupados nuevos (17,6 %) y Actividades artísticas entretenimiento y recreación con 100 mil nuevos ocupados (8,4 % del total nacional).
Por sexo, la población masculina ocupada creció en 543 mil personas, mientras la femenina en 514 mil.
Por rangos de edad, la franja de 25 a 54 años entre los hombres redujo la desocupación en 152 mil personas, mientras en las mujeres la variación fue de 47 mil personas en el mismo rango etario.
Desempleo por ciudades
El informe del DANE también da cuenta de que por encima del promedio nacional de desocupación (9,6 %) en marzo pasado estuvieron: Arauca con 29,2 %; Quibdó 29 %, Buenaventura 26,3 %, Mocoa 24,7 %, Barrancabermeja 24,6 % y Tumaco 23,3 %, entre las que da mayor tasa de desempleo.
Y las que registraron menor variación fueron Inírida 7,6 %, Mitú 6,7 %, Rionegro 6,1 % y Leticia 4,7 %.
Informalidad y juventud
El sector informal de la economía para el tercer mes del año se ubicó en 57,7 % en todo el país; en los centros poblados y rural disperso llegó a 84,3 %; en las 23 principales ciudades del país fue de 45,2 % y en las 13 ciudades con área metropolitana se ubicó la informalidad en 43,9 %.
El DANE también midió la brecha de género en tasa de desocupación. Para el trimestre enero – marzo de 2025 la brecha de género en materia de desempleo fue de 9,8 puntos porcentuales, pues mientras los hombres registraron una tasa de desempleo de 13 % las mujeres registraron 22, 8 %.
En este mismo periodo, la población más joven (15 – 24 años) la desocupación a nivel nacional se redujo en 2,9 p.p., mientras que en las 23 principales ciudades del país se redujo en 3 p.p. En Quibdó este indicador subió 8,4 %, y en Cartagena se redujo 6,7 %.
Fuente: Comunicaciones DANE
