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Arroceros pagan el triple por fletes debido a cierre en vía al llano
Pasaron de cancelar $75.000 a $175.000 por tonelada
El cierre temporal, por tres meses, de la vía al Llano, por los continuos y diversos derrumbes que han afectado la banca e incluso puentes, ya empezó a tener un impacto en los productores agropecuarios de esa amplia región colombiana que deben asumir costosos fletes por las mayores distancias que hay que recorrer para poder sacar los productos de las zonas de producción a los grandes centros de consumo fuera de los Llanos, por vías alternas.
Uno de los sectores más afectados con las restricciones viales entre Bogotá y Villavicencio es el sector arrocero. Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, señaló que el primer impacto será en los insumos, los fertilizantes, la urea, los abonos que hay que llevar al Llano, los cuales ya tienen mayores fletes. Igual sucede con los combustibles.
El dirigente gremial dijo, además, que las mayores dificultades se darán a partir del 15 de julio cuando empiece a recogerse la gran cosecha… el Llano tiene una capacidad de almacenamiento, pero de las 500 mil toneladas de arroz blanco que se producen, hay que sacar 350 mil a Bogotá, y estás tendrán mayores fletes.
Recordó que, en condiciones normales, los productores de arroz pagaban fletes de 75 mil pesos por tonelada de arroz transportada y hoy, con los mayores recorridos que se deben hacen en las vías alternas se pagan hasta 175 mil pesos por tonelada, casi el triple. “Eso impactará en el precio final al consumidor”, sostuvo Hernández.
Emergencia económica
Aunque Fedearroz había pedido al Gobierno Nacional declarar la emergencia económica, el presidente Duque solo optó por un paquete de medidas para afrontar la situación. “El temor que nos da es que no haya presupuesto suficiente, la declaratoria de emergencia era para disponer rápidamente de recursos, además el cierre de la vía puede extenderse”, anotó.
El presidente de Fedearroz cree que la situación tendrá un impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio y de meses sucesivos.
Aunque el Gobierno ofreció algunos incentivos al almacenamiento (ver recuadro), dijo que la cifra anunciada por el Ministerio de Agricultura, de $22.100 millones “no será suficiente. Se requieren $40 mil millones”, señaló.
Incentivos
Para afrontar esta situación, el Ministerio de Agricultura anunció que ha asignado $22.100 millones en incentivos para la comercialización, almacenamiento y coberturas de precios de diversos productos agropecuarios, producidos en la región de los Llanos. “Utilizaremos $1.125 millones para los productores de los Llanos Orientales. El recurso ayudará a subsidiar un porcentaje del 60% para grandes, 70% para medianos y del 80% para pequeños del valor del instrumento de cobertura.”, agregó el jefe de la cartera agropecuaria.
El otorgamiento de incentivo al almacenamiento de arroz es a razón de $29.000 por cada tonelada que se almacene mensualmente. Esto hasta por un máximo de tres meses.
Fuente: El Universal
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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