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Arroceros pagan el triple por fletes debido a cierre en vía al llano
Pasaron de cancelar $75.000 a $175.000 por tonelada
El cierre temporal, por tres meses, de la vía al Llano, por los continuos y diversos derrumbes que han afectado la banca e incluso puentes, ya empezó a tener un impacto en los productores agropecuarios de esa amplia región colombiana que deben asumir costosos fletes por las mayores distancias que hay que recorrer para poder sacar los productos de las zonas de producción a los grandes centros de consumo fuera de los Llanos, por vías alternas.
Uno de los sectores más afectados con las restricciones viales entre Bogotá y Villavicencio es el sector arrocero. Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, señaló que el primer impacto será en los insumos, los fertilizantes, la urea, los abonos que hay que llevar al Llano, los cuales ya tienen mayores fletes. Igual sucede con los combustibles.
El dirigente gremial dijo, además, que las mayores dificultades se darán a partir del 15 de julio cuando empiece a recogerse la gran cosecha… el Llano tiene una capacidad de almacenamiento, pero de las 500 mil toneladas de arroz blanco que se producen, hay que sacar 350 mil a Bogotá, y estás tendrán mayores fletes.
Recordó que, en condiciones normales, los productores de arroz pagaban fletes de 75 mil pesos por tonelada de arroz transportada y hoy, con los mayores recorridos que se deben hacen en las vías alternas se pagan hasta 175 mil pesos por tonelada, casi el triple. “Eso impactará en el precio final al consumidor”, sostuvo Hernández.
Emergencia económica
Aunque Fedearroz había pedido al Gobierno Nacional declarar la emergencia económica, el presidente Duque solo optó por un paquete de medidas para afrontar la situación. “El temor que nos da es que no haya presupuesto suficiente, la declaratoria de emergencia era para disponer rápidamente de recursos, además el cierre de la vía puede extenderse”, anotó.
El presidente de Fedearroz cree que la situación tendrá un impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio y de meses sucesivos.
Aunque el Gobierno ofreció algunos incentivos al almacenamiento (ver recuadro), dijo que la cifra anunciada por el Ministerio de Agricultura, de $22.100 millones “no será suficiente. Se requieren $40 mil millones”, señaló.
Incentivos
Para afrontar esta situación, el Ministerio de Agricultura anunció que ha asignado $22.100 millones en incentivos para la comercialización, almacenamiento y coberturas de precios de diversos productos agropecuarios, producidos en la región de los Llanos. “Utilizaremos $1.125 millones para los productores de los Llanos Orientales. El recurso ayudará a subsidiar un porcentaje del 60% para grandes, 70% para medianos y del 80% para pequeños del valor del instrumento de cobertura.”, agregó el jefe de la cartera agropecuaria.
El otorgamiento de incentivo al almacenamiento de arroz es a razón de $29.000 por cada tonelada que se almacene mensualmente. Esto hasta por un máximo de tres meses.
Fuente: El Universal
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
