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Gobierno debe asumir mantenimiento de vía al Llano

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Así lo establecen los contratos que hay con el corredor vial

El corredor vial Bogotá – Villavicencio está localizado en los departamentos de Cundinamarca y Meta con una longitud total de 85,6 km. Inicia en el límite del distrito de Bogotá y termina en la intersección Los Fundadores en Villavicencio.

Para este este corredor se realizaron dos contratos de concesión: el 444 de 1994 Bogotá – Villavicencio a cargo de, en su momento, Coviandina con una inversión de 3 billones de pesos de la época. Y el contrato 005 de 2015 de iniciativa privada (Chirajara -Fundadores) a cargo de Coviandes, ahora responsable del mantenimiento y operación de toda la vía, junto con una nueva calzada de 32 kilómetros que va desde Chirajara hasta Villavicencio.

Con una inversión de 6 billones de pesos también para aquel año, desde 1994 hasta hoy el gran inversionista de estos concesionarios es Corficolombiana, que pertenece al Grupo Aval.

En el 2015, cuando el consorcio Coviandes asume la operación y mantenimiento de la vía, lo hace bajo la modalidad de Asociación Público Privada conocida como APP, en donde el empresario presenta una estructuración de un proyecto al Estado, calcula su rentabilidad y ganancias mediante peajes, y así dispone sus recursos para realizar las obras que el Estado no puede llevar a cabo por falta de dinero.

El Ministerio de Transporte bajo dirección, en ese entonces, de Natalia Abello, y la Agencia Nacional de Infraestructura a cargo de Luis Fernando Andrade, recibieron la estructuración y decidieron firmar el contrato con algunos reparos. Reparos que el actual Ministerio de Transporte califica como graves errores y que hoy tienen a la vía cerrada.

Los puntos críticos de la vía son 137 y su mantenimiento quedó en manos del Gobierno Nacional. Así quedó establecido en el contrato: “en virtud de lo anterior, es claro que dentro de las actividades que debe realizar el concesionario para el mantenimiento del corredor vial quedó expresamente excluido la atención de puntos críticos y sus correspondientes soluciones definitivas”.

Sobre ese punto, la concesionaria expresó lo siguiente en un comunicado: “Coviandes se permite aclarar que las obligaciones descritas en el adicional 1 al contrato de concesión 444 de 1994, tienen como objeto el de construir, operar y mantener la carretera Bogotá – Villavicencio, no estabilizar la cordillera oriental, macizo en formación caracterizado por su inestabilidad geológica”.

Para el actual gobierno nacional, ese punto del contrato no solo le ha generado pérdidas millonarias al oriente colombiano, sino que además está descuadrando las finanzas del Estado.

“Inicialmente solo fueron 85 mil millones de pesos, solo, entre comillas, después fue necesario conseguir 30 mil millones de pesos más para extender dos túneles falsos para proteger realmente la vía”, dice el viceministro de infraestructura, Manuel Felipe Rodríguez.

La Contraloría por su parte advierte que pese a que en el contrato esta eximida de esa obligación, está verificando si el consorcio es responsable de lo que hoy le está pasando a la montaña de la vía al Llano.

Tras conocer esta historia, se consultó al exministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas para saber por qué el gobierno le quitó esa responsabilidad al concesionario, una decisión que hoy muchos califican como un grave error. Rojas manifestó que “Lo que pasa en ese momento es que se genera la doble calzada y no se marcan las inestabilidades, pero vuelvo y repito, es que lo que se contrató, fue el último tramo y no el tramo que hoy esta inestable. Ese era solamente mantenimiento, no se evidenció la inestabilidad y no se metió sobre el alcance de la concesión”.

Para el exministro existirían dos explicaciones para que el gobierno no exigiera a la concesionaria la mitigación de los riesgos: “o que no le vieron la gravedad del caso, o que la inestabilidad no existía a la gravedad como hoy existe en este momento y por eso tampoco fue planteada en la iniciativa”.

Como si fuera poco, la vía alterna al Llano, la del Sisga, que comunica a Bogotá con Villavicencio en 10 horas más de tiempo, tiene el mismo problema: en su contrato también se excluyeron los puntos críticos.

Mientras se establece si esta crisis la generó el clima de la zona, los trabajos en la montaña o la falta de previsión, el país espera que se produzca la reapertura rápida y segura de la vía que comunica al centro con el oriente y que es vital para la economía del país.

Fuente: Noticias Caracol

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En Meta siguen los controles para evitar la langosta llanera

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Ganaderos de los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán, Mapiripán, Puerto Concordia y Puerto Lleras, en el departamento del Meta, están recibiendo acompañamiento por parte del ICA en el manejo y control de la población de la langosta llanera, grillo que causa graves daños a las pasturas y productos de pancoger en la región.

Durante el 2019, los ganaderos de esta región del país han reportado al ICA la presencia de altas poblaciones de grillos en sus predios, los cuales están atacando los pastos y plantas que sirven de alimento para el ganado, y algunos cultivos de importancia económica como pasturas, caña de azúcar, y cultivos de pancoger, es decir pequeñas huertas, productos que son la base de la alimentación de los animales y de la comunidad.

A través de talleres de capacitación con ganaderos y comunidades, el ICA les explica el ciclo de vida del grillo y las mejores épocas y estados del insecto para su control. Actualmente, se encuentra en estado adulto, cuando es volador y adquiere una conducta migratoria, desplazándose a largas distancias ayudado por los vientos.

En el mismo sentido, el ICA identificó otra especie que ataca cultivos de palma de aceite, plátano y marañón, es el Tropidacris collaris, llamado saltamontes gigante, por ser un grillo de más de 12 centímetros. El Instituto invita a los usuarios a informar al ICA si tienen presencia del grillo en sus predios.

Fuente: ICA

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Avanza caso de una concejal de Puerto Gaitán sindicada de homicidio

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ZULAY

Por solicitud de la Fiscalía Especializada contra bandas criminales, un juez de Villavicencio cobijó con medida de aseguramiento privativa de la libertad a seis personas, entre ellas una concejal electa del Meta.

Se trata de Zulay Slendy Méndez Gualteros, concejal electa del Meta y cinco hombres quienes harían parte de una banda criminal. En el caso de la mujer la Juez del caso sustentó su decisión de enviarla a domiciliaria, en que ella no tiene antecedentes,  tiene arraigo, es madre de un menor de edad y acaba de salir de una cirugía estética.

Para conocer más detalles de este crimen, consulte este link: Concejal de Meta fue imputada como presunta integrante de organización criminal

Marcos Tulio Nieto Riaño, presunto autor material del asesinato de un transportador, fue enviado a prisión por la funcionaria judicial. Las otras cuatro personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.

Las seis personas están siendo procesadas por el delito de concierto para delinquir, y en el caso de  Méndez Gualteros y Nieto Riaño se suma el delito de homicidio.

Los otros implicados

En la misma diligencia, y por presuntamente pertenecer al referido GAO fueron judicializados:

  • Ferney Martínez Rodríguez, alias Gomelo
  • José Rafael Hernández Flórez, alias Foca
  • Alejandro Vladimir Arias Moreno, alias Paisano y
  • Wilker Javier Sánchez Rodríguez, alias Veterano.

Fuente: Comunicaciones Fiscalía General de la Nación

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Once concejos de Boyacá y Meta tienen irregularidades en concurso de personeros

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La Procuraduría General de la Nación solicitó a las presidencias de 11 concejos de Boyacá y Meta información sobre los convenios celebrados para el proceso de selección del personero municipal.

El Ministerio Público, como parte de la acción preventiva iniciada para la vigilancia de los procesos de selección de 1.102 personeros en el país, envió comunicaciones a los concejos de Chitaraque y Guatavita en Boyaca; y Acacias, El Calvario, El Castillo, El Dorado, La Macarena, Lejanías, Puerto Lleras, Restrepo y Uribe en el departamento del Meta.

Los 11 concejos habrían firmado contratos con la firma Solución planificada grupo empresarial solidario, que en el Registro Único Empresarial y Social – RUES – reporta entre sus actividades contratos de fumigación y desratización, actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales y recolección de desechos peligrosos

En su requerimiento la Procuraduría pidió que se informe cuáles fueron los criterios que tuvieron en cuenta las corporaciones para determinar la idoneidad de las empresas seleccionadas, si la experiencia certificada es proporcional y adecuada con el objeto del convenio y la verificada por ese cuerpo.

Recordó que las mesas directivas de los concejos están obligadas a determinar que la empresa seleccionada cumple con los requisitos necesarios para adelantar el concurso.

Precisó que de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, el concurso público de méritos para elección de personeros puede efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal.

“Una empresa especializada en procesos de selección de personal es de reconocida idoneidad cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del convenio, esto es adelantar el concurso público de méritos para elección de personeros”.

Finalmente, indicó que en el caso de que el concejo municipal haya contratado con una persona natural o jurídica que no cumpla con los requisitos previstos en la normativa descrita debe “analizar jurídicamente la terminación de mutuo o la terminación unilateral, si así lo prevé el convenio, dando lugar a iniciar un nuevo proceso con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios”.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

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