META
Gobierno debe asumir mantenimiento de vía al Llano
Así lo establecen los contratos que hay con el corredor vial
El corredor vial Bogotá – Villavicencio está localizado en los departamentos de Cundinamarca y Meta con una longitud total de 85,6 km. Inicia en el límite del distrito de Bogotá y termina en la intersección Los Fundadores en Villavicencio.
Para este este corredor se realizaron dos contratos de concesión: el 444 de 1994 Bogotá – Villavicencio a cargo de, en su momento, Coviandina con una inversión de 3 billones de pesos de la época. Y el contrato 005 de 2015 de iniciativa privada (Chirajara -Fundadores) a cargo de Coviandes, ahora responsable del mantenimiento y operación de toda la vía, junto con una nueva calzada de 32 kilómetros que va desde Chirajara hasta Villavicencio.
Con una inversión de 6 billones de pesos también para aquel año, desde 1994 hasta hoy el gran inversionista de estos concesionarios es Corficolombiana, que pertenece al Grupo Aval.
En el 2015, cuando el consorcio Coviandes asume la operación y mantenimiento de la vía, lo hace bajo la modalidad de Asociación Público Privada conocida como APP, en donde el empresario presenta una estructuración de un proyecto al Estado, calcula su rentabilidad y ganancias mediante peajes, y así dispone sus recursos para realizar las obras que el Estado no puede llevar a cabo por falta de dinero.
El Ministerio de Transporte bajo dirección, en ese entonces, de Natalia Abello, y la Agencia Nacional de Infraestructura a cargo de Luis Fernando Andrade, recibieron la estructuración y decidieron firmar el contrato con algunos reparos. Reparos que el actual Ministerio de Transporte califica como graves errores y que hoy tienen a la vía cerrada.
Los puntos críticos de la vía son 137 y su mantenimiento quedó en manos del Gobierno Nacional. Así quedó establecido en el contrato: “en virtud de lo anterior, es claro que dentro de las actividades que debe realizar el concesionario para el mantenimiento del corredor vial quedó expresamente excluido la atención de puntos críticos y sus correspondientes soluciones definitivas”.
Sobre ese punto, la concesionaria expresó lo siguiente en un comunicado: “Coviandes se permite aclarar que las obligaciones descritas en el adicional 1 al contrato de concesión 444 de 1994, tienen como objeto el de construir, operar y mantener la carretera Bogotá – Villavicencio, no estabilizar la cordillera oriental, macizo en formación caracterizado por su inestabilidad geológica”.
Para el actual gobierno nacional, ese punto del contrato no solo le ha generado pérdidas millonarias al oriente colombiano, sino que además está descuadrando las finanzas del Estado.
“Inicialmente solo fueron 85 mil millones de pesos, solo, entre comillas, después fue necesario conseguir 30 mil millones de pesos más para extender dos túneles falsos para proteger realmente la vía”, dice el viceministro de infraestructura, Manuel Felipe Rodríguez.
La Contraloría por su parte advierte que pese a que en el contrato esta eximida de esa obligación, está verificando si el consorcio es responsable de lo que hoy le está pasando a la montaña de la vía al Llano.
Tras conocer esta historia, se consultó al exministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas para saber por qué el gobierno le quitó esa responsabilidad al concesionario, una decisión que hoy muchos califican como un grave error. Rojas manifestó que “Lo que pasa en ese momento es que se genera la doble calzada y no se marcan las inestabilidades, pero vuelvo y repito, es que lo que se contrató, fue el último tramo y no el tramo que hoy esta inestable. Ese era solamente mantenimiento, no se evidenció la inestabilidad y no se metió sobre el alcance de la concesión”.
Para el exministro existirían dos explicaciones para que el gobierno no exigiera a la concesionaria la mitigación de los riesgos: “o que no le vieron la gravedad del caso, o que la inestabilidad no existía a la gravedad como hoy existe en este momento y por eso tampoco fue planteada en la iniciativa”.
Como si fuera poco, la vía alterna al Llano, la del Sisga, que comunica a Bogotá con Villavicencio en 10 horas más de tiempo, tiene el mismo problema: en su contrato también se excluyeron los puntos críticos.
Mientras se establece si esta crisis la generó el clima de la zona, los trabajos en la montaña o la falta de previsión, el país espera que se produzca la reapertura rápida y segura de la vía que comunica al centro con el oriente y que es vital para la economía del país.
Fuente: Noticias Caracol
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
