CASANARE
Abren incidente de desacato a Gobernador de Casanare, Alcalde de Yopal y Gerente del Idury por Parque de las Aguas
El Juez Segundo Administrativo de Yopal abrió incidente de desacato, al Gobernador de Casanare, al Alcalde de Yopal y al Gerente del IDURY, por la demora en la puesta en funcionamiento del Parque de las Aguas en la ciudad de Yopal.
La actuación se surte dentro del proceso de la Acción Popular instaurada en 2010 por el periodista Orlando Correa, para lograr la terminación y puesta en funcionamiento del Parque de las Aguas en la capital casanareña, una obra que por espacio de más de 10 años permaneció como uno de los “elefantes blancos” más icónicos del departamento.
El pasado 30 de julio de 2018 se realizó una nuea Audiencia de verificación dentro de este proceso, para conocer qué había realizado cada una de las instancias demandadas para cumplir la sentencia del Juez que ordenó la culminación de tan importante obra y su puesta en funcionamiento. Allí tanto el demandante como el Ministerio Público – Procuraduría -, solicitaron la apertura del incidente de desacato, especialmente contra el Gerente del IDURY, al observar el poco avance en las actuaciones ordenadas para cumplir la Sentencia proferida por el Juez.
“Frente a lo anterior, este Despacho encuentra que desde la fecha de la última audiencia y de los informes allegados han transcurrido casi 4 meses, y no se vislumbran actividades concretas tendientes al cumplimiento real de la sentencia constitucional, y concretamente a procurar la superación de las barreras que impiden la puesta en funcionamiento del parque de las aguas, relativas a la licencia de concesión de aguas, y la operación y sostenibilidad del parque. El último plazo del denominado plan de acción por parte del IDURY ya ha transcurrido, y el Despacho no se la ha enterado de las actividades realizadas”, reza el auto mediante el cual se abre el incidente de desacato a los referidos funcionarios.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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