REGIÓN
A prisión ‘Los Cirqueros’, dedicados al hurto en almacenes de cadena en Boyacá
La Fiscalía General de la Nación, judicializó a cinco presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada ‘Los Cirqueros’, quienes se dedicarían al hurto de celulares y prendas de vestir, entre otras mercancías, en almacenes de cadena ubicados en varios municipios de Boyacá, incluida la capital del departamento Tunja.
De acuerdo con los elementos materiales de prueba allegados a la investigación, los implicados ingresaban a los almacenes de cadena y mientras unos distraían a los trabajadores, otros hurtaban prendas de vestir y demás productos exhibidos. Lo mismo harían en tiendas de electrodomésticos y tecnología.
Se priorizó este caso y tras una detallada investigación de once meses, fue posible impactar la organización, presuntamente, responsable del aumento del hurto de celulares en Boyacá.
Esta estructura está conformada por tres hombres y dos mujeres quienes, al parecer, se dedicaban al hurto en las modalidades de distracción, factor oportunidad, el cosquilleo y la violación de cerraduras.
Los implicados:
• Fredy Alex Rodríguez Niño, alias Fredy Tunja, presunto cabecilla de la organización y quien, al parecer, ubicaba los lugares y las víctimas
• Jairo Martínez Numpaque, alias Payaso, sería quien alertaba a los demás implicados sobre la presencia de las autoridades.
• Lenda Esperanza Robles Trujillo, alias Tacha, al parecer, se encargaba de marcar los elementos que debían ser hurtados.
• Pedro Nelson Camargo, alias Ternera, supuestamente distraía a los empleados de los almacenes, mientras los demás hurtan bienes.
• Julieth Tatiana Morales Rodríguez, alias La Niña, sería quien movilizaba a los integrantes de la organización ilegal.
Por determinación del juez de control de garantías a cargo del caso, cuatro de los implicados fueron enviados a la cárcel; mientras que a Julieth Tatiana Morales Rodríguez le fue concedida la detención preventiva domiciliaria por encontrarse en estado de embarazo.
Los implicados fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir en concurso con hurto calificado y agravado y receptación.
En las diligencias de allanamiento a los procesados les fueron encontrados en sus viviendas, diez celulares, seis de los cuales presentaba denuncias por hurto. También fueron halladas tres cédulas de ciudadanía a nombre de diferentes personas, una consola de videojuegos, un computador portátil, tres USB, tres cartuchos de munición calibre 38, ocho chaquetas para dama, pantalones y chalecos. Elementos que, presuntamente, serían hurtados.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
