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A prisión funcionarios y líderes sociales capturados en Arauca

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La Fiscalía General de la Nación informó que identificó e impactó dos redes al servicio de las disidencias del frente décimo de las FARC. 16 presuntos integrantes de estas estructuras fueron capturados y enviados a la cárcel por su posible participación en diferentes acciones ilícitas en Arauca.

Red de apoyo

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.

Abundante evidencia técnica y material de prueba, como testimonios, dieron cuenta de que habrían aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal. Asimismo, permitieron conocer que, supuestamente, identificaban víctimas para ser extorsionadas.

Los funcionarios que estarían involucrados, al parecer, otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado. En otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.

Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Octava División del Ejército Nacional capturaron a estas 11 personas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá. En los procedimientos se incautaron documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.

Entre los detenidos hay un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales (uno de Fortul y otro de Saravena), un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con amenazas falsas.

También fue capturada una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.

Por disposición de la juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), los procesados fueron enviados a prisión:

Los afectados con la decisión son:

  • Alexander Botía Amaya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca. Tenía medidas de protección de la UNP y a su disposición un medio de comunicación, un botón de pánico o de apoyo y un chaleco blindado.
  • Nini Johana Cardozo Dueña, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Hace parte del Consejo Nacional de Paz. Tenía medidas de protección de la UNP, la cuales eran extensivas a su núcleo familiar. Contaba con dos vehículos, uno de estos blindado; cuatro escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.
  • Jhon Alexander Romero Acevedo, representante de una fundación de derechos humanos y exgerente de la Terminal de Transportes de Tame.
  • Ruth Pita, concejal de Fortul y secretaria de la mujer de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).
  • Camilo Espinel Manrique, concejal de Saravena y secretario de Educación de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).
  • Fredy Leonar Camargo Camargo, secretario de Planeación y de Infraestructura de Fortul.
  • Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena.
  • Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Tenía medidas de protección de la UNP y contaba con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.
  • Diana Carolina Molina de la Ossa, enfermera en el Hospital de Saravena y representante departamental de víctimas. Tenía esquema de protección de la UNP con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.
  • Helber Alonso Ramírez Castro, empleado del Banco Agrario.
  • Danilo Huertas Roldán, representante municipal de víctimas en Saravena.

Red de secuestros en Arauca

Por solicitud de un fiscal de la Seccional Arauca, un juez de control de garantías envió a la cárcel a cinco presuntos integrantes de una estructura de las disidencias del frente décimo de las Farc, que sería la responsable de varios secuestros, extorsiones y hurtos en el departamento.

Las investigaciones permitieron conocer que estas personas estarían involucradas directamente en dos acciones criminales ocurridas en la ciudad de Arauca.

El primer caso que se les atribuye sucedió el 24 de noviembre de 2020, en el barrio Corocoras. Hombres armados ingresaron a un inmueble y se llevaron a María Guillermina Bello Tineo, y a su hijo Manuel Alexi Bello. Las víctimas habrían sido trasladadas a territorio venezolano, donde permanecieron en cautiverio y días después fueron liberadas.

El otro evento está relacionado con el secuestro de Fernando Gámez Romero, dirigente comunal de la vereda Monserrate, a quien también le robaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le había sido asignada. Este líder social quedó en libertad 24 horas después de ser reportada su retención.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Octavio Guerrero Durán, Alba Carolina Durán Acosta y Daimer Pelayo Parada los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado y agravado. De otra parte, Rubén Arnaldo Benítez Gómez y Pedro José Castillo fueron judicializados por secuestro simple.

Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y el Grupo Gaula de la Policía Nacional.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Capturado presunto guerrillero señalado de varios secuestros en Arauca

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En Puerto Araujo, Santander, fue capturado Alias Ferley González, quien es señalado entre otras cosas de huir con dinero del frente 10 de las FARC, del cual era financiero, en hechos ocurridos en 2022.

Según información de lasmautoridades, este sujeto identificado como Fabian Guevara Carrascal, ha delinquido en el Meta, Nariño, Magdalena Medio y Arauca, donde tuvo marcadas diferencias con sus superiores en las filas de las disidencias de las Farc, situación que terminó en la creación de su propio frente.

El pasado 28 de Enero de 2024, el capturado quien tenía más de 11 ordenes de captura vigentes, anunció por redes sociales la formación del frente 12 con injerencia en los departamentos de Santander, parte del oriente Antioqueño y Sur de Bolivar.

El 15 de Marzo, 8 días después, González fue capturado mientras se movilizaba en un camión refrigerado por el Magdalena Medio, en el Km 64 de la via Rio Ermitaño – La Lizama, frente a la Subestación de Policía Puerto Araujo. Portaba un documento de identidad falso, con el cual vivía y se desplazaba  por todo el territorio.

Alias Ferley González quien quedó en manos de la justicia, tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, Secuestro y extorsión, hechos ocurridos en el departamento de Arauca.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Delegación del gobierno en los diálogos de paz visitó el departamento de Arauca

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Por invitación del gobernador Renson Martínez Prada, la delegación del gobierno en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) realizó una visita al departamento de Arauca para llevar a cabo una jornada de escucha y participación con autoridades locales y la sociedad civil, con el objetivo de contribuir al proceso de paz en curso con este grupo armado.

Durante el encuentro, liderado por Vera Grabe, jefa de la delegación, junto al senador Iván Cepeda, Rosemary Quintero, Adelaida Jiménez, Rodrigo Botero y Orlando Romero, el Gobernador y las comunidades hicieron un llamado unánime al cese multilateral de la violencia y a mantener a la población civil al margen del conflicto armado.

El Mandatario departamental, en su intervención, destacó la importancia de la inversión social para garantizar el proceso y la permanencia de la paz en Arauca. Asimismo, enfatizó que “Arauca sí es importante en la mesa de negociación que se está llevando a cabo con el ELN y la presencia de los Delegados del Gobierno en el territorio es clave para lograr la paz anhelada por los araucanos”.

Además, destacó que las cifras de homicidios y secuestros en el Departamento han disminuido considerablemente con respecto al año anterior, “en el mes de febrero no tuvimos ni un solo homicidio en el departamento de Arauca”. E indicó creer firmemente en la posibilidad de transformar el territorio cuando hay acuerdos de paz e inversión social.

Por su parte, Vera Grabe, jefa negociadora, expresó: “Me gusta mucho la idea de una paz imperfecta, es entender que la paz es un proceso en el que valoramos cada acción que tomamos, y esa paz la construimos todos”. Además, repasó los avances del proceso y la importancia de la mesa de diálogo con el ELN en el marco de la Paz total, objetivo del gobierno Nacional.

El senador e integrante del equipo negociador del Gobierno, Iván Cepeda, afirmó: “Es fundamental que, como parte del proceso de negociación que estamos llevando a cabo, se produzca cuanto antes un cese de acciones en contra de la población”.

El tema ambiental, traído a colación por Jhony Castro de la Federación de Juntas del Departamento, fue respaldado por Rodrigo Botero, quien también integra la mesa de conversaciones, asegurando que en Arauca se debe impulsar el tema ambiental como una vía para construir la paz y reconocernos entre todos.

Fuente: Gobernación de Arauca

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Veinte personas han sido secuestradas este año en Arauca

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La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el escenario de zozobra que continúan padeciendo los habitantes del departamento de Arauca, ya que los grupos armados al margen de la ley no cesan la práctica del secuestro, este año han privado de su libertad a 20 personas.

“Actualmente, en Arauca registramos 43 secuestros, 34 de esas personas permanecían en poder de grupos armados ilegales al final del año pasado. Quiere decir que nueve de ellas son registros de este año y continúan en manos de las estructuras armadas ilegales. A este reporte se suman otras 11 que fueron plagiadas, pero cuya liberación se produjo posteriormente”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Es importante señalar que los casos expuestos corresponden a información recopilada por la Defensoría del Pueblo, sin embargo, existe un subregistro por la falta de denuncia o puesta en conocimiento de los hechos a las autoridades debido al temor que sienten las familias de las víctimas del flagelo por posibles represalias de los captores.

Panorama de secuestros

La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de 44 casos de personas secuestradas a finales del 2023 y que presuntamente estarían en poder de la guerrilla del ELN o en zonas de gran influencia de ese grupo armado ilegal.

De acuerdo con la información reportada por los equipos en terreno de la entidad de derechos humanos, 34 de los casos fueron en Arauca; seguido por Cauca, con cuatro; Nariño, con tres, y Norte de Santander, con uno. Ocaña también reportó un caso, del cual no se tiene certeza sobre el grupo armado ilegal. En Risaralda se registró un caso de una persona, que posteriormente fue liberada.

En lo corrido del año, la Defensoría ha tenido conocimiento de 23 liberaciones. Es decir, en Arauca fueron liberadas 11 personas; en Ocaña, cinco; en Nariño, tres; en Cauca, dos; en Norte de Santander, una, y en Magdalena Medio, una. Así mismo, tuvo conocimiento de una persona fallecida en cautiverio.

“Es importante aclarar que muchas de las liberaciones tienen relación con retenciones registradas durante este 2024, en otras palabras, personas que fueron reportadas como secuestradas y liberadas después”, asegura Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo insiste en la petición de libertad para todos los secuestrados y reitera la disposición de sus canales humanitarios y su capacidad institucional en todo la geografía colombiana para contribuir al regreso a sus hogares de quienes están en poder de grupos armados ilegales.

Fuente: Defensoría del Pueblo

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