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A prisión funcionarios y líderes sociales capturados en Arauca

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La Fiscalía General de la Nación informó que identificó e impactó dos redes al servicio de las disidencias del frente décimo de las FARC. 16 presuntos integrantes de estas estructuras fueron capturados y enviados a la cárcel por su posible participación en diferentes acciones ilícitas en Arauca.

Red de apoyo

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.

Abundante evidencia técnica y material de prueba, como testimonios, dieron cuenta de que habrían aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal. Asimismo, permitieron conocer que, supuestamente, identificaban víctimas para ser extorsionadas.

Los funcionarios que estarían involucrados, al parecer, otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado. En otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.

Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Octava División del Ejército Nacional capturaron a estas 11 personas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá. En los procedimientos se incautaron documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.

Entre los detenidos hay un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales (uno de Fortul y otro de Saravena), un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con amenazas falsas.

También fue capturada una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.

Por disposición de la juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), los procesados fueron enviados a prisión:

Los afectados con la decisión son:

  • Alexander Botía Amaya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca. Tenía medidas de protección de la UNP y a su disposición un medio de comunicación, un botón de pánico o de apoyo y un chaleco blindado.
  • Nini Johana Cardozo Dueña, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Hace parte del Consejo Nacional de Paz. Tenía medidas de protección de la UNP, la cuales eran extensivas a su núcleo familiar. Contaba con dos vehículos, uno de estos blindado; cuatro escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.
  • Jhon Alexander Romero Acevedo, representante de una fundación de derechos humanos y exgerente de la Terminal de Transportes de Tame.
  • Ruth Pita, concejal de Fortul y secretaria de la mujer de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).
  • Camilo Espinel Manrique, concejal de Saravena y secretario de Educación de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).
  • Fredy Leonar Camargo Camargo, secretario de Planeación y de Infraestructura de Fortul.
  • Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena.
  • Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Tenía medidas de protección de la UNP y contaba con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.
  • Diana Carolina Molina de la Ossa, enfermera en el Hospital de Saravena y representante departamental de víctimas. Tenía esquema de protección de la UNP con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.
  • Helber Alonso Ramírez Castro, empleado del Banco Agrario.
  • Danilo Huertas Roldán, representante municipal de víctimas en Saravena.

Red de secuestros en Arauca

Por solicitud de un fiscal de la Seccional Arauca, un juez de control de garantías envió a la cárcel a cinco presuntos integrantes de una estructura de las disidencias del frente décimo de las Farc, que sería la responsable de varios secuestros, extorsiones y hurtos en el departamento.

Las investigaciones permitieron conocer que estas personas estarían involucradas directamente en dos acciones criminales ocurridas en la ciudad de Arauca.

El primer caso que se les atribuye sucedió el 24 de noviembre de 2020, en el barrio Corocoras. Hombres armados ingresaron a un inmueble y se llevaron a María Guillermina Bello Tineo, y a su hijo Manuel Alexi Bello. Las víctimas habrían sido trasladadas a territorio venezolano, donde permanecieron en cautiverio y días después fueron liberadas.

El otro evento está relacionado con el secuestro de Fernando Gámez Romero, dirigente comunal de la vereda Monserrate, a quien también le robaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le había sido asignada. Este líder social quedó en libertad 24 horas después de ser reportada su retención.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Octavio Guerrero Durán, Alba Carolina Durán Acosta y Daimer Pelayo Parada los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado y agravado. De otra parte, Rubén Arnaldo Benítez Gómez y Pedro José Castillo fueron judicializados por secuestro simple.

Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y el Grupo Gaula de la Policía Nacional.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Arauca refuerza su seguridad con la llegada de 180 nuevos patrulleros de Policía

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La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.

Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.

Los uniformados serán desplegados estratégicamente en Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la prevención del delito.
La Gobernación de Arauca agradeció al Gobierno Nacional por atender el llamado del departamento y priorizar la seguridad como base para la convivencia, el desarrollo y la paz.
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Se recuperaron 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en el Cementerio Católico de Saravena

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Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de 34 cuerpos que corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto armado, en el Cementerio Católico de Saravena (Arauca).

Dicho cementerio ha sido catalogado como sitio de interés forense priorizado dentro del Plan Regional de Búsqueda del Sarare y ha sido objeto de cuatro intervenciones humanitarias adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), orientadas a avanzar en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada.

Esta intervención representa un avance relevante, al tratarse de la primera intervención a profundidad realizada en este camposanto. Durante varios días, los equipos forenses trabajaron en cuatro áreas priorizadas, donde se logró la recuperación de seis cuerpos que se encontraban inhumados directamente en suelo. Previamente, la búsqueda se había desarrollado mediante exploraciones con georradar, una técnica que permitió identificar alteraciones del terreno y orientar la priorización de los sitios a intervenir en esta fase.

Como resultado de esta intervención humanitaria, se hizo trabajo forense sobre catorce cuerpos, de los cuales seis cumplieron los criterios técnicos que permiten establecer que corresponden a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado y que, por tanto, son competencia de la Unidad de Búsqueda. Estos resultados se suman a los obtenidos en las intervenciones anteriores, que han permitido avanzar en el abordaje forense inicial o intervención inicial forense de 81 cuerpos en las áreas de interés forense identificadas en este cementerio, de los cuales fueron recuperados 34 por ser de competencia de la UBPD.

En cuanto a los avances en identificación, 27 de los cuerpos que son competencia de la UBPD fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, para continuar con los análisis correspondientes. En los siete casos restantes se verificó la correspondencia de información ‘post mortem’, procedimiento a partir del cual se puede establecer que un cuerpo ya se sometió a estudio médico legal previo y que el que se examina actualmente corresponde con aquel. Ello permitió la toma de muestras óseas en estos cuerpos que fueron remitidas a laboratorio para avanzar en una identificación fehaciente.

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Comunidad U’wa en Saravena tiene su primera promoción de jóvenes bachilleres

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En las instalaciones de la Institución Educativa Tutukana, seis jóvenes U´wa se convirtieron en los primeros bachilleres de su comunidad. Hasta hace unos años, en esta región solo existía escolaridad hasta grado 9, lo que impedía que los jóvenes culminaran la educación media.

Gracias a los Sistemas de Educación Media y Superior (SIMES), una estrategia del Ministerio de Educación que lleva docentes, acompañamiento pedagógico y ampliación de grados a instituciones rurales dispersas, se logró que estos jóvenes obtuvieran su título de bachiller en su territorio.

SIMES es una apuesta del Gobierno del Cambio para garantizar que la educación sea un derecho real en todo el país; además, permite que instituciones que no tenían grado 10 y 11 puedan ofrecerlos de forma completa, con calidad y sin que los jóvenes deban salir de sus comunidades.

Entre noviembre y diciembre, 871 estudiantes en todo el país se gradúan gracias a la expansión de esta estrategia, que sigue cerrando brechas y llevando oportunidades a regiones tradicionalmente excluidas.

En 2026, el Gobierno nacional ampliará aún más esta apuesta con nuevas inversiones para cubrir más sedes, fortalecimiento pedagógico, ampliación de grados en zonas rurales dispersas, y Educación Superior en tu Colegio, un programa que permitirá acceder a programas técnicos, tecnológicos y universitarios desde la misma institución educativa rural.

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