ARAUCA
A prisión funcionarios y líderes sociales capturados en Arauca
La Fiscalía General de la Nación informó que identificó e impactó dos redes al servicio de las disidencias del frente décimo de las FARC. 16 presuntos integrantes de estas estructuras fueron capturados y enviados a la cárcel por su posible participación en diferentes acciones ilícitas en Arauca.
Red de apoyo
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.
Abundante evidencia técnica y material de prueba, como testimonios, dieron cuenta de que habrían aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal. Asimismo, permitieron conocer que, supuestamente, identificaban víctimas para ser extorsionadas.
Los funcionarios que estarían involucrados, al parecer, otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado. En otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.
Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Octava División del Ejército Nacional capturaron a estas 11 personas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá. En los procedimientos se incautaron documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.
Entre los detenidos hay un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales (uno de Fortul y otro de Saravena), un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con amenazas falsas.
También fue capturada una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.
Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.
Por disposición de la juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), los procesados fueron enviados a prisión:
Los afectados con la decisión son:
- Alexander Botía Amaya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca. Tenía medidas de protección de la UNP y a su disposición un medio de comunicación, un botón de pánico o de apoyo y un chaleco blindado.
- Nini Johana Cardozo Dueña, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Hace parte del Consejo Nacional de Paz. Tenía medidas de protección de la UNP, la cuales eran extensivas a su núcleo familiar. Contaba con dos vehículos, uno de estos blindado; cuatro escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.
- Jhon Alexander Romero Acevedo, representante de una fundación de derechos humanos y exgerente de la Terminal de Transportes de Tame.
- Ruth Pita, concejal de Fortul y secretaria de la mujer de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).
- Camilo Espinel Manrique, concejal de Saravena y secretario de Educación de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).
- Fredy Leonar Camargo Camargo, secretario de Planeación y de Infraestructura de Fortul.
- Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena.
- Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Tenía medidas de protección de la UNP y contaba con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.
- Diana Carolina Molina de la Ossa, enfermera en el Hospital de Saravena y representante departamental de víctimas. Tenía esquema de protección de la UNP con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.
- Helber Alonso Ramírez Castro, empleado del Banco Agrario.
- Danilo Huertas Roldán, representante municipal de víctimas en Saravena.
Red de secuestros en Arauca
Por solicitud de un fiscal de la Seccional Arauca, un juez de control de garantías envió a la cárcel a cinco presuntos integrantes de una estructura de las disidencias del frente décimo de las Farc, que sería la responsable de varios secuestros, extorsiones y hurtos en el departamento.
Las investigaciones permitieron conocer que estas personas estarían involucradas directamente en dos acciones criminales ocurridas en la ciudad de Arauca.
El primer caso que se les atribuye sucedió el 24 de noviembre de 2020, en el barrio Corocoras. Hombres armados ingresaron a un inmueble y se llevaron a María Guillermina Bello Tineo, y a su hijo Manuel Alexi Bello. Las víctimas habrían sido trasladadas a territorio venezolano, donde permanecieron en cautiverio y días después fueron liberadas.
El otro evento está relacionado con el secuestro de Fernando Gámez Romero, dirigente comunal de la vereda Monserrate, a quien también le robaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le había sido asignada. Este líder social quedó en libertad 24 horas después de ser reportada su retención.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Octavio Guerrero Durán, Alba Carolina Durán Acosta y Daimer Pelayo Parada los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado y agravado. De otra parte, Rubén Arnaldo Benítez Gómez y Pedro José Castillo fueron judicializados por secuestro simple.
Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y el Grupo Gaula de la Policía Nacional.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 014 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia en el departamento de Arauca y el municipio de Cubará (Boyacá), donde la confrontación entre el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Farc mantiene en riesgo los derechos a la vida, integridad y seguridad de miles de habitantes. La alerta cobija a los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, así como a las comunidades de Cubará.
Según la entidad, la disputa por el control territorial y de economías ilícitas —como el narcotráfico, el contrabando de combustibles y la trata de personas— ha intensificado las amenazas y ataques contra la población civil. Los principales afectados son niños, niñas y adolescentes; líderes sociales; firmantes de paz; personas en proceso de reincorporación; mujeres rurales y migrantes venezolanos, quienes enfrentan desplazamientos, confinamientos y reclutamiento forzado.
La tasa de homicidios más alta del país
Durante 2024 se registraron 178 homicidios en hechos relacionados con el conflicto armado en Arauca, 19 de ellos de líderes sociales y uno de un firmante del Acuerdo de Paz, situando al departamento con la tasa de homicidios más alta del país. Entre enero y septiembre de 2025, otras 84 personas fueron asesinadas, incluidas lideresas y excombatientes. Uno de los hechos más graves ocurrió el 25 de agosto en Tame, donde tres personas fueron asesinadas en una masacre.
La Defensoría formuló 28 recomendaciones a entidades nacionales y territoriales para fortalecer la prevención, protección y atención humanitaria, y pidió una coordinación interinstitucional urgente que permita disuadir las amenazas, garantizar el acceso a la justicia y mitigar la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por la persistente violencia en la región fronteriza.
Tras una reunión de seguridad realizada en las últimas horas, la cual fue liderada por el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, junto a la Cúpula Militar y de Policía y que contó con la presencia de las principales autoridades militares y civiles de la región, se realizaron varios anuncios para fortalecer la seguridad y la presencia institucional en el departamento de Arauca.
En primera medida, el jefe de la cartera aseguró que se aumentarán el pago de recompensas por los principales cabecillas del cartel criminal del ELN, que delinquen en esta región. El alto funcionario aseguró que quienes brinden información de valor que permita la neutralización de alias ‘Cendales’ podrá tener una recompensa por hasta 1.600 millones de pesos. Así mismo, por alias ‘Laín’ y por alias ‘Emiliano’ las autoridades dijeron que hay un ofrecimiento de hasta 640 millones de pesos. Por alias ‘Negro Cali’, peligroso explosivista del ELN, quien es señalado de perpetrar varias acciones terroristas en contra de la población civil, la Fuerza Pública, así como en contra de la infraestructura crítica de la región, se pagarían hasta 100 millones de pesos.
Aumentarán acciones militares
El Ministro aseguró que estos criminales, que hacen parte de las estructuras terroristas del Frente de Guerra Oriental del ELN, pueden elegir el camino de la desmovilización y de esta manera acceder a los beneficios que brinda el Gobierno Nacional para quienes opten por dejar las armas y la ilegalidad y comiencen una vida digna; aunque también fue enfático en asegurar que si no lo hacen deberán ser conscientes que sobre ellos caerá todo el poder de la Fuerza Pública que los está combatiendo.
Las operaciones militares en contra de ese grupo armado organizado se aumentarán y se fortalecerán por tierra, río y aire con el objetivo de neutralizar a sus principales cabecillas e integrantes que persisten en afectar a la población civil.
De otro lado, el alto funcionario reveló que el Ejército Nacional mejorará y fortalecerá sus capacidades tecnológicas en drones y antidrones, gracias a inversiones que se vienen llevando a cabo para contar con estas herramientas en la lucha contra el terrorismo. De igual manera unos vehículos blindados llegarán a comienzos del 2026 para mejorar el despliegue operacional, la seguridad sobre los ejes viales, así como en los municipios y zonas rurales del departamento de Arauca.
Fortalecerán la Armada
En cuanto a la Armada de Colombia, el Ministro Pedro Sánchez Suárez, reconoció el trabajo que vienen adelantando sobre los principales ejes fluviales. Destacó que la presencia sobre los caudales aumentó y ya son cerca de 75 km del río Arauca que son recorridos por las embarcaciones institucionales. Por esta razón, a este importante afluente llegará un bote de bajo calado más, y para el río Casanare, cuatro embarcaciones que serán fundamentales para contrarrestar acciones criminales del ELN y las disidencias de alias ‘Mordisco’ que delinquen en esta zona de la Orinoquía colombiana.
Fuente: El Diario del Llano
ARAUCA
Formulan cargos a funcionarios de la Alcaldía de Arauca por presuntas irregularidades en contrato del PAE
Presuntas irregularidades en el proceso de selección de un contrato para apoyo al Programa de Alimentación Escolar- PAE- llevaron a la Procuraduría General a formular cargos a Marcos Eulises Barón Ortiz, jefe de la oficina jurídica de la alcaldía del municipio de Arauca, y Yomy Vanessa Espinel Durán, secretaria del despacho de la Secretaría de Hacienda.
Para el Ministerio Público, al parecer, hubo inconsistencias en la selección de la empresa Servicios y Suministros de Oriente OM SAS, ya que su informe financiero no correspondía con el último año fiscal 2022, sino, por el contrario, fue presentado con datos de hace más de dos años, lo cual genera inquietudes sobre los requisitos exigidos y la rigurosidad de los criterios evaluados.
¿Se desconocieron principios de la contratación pública?
Determina la Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca, que la conducta de estos servidores públicos, presuntamente, desconoce los principios que rigen la contratación pública, al viabilizar la suscripción del contrato aceptando la selección de los indicadores financieros del año 2021, allegados por el único oferente, pese a que, para la vigencia 2024, la normatividad exigía utilizar la información del último año fiscal.
Por estos hechos, se compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue al alcalde del municipio de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos.
Fuente: El Diario del Llano
