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Familia despojada por paramilitares recupera más de 2.000 hectáreas en Puerto Gaitán
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Especializado en Restitución de Tierras, ordenó que predios despojados por alias “Guillermo Torres” y alias “Lasso Galindo” fueran restituidos a familia que sufrió todo tipo de presiones por parte de las Autodefensas, para entregar la propiedad de 2.018 hectáreas ubicadas en la inspección La Cristalina en el municipio de Puerto Gaitán.
La familia Jiménez*, que arribó a la región en el año de 1991 y ocupó un predio baldío ubicado en la inspección La Cristalina, el cual tenía una extensión de 2.018 hectáreas, recibió la adjudicación del Incora. La propiedad fue divida en tres propiedades y estaba dedicada a la cría de ganado bovino y porcino.
Con la llegada de los paramilitares, los Jiménez no pudieron seguir disfrutando de sus tierras. La ubicación geográfica de la propiedad, a la que se sumó los espacios con que cuenta, llevó a este grupo armado al margen de la ley a tomarla como centro de operaciones, un hecho que obligó a la familia a solicitar el permiso para vender el ganado que tenían y luego a dejar la propiedad.
Sin muchos recursos y viviendo en Villavicencio, la familia decidió vender la propiedad por medio de un aviso en uno de los periódicos de mayor circulación en la región. No esperaron mucho tiempo para recibir respuesta y, en una llamada, les ofrecen 400 millones de pesos por las tierras con hora y lugar para realizar el negocio. Al llegar al lugar fueron obligados a firmar los documentos para ceder los terrenos, les entregan 70 millones de pesos de los cuales les descontaron 7 millones para impuestos, los retuvieron durante tres días en una finca en Villavicencio y luego los trasladaron a Bogotá donde los mantuvieron secuestrados por una semana más. Después de este tiempo, los paramilitares los dejaron libres aduciendo que: “Por su buen comportamiento los dejamos vivir”.
Para la sala, los hechos de violencia son innegables. La quema de casas, asesinatos selectivos a campesinos de la región, la extorsión y el constreñimiento fueron las acciones que emprendieron las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, con las cuales lograron controlar una región que por años estuvo bajo el mando de las Farc.
En su fallo, el Alto Tribunal declaró la nulidad absoluta del contrato hipotecario que existía sobre el predio; de igual forma, el de servidumbre permanente petrolera de oleoducto y tránsito, que habían sido constituidos por quien hasta el momento de este fallo contaba con la titularidad de la propiedad. En la providencia se afirmó que la entidad financiera no cumplió con un mínimo exigible de diligencia para el establecimiento de crédito, que al ser obviado, impide declarar en su favor, la buena fe exenta de culpa.
Con respecto a la servidumbre de hidrocarburos, declaró la nulidad de este gravamen. No obstante, la decretó como medida cautelar provisional, ordenando a la empresa petrolera “Negociar las condiciones económicas de la servidumbre con quienes resulten propietarios de los predios restituidos en proporción a las afectaciones de los mismos y agrega que la medida será verificada por el Tribunal en el seguimiento posfallo”.
De igual forma, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras estudiar la legalidad de las adjudicaciones de los predios restituidos por el antiguo INCORA a los solicitantes.
Con el fallo se negaron las oposiciones presentadas. La familia Jiménez* recuperó los predios que fueron despojados por la incidencia paramilitar en la zona, se decretaron todas las medidas restaurativas y de vocación transformadora que le permitan tener una vida digna.
*Nombres cambiados
Fuente: Prensa Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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