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Declaran crimen de lesa humanidad masacre donde participó “Martín Llanos”

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La masacre en la que paramilitares y posibles militares mataron a 11 investigadores judiciales en San Carlos de Guaroa fue declarada crimen de lesa humanidad y ya no hay plazo final para la búsqueda de los responsables.

La Fiscalía General de la Nación determinó que la masacre de San Carlos de Guaroa, Meta, en la que murieron once funcionarios judiciales hace 20 años y ejecutada por paramilitares de Martín Llanos en colaboración con miembros del Ejército, sí es un crimen de lesa Humanidad.

El ente acusador dejó en claro que el ataque a la comisión fue sistemático, generalizado y en contra de la población civil.

Once de los 57 integrantes de la comisión judicial de la que hacían parte el CTI de la Fiscalía, el Ejército, el DAS y la Policía, fueron asesinados durante una emboscada de los paramilitares, cuando regresaban de una operación de extinción de dominio en la finca El Alcaraván, del narcotraficante Gustavo Adolfo Soto. Para la Fiscalía el refuerzo aéreo del Ejército y el llamado angustioso de los sobrevivientes nunca fue atendido.

En ese entonces el comandante de la séptima brigada era el general Jaime Humberto Uscategui y el de la Cuarta división, el general Agustín Ardila Uribe, a quien la Fiscalía el año pasado pidió compulsar copias para que fuera investigado penalmente.

En 2007 la Corte Suprema de Justicia condenó a 38 años de cárcel al jefe paramilitar del Casanare Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos” y a su padre Héctor Buitrago, alias “El Viejo”, por la masacre de la comisión judicial.

Fuente: www.canal1.com.co

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Advierten pasos alternos en el puente sobre el río Upía por labores de mantenimiento

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Covioriente, informa que desde este jueves 2 de mayo se presentarán pasos controlados a un carril al puente vehicular sobre el río Upía ubicado en el kilómetro 105+500 de la ruta nacional 6510, para realizar labores de mantenimiento de la estructura.

Estas actividades se desarrollarán durante dos meses aproximadamente e incluyen la instalación y reemplazo de las juntas de dilatación, diseñadas para unir cada una de las secciones del puente y permitir movimientos longitudinales, verticales y rotaciones que puedan presentarse debido al paso de los carros o eventos sísmicos, brindando un tránsito seguro e ininterrumpido a los usuarios.

Las labores implican la implementación del Plan de Manejo de Tráfico que contempla la reducción del flujo vehicular a un solo carril, acompañado de señalización, iluminación y controladores.

Fuente: Covioriente

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Asociación afrometense en Castilla La Nueva adquirió tierras con recursos de regalías

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Por primera vez en el departamento del Meta, una asociación afrometense adquirió terrenos en Castilla La Nueva con recursos de regalías, con el objetivo de mejorar su calidad de vida en el desarrollo de proyectos productivos.

En el marco de la Ley 2056 del 2020, el municipio adquirió 46,5 hectáreas de tierra que entregó a las comunidades negras de la asociación ‘ASRAC’ (Asociación Afrodescendiente de Castilla La Nueva), por habitar en territorios con influencia de la industria petrolera, en las cuales se beneficiarán 200 familias que trabajan en colectividad.

La Gobernación del Meta realizó acompañamiento durante todo el proceso a la asociación, por medio de la gerencia de Asuntos Étnicos de la secretaría Social.

El enlace para las comunidades afro de la gobernación del Meta, James Aguilar, destacó que los recursos fueron asignados con el porcentaje de regalías aportando el 4,5 por ciento de estos recursos el municipio y el dos por ciento de regalías del departamento que dicta la Ley.

Así mismo, se espera la entrega de tierras a comunidades afro metenses en otros municipios como Acacías, Guamal y Puerto Gaitán.

Fuente: Gobernación del Meta

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Anuncian pago de recompensas para enfrentar la delincuencia en la región del Ariari

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Tras el consejo de seguridad realizado en el municipio de Granada, se anunció la adopción de un paquete de medidas tendientes a enfrentar a la delincuencia, incluyendo entre ellas el pago de recompensas.

Entre esas acciones la secretaria de Gobierno del Meta, Andrea Lizcano Noguera, informó que, como parte de la estrategia trazada se definió una recompensa de 5 millones de pesos por información que conduzca al decomiso de armas y explosivos, y una recompensa de 20 millones de pesos por datos que faciliten la captura de extorsionistas que operan en la región.

Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente en la lucha contra el crimen, proporcionando información relevante que contribuya a la identificación y captura de aquellos que amenazan la paz y la tranquilidad de la comunidad.

Se reitera el compromiso de mantener una comunicación abierta y transparente con la población, en aras de construir un entorno seguro y próspero para todos los habitantes.

Fuente: Gobernación del Meta

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