ARAUCA
Arauca entre los 6 departamentos con más casos de desapariciones forzadas
La Defensoría del Pueblo ha venido reportando, a través de su Observatorio de Conductas Vulneratorias a los Derechos Humanos, los hechos victimizantes de desaparición forzada de personas en el desarrollo del conflicto armado interno: entre enero de 2022 y julio de 2023, a partir de 370 declaraciones recibidas, registró 423 víctimas de ese delito, que corresponden a desapariciones en el periodo relacionado y anterior a él. Del total, 322 son hombres; 78, mujeres, y sobre las restantes, 23, no hay información de su género.
Por eso, en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Defensor de Pueblo, Carlos Camargo Assis, pidió a la institucionalidad a trabajar incansablemente para prevenir y contener esa práctica que socava la dignidad del ser humano, y a continuar con el propósito común de su búsqueda en el país.
Los departamentos donde más casos fueron registrados
En relación con los lugares en donde ocurrieron los hechos, sobresalen los departamentos de Nariño, con 40 víctimas; Norte de Santander, con 37; Antioquia, con 35; Córdoba, con 31; Guaviare, con 31; Arauca, con 30; Meta, con 27; Valle del Cauca, con 24; Caquetá, con 20, y Casanare, con 16. Luego están Cauca y Putumayo, con 15 casos cada uno; Chocó, con 13, y Cesar y Cundinamarca, con 10 casos cada uno.
“Nos llama la atención que, de los seis departamentos con más casos de desaparición forzada reportados a la Defensoría del Pueblo, que son, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Guaviare y Arauca, tres de ellos están en zonas de frontera terrestre. Es allí donde se presentan mayores dificultades para la búsqueda de las personas desaparecidas, según las denuncias y reportes de las comunidades víctimas que residen en esas regiones”, afirmó Carlos Camargo Assis.
Las 370 declaraciones recibidas por la Defensoría del Pueblo relatan hechos ocurridos desde 1974 hasta este año. Las cifras dan cuenta de que la práctica del delito persiste.
De esta manera, han podido ser establecidos tres periodos de tiempo en la ocurrencia de las desapariciones: un primer periodo entre 1974 y el 2000, en el que fueron desaparecidas 108 personas; un segundo periodo entre el 2001 y el 2020, en el que fueron desaparecidas 208 personas, y un tercer periodo comprendido entre el 2021 y el 31 de julio del 2023, en el que fueron desaparecidas 107 personas (el número de personas desaparecidas atiende estrictamente a los periodos relacionados).
El llamado a la institucionalidad y a los grupos armados
La Oficina, extendió el llamado a la Cancillería para que adelante la implementación de mecanismos de cooperación para erradicar la práctica de la desaparición transfronteriza y favorezca la búsqueda de las personas desaparecidas en zonas de frontera. A la Fiscalía General de la Nación, para que redoble los esfuerzos y el recurso humano encargado de las investigaciones de este delito. A la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para que haga presencia en todos los departamentos del país.
A la Jurisdicción Especial para la Paz, le solicitó considerar la creación de un macrocaso exclusivo para la investigación y sanción de hechos de desaparición forzada en el conflicto armado interno.
El Defensor del Pueblo reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que renuncien a tan cruel práctica: “Les exigimos a los actores armados, independientemente de su propósito o naturaleza, que respeten el derecho internacional humanitario y no pongan en riesgo la vida, seguridad e integridad de la población civil”.
Fuente: Defensoría del Pueblo
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías legalizó la captura de un docente condenado por su responsabilidad en el abuso sexual de una menor de edad en zona rural de Arauquita (Arauca).
Según la investigación, los hechos se registraron en noviembre de 2011, donde el hombre abusó sexualmente de la niña en varias oportunidades, aprovechando su rol como docente.
El procesado fue capturado servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. La sentencia quedó en firme.
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
