ARAUCA
Arauca entre los 6 departamentos con más casos de desapariciones forzadas
La Defensoría del Pueblo ha venido reportando, a través de su Observatorio de Conductas Vulneratorias a los Derechos Humanos, los hechos victimizantes de desaparición forzada de personas en el desarrollo del conflicto armado interno: entre enero de 2022 y julio de 2023, a partir de 370 declaraciones recibidas, registró 423 víctimas de ese delito, que corresponden a desapariciones en el periodo relacionado y anterior a él. Del total, 322 son hombres; 78, mujeres, y sobre las restantes, 23, no hay información de su género.
Por eso, en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Defensor de Pueblo, Carlos Camargo Assis, pidió a la institucionalidad a trabajar incansablemente para prevenir y contener esa práctica que socava la dignidad del ser humano, y a continuar con el propósito común de su búsqueda en el país.
Los departamentos donde más casos fueron registrados
En relación con los lugares en donde ocurrieron los hechos, sobresalen los departamentos de Nariño, con 40 víctimas; Norte de Santander, con 37; Antioquia, con 35; Córdoba, con 31; Guaviare, con 31; Arauca, con 30; Meta, con 27; Valle del Cauca, con 24; Caquetá, con 20, y Casanare, con 16. Luego están Cauca y Putumayo, con 15 casos cada uno; Chocó, con 13, y Cesar y Cundinamarca, con 10 casos cada uno.
“Nos llama la atención que, de los seis departamentos con más casos de desaparición forzada reportados a la Defensoría del Pueblo, que son, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Guaviare y Arauca, tres de ellos están en zonas de frontera terrestre. Es allí donde se presentan mayores dificultades para la búsqueda de las personas desaparecidas, según las denuncias y reportes de las comunidades víctimas que residen en esas regiones”, afirmó Carlos Camargo Assis.
Las 370 declaraciones recibidas por la Defensoría del Pueblo relatan hechos ocurridos desde 1974 hasta este año. Las cifras dan cuenta de que la práctica del delito persiste.
De esta manera, han podido ser establecidos tres periodos de tiempo en la ocurrencia de las desapariciones: un primer periodo entre 1974 y el 2000, en el que fueron desaparecidas 108 personas; un segundo periodo entre el 2001 y el 2020, en el que fueron desaparecidas 208 personas, y un tercer periodo comprendido entre el 2021 y el 31 de julio del 2023, en el que fueron desaparecidas 107 personas (el número de personas desaparecidas atiende estrictamente a los periodos relacionados).
El llamado a la institucionalidad y a los grupos armados
La Oficina, extendió el llamado a la Cancillería para que adelante la implementación de mecanismos de cooperación para erradicar la práctica de la desaparición transfronteriza y favorezca la búsqueda de las personas desaparecidas en zonas de frontera. A la Fiscalía General de la Nación, para que redoble los esfuerzos y el recurso humano encargado de las investigaciones de este delito. A la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para que haga presencia en todos los departamentos del país.
A la Jurisdicción Especial para la Paz, le solicitó considerar la creación de un macrocaso exclusivo para la investigación y sanción de hechos de desaparición forzada en el conflicto armado interno.
El Defensor del Pueblo reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que renuncien a tan cruel práctica: “Les exigimos a los actores armados, independientemente de su propósito o naturaleza, que respeten el derecho internacional humanitario y no pongan en riesgo la vida, seguridad e integridad de la población civil”.
Fuente: Defensoría del Pueblo
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
