META
Con apoyo de la comunidad recuperan cuerpos de personas dadas por desaparecidas en Lejanías
En colaboración con una comunidad campesina, adelantamos la recuperación de varios cuerpos que podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado en el municipio de Lejanías, Meta.
En esta acción humanitaria, que hace parte de la implementación del Plan Regional de Búsqueda del Meta – Subregión Alto y Medio Ariari, los equipos forense y territorial Villavicencio de la UBPD intervinieron distintas áreas en zona rural de este municipio para recuperar cuatro cuerpos que fueron inhumados hace más de 30 años.
A partir de la investigación humanitaria y extrajudicial que adelantó el equipo Villavicencio, que contó con valiosos aportes de información tanto de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello como de residentes de la localidad, se logró dar con el paradero de los cuerpos que fueron sepultados en caminos y montañas de la zona entre los años 80 y 90.
La investigación también señala que para esa época hubo presencia de varios actores armados que hicieron parte del conflicto, por lo que se presentaron hostilidades por el control territorial que pudieron propiciar la muerte y posterior desaparición de combatientes y civiles.
En un acto de humanidad y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, los campesinos y las campesinas de la región sepultaron los cuerpos con recursos propios. Décadas después, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la comunidad a través de su Junta de Acción Comunal (JAC) contactó al equipo Villavicencio de la UBPD para que, mediante una acción humanitaria, se recuperaran los cuerpos y así empezar el proceso de identificación para una futura entrega digna a sus familiares y seres queridos.
Para Juan*, líder comunitario, la labor de la UBPD es fundamental en la construcción de paz. “Nos sentimos orgullosos de que nos visite la entidad y de contribuir con la búsqueda de las personas. La UBPD hace un papel importante en el departamento del Meta porque busca a las personas que están enterradas para entregárselas a sus familias”.
Con el apoyo de la comunidad, los equipos forense y territorial Villavicencio de la Unidad de Búsqueda se desplazaron hasta las áreas donde estaban inhumados los cuerpos, por lo que debieron cruzar caminos pedregosos y empinados, montañas y ríos, además de adelantar las tareas de recuperación en medio de las lluvias y el frío típico de la zona, cercana al páramo del Sumapaz.
Los cuerpos recuperados fueron entregados al Instituto de Medicina Legal en Villavicencio para que realicen la identificación. Dos de estos cuerpos, se presume, pueden corresponder a los seres queridos de dos familias con las que la UBPD desarrolla acciones que garantizan su participación en la búsqueda. “Tras este proceso, adelantaremos la búsqueda de los otros familiares para hacer su entrega digna”, enfatizó Viveros.
Además de la recuperación de los cuerpos, el equipo territorial Villavicencio de la Unidad de Búsqueda recolectó nueva información entre los pobladores de la zona para avanzar en la implementación del Plan Regional de Búsqueda del Meta – subregión Alto y Medio Ariari.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, durante un operativo realizado en el eje vial Bogotá–Villavicencio.
Según el informe policial, el cargamento era transportado en un furgón que cubría la ruta desde Popayán hacia Venezuela, y fue detectado gracias a labores de inteligencia y control desplegadas por unidades de la institución.
El Director General de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Además, el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente fue inmovilizado.
Según las autoridades, la marihuana incautada tenía como destino final el mercado venezolano, donde sería distribuida por redes criminales asociadas a las disidencias. Con este resultado se evitó la circulación de aproximadamente 2,4 millones de dosis, representando una afectación a las finanzas ilegales por más de 773 millones de pesos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control en los corredores estratégicos del país, con el propósito de desarticular las estructuras narcotraficantes y reducir el impacto del crimen organizado en los territorios.
Fuente: El Diario del Llano
Por disposición de un Juez de Control de Garantías, a la cárcel fueron enviados Junior Arango Díaz y Juan Pablo Castillo Neira, señalados de disparar contra un establecimiento comercial para que sus propietarios pagaran una extorsión, en el municipio de Granada.
Un fiscal de la Seccional Meta les formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, extorsión en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de septiembre en el centro de Granada, donde, los hoy
procesados, al parecer, dispararon en varias oportunidades al local comercial. Se evidenció que los propietarios del lugar venían siendo víctimas de extorsión, por parte de supuestos integrantes de ‘ERPAC Renacer’.
Los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, en vía pública de la vereda Alto Iracá del municipio de San Martín. Se logró la incautación de una motocicleta, un revólver, panfletos extorsivos y equipos móviles.
Fuente: El Diario del Llano
