CASANARE
Arroceros de Casanare se unirán al Paro Agropecuario Nacional del 12 de octubre
Ante el panorama en el que se encuentran los arroceros del país no solo en el tema del presupuesto prometido sino del poco compromiso con compras públicas, exportaciones, créditos para la pequeña y mediana industria con el fin de que participen en la compra de la cosecha; el sector arrocero ha decidido participar y apoyar el paro indefinido que llevará a cabo Dignidad Agropecuaria Colombiana (DAC) el 12 de octubre para pedirle al Gobierno Nacional que los Tratados de Libre Comercio sean renegociados ya que son lesivos para todo el sector agropecuario y exigirle que se cumplan los acuerdos que se pactaron con el Ministerio de agricultura.
El acontecimiento que rebosó la copa fue el de las declaraciones del Ministro cuando comunicó que no había más ayudas para los arroceros colombianos. Los agricultores esperaban el cumplimiento de los compromisos que adquirió el Ministerio de Agricultura en apoyo a la comercialización de arroz desde el mes de junio cuando se tenía acordado un apoyo de cinco mil ochocientos millones de pesos para los productores que recolectaron su cosecha en ese mes, dinero que se trasladó para la Resolución del mes de agosto, lo cual no era lógico para los arroceros ya que los productores y volúmenes comercializados no son los mismos de junio.
Luego del primer incumplimiento por parte del ministro Iragorri, él mismo quedó de conseguir recursos por valor de 60 mil millones de pesos, para cubrir desde el 1 de julio y hasta el 24 de agosto, pero lo último que declaró Minagricultura es que no hay probabilidad de más recursos para el sector arrocero del país, comentó Roberto Botero, vocero de Dignidad Arrocera Nacional (DAN). La resolución del 24 de agosto que es la número 276 se expidió por dieciséis mil ochocientos millones de pesos, los agricultores esperan la publicación de un segundo tramo para cumplir con diecisiete mil millones de pesos adicionales y también queda pendiente una tercera resolución para completar un monto total de 54 mil millones de pesos entre las tres resoluciones. Roberto Botero, representante de Dignidad Arrocera, considera que el Ministerio de Agricultura no tiene los recursos y por ello ha estado dilatando el cumplimiento de los acuerdos, lo cierto es que los agricultores ya no van a aguantar más dilataciones.
El siguiente es el texto del Comunicado emitido por Dignidad Arrocera Nacional:
COMUNICADO
Con asistencia de delegados de Casanare, Huila, Tolima, Meta, Norte de Santander, Santander y sur del Cesar, se celebró en Bogotá la reunión de Dignidad Arrocera Nacional (DAN), en la que luego de un sesudo análisis de la situación de los agricultores del cereal, se advirtió sobre la crisis ocasionada por los precios de la cosecha que tienen al sector en la más grande crisis que ha atravesado el arroz, que se recuerde en su historia.
Luego de movilizaciones realizadas en abril, junio, agosto, en las que de manera clara se expresaron ante el MADR, en las que se convinieron compromisos de parte del ministro Aurelio Iragorri, las medidas tomadas fueron insuficientes y además de no sanar las heridas ocasionadas por los precios ruinosos que se están recibiendo, no corrigieron en modo alguno las prácticas que de manera reiterada viene causando la mal denominada ‘política de libre comercio’, que de forma alterna propicia un intercambio comercial que resulta en una imposición encaminada a destruir la posibilidad de que los colombianos consuman arroz producido por sus compatriotas.
Se concluyó igualmente que el monopolio molinero continúa aprovechándose de su posición dominante y no solo paga precios que generan gigantescas pérdidas sino que califica la calidad del grano entregado de manera irreglamentaria y anti técnica , sumando así un factor más de disminución del precio, ante la impavidez de las autoridades encargadas de controlar y castigar esta anomalía.
Frente a las deudas, antiguas y nuevas, el gobierno continúa alargando con inexactitudes y argucias la soluciones que se le exigen y el resultado es que los acreedores financieros y no financieros no cesan en el cobro de estas acreencias, resultando de ello la amenaza de un despojo de tierras, maquinaria e implementos de trabajo necesarias para el proceso productivo, de no concretarse las medidas que se prometen e incumplen reiteradamente.
Junto al arroz, el maíz, el fríjol, la leche, la papa, la panela, el azúcar, el ñame, el plátano, la yuca, cacao, cebolla, la piña, sufren situaciones similares fruto de un mal común: una política equivocada que de no corregirse agravará la ya amenazada soberanía alimentaria nacional.
Ante amenazas comunes se impone una acción conjunta y consecuente. Con esta reflexión se decidió por parte de DAN, vincularse a la jornada de protesta nacional que se realizará el próximo 12 de octubre, fecha en la que se coincidirá con sectores indígenas, empresariales, agrícolas y ganaderos en el clamor por la revisión de los TLC, precios remunerativos para los productos del campo, control del costo de los insumos, crédito de fomento con acceso real y solución efectiva a las deudas , con un particular reclamo arrocero contra los abusos del monopolio molinero en la calificación fraudulenta de su producto.
Por la defensa de la producción y el trabajo agrarios nos unimos a la jornada nacional de protesta.
Fuente: Dignidad Arrocera Nacional
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
