CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Alcaldía de Yopal prohibió el ingreso, circulación y permanencia de vehículos automotores en el Mirador de la Virgen de Manare, ubicado en la vereda Balconcitos, desde el 8 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 065 de 2026 y busca proteger uno de los sitios más emblemáticos, turísticos y espirituales de la capital casanareña.
De acuerdo con la administración municipal, el Mirador de la Virgen de Manare ha sido identificado como un punto vulnerable en materia de orden público y seguridad ciudadana. Por ello, el alcalde Marco Tulio Ruiz Riaño adoptó la restricción como una acción preventiva orientada a preservar la tranquilidad del sector, facilitar las labores de control de la Fuerza Pública y garantizar la seguridad de los visitantes.
¿Cuáles son las excepciones?
El decreto contempla algunas excepciones para permitir el acceso de vehículos de la Fuerza Pública, organismos de seguridad, ambulancias y automotores de emergencia. También podrán ingresar personas con discapacidad junto a sus cuidadores, domiciliarios debidamente identificados y vehículos que cuenten con autorización de las secretarías de Gobierno y Movilidad.
El secretario de Gobierno, Jorge Andrés Rodríguez González, señaló que “cuando se trata de proteger lo que une a la comunidad, la decisión correcta no siempre es la más cómoda, pero sí la más necesaria”. Añadió que la restricción se fundamenta en las competencias legales y constitucionales del municipio, así como en recomendaciones técnicas emitidas por autoridades militares, policiales y de tránsito.
CASANARE
Tragedia en Tauramena; conductor de la Alcaldía le quitó la vida a su hijo y se autoeliminó
Una tragedia enluta al municipio de Tauramena y la comunidad no sale de su estupor, luego del violento hecho ocurrido en la madrugada del sábado en una vivienda, donde perdió la vida un menor de 13 años y posteriormente falleció su padre, identificado como José Diomedes Montejo Celis, reconocido en la población por desempeñarse como conductor del alcalde municipal.
La víctima fue identificada como Juan Pablo Montejo Guerrero, estudiante de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano. Se conoció que el menor había salido desde el viernes 8 de mayo junto a su padre, con el compromiso de regresar a la casa de su madre. Como las horas pasaban y no regresaba, además el hombre no respondía el celular a la mujer, hubo preocupación por parte de esta. Sin embargo, durante la madrugada, familiares de José Diomedes escucharon detonaciones de arma de fuego al interior de la vivienda, por lo que ingresaron por la parte posterior de la misma, encontrando al menor tendido en una cama con un disparo de arma de fuero en la cabeza, y a su papá en el piso, también herido de arma de fuego en la cabeza.
Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional y personal del Cuerpo de Bomberos de Tauramena, quienes trasladaron herido a José Diomedes al hospital local, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
El caso ha causado profunda conmoción entre la comunidad educativa y habitantes del municipio. Directivos, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano expresaron mensajes de solidaridad y dolor por la muerte del menor. Según versiones conocidas preliminarmente, el hombre atravesaba un proceso de separación sentimental, situación que sería materia de análisis dentro de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer plenamente lo ocurrido.
La actualización catastral urbana adelantada en Yopal por la empresa Catasig sigue enfrentando fuertes cuestionamientos jurídicos. En las últimas horas se conoció la radicación de dos demandas de nulidad simple ante Juzgados y una denuncia penal en la Fiscalía, relacionadas con el proceso que generó inconformidad entre miles de propietarios por los altos incrementos en el avalúo predial.
Por un lado, voceros de la Veeduría Dignidad Catastral del Casanare y de la Fundación Little Guardians confirmaron la presentación de una acción de nulidad contra las resoluciones YPL01, YPL02 y YPL03, mediante las cuales se inició, aprobó y clausuró la actualización catastral en la capital casanareña. Según Luis Pérez, representante de la organización, existen presuntas irregularidades en la competencia jurídica de Catasig para ejercer la gestión catastral en Yopal, debido a que la habilitación otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) correspondería al municipio de Sabanalarga, Atlántico, y no directamente a la empresa operadora.
La acción judicial busca suspender los efectos de la actualización y que el impuesto predial vuelva a liquidarse temporalmente con la base catastral anterior mientras avanza el proceso. Además, la veeduría anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la contratación y ejecución del proceso catastral.
A estas acciones se sumó el diputado de Casanare Omar Ortega, quien también instauró demanda de nulidad simple contra Catasig, argumentando que la empresa no tenía competencia ni habilitación legal para adelantar la actualización catastral urbana en Yopal. El corporado sostiene que Catasig actúa únicamente como operador y no como gestor catastral, por lo que solo estaría facultada para operar dentro de la jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico.
Ortega respaldó sus señalamientos en un informe emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2026, en el que se advierte que los actos administrativos expedidos por Catasig habrían sido emitidos “sin la competencia legal” por carecer de habilitación otorgada por el IGAC. En su demanda solicita declarar la nulidad de las resoluciones YPL-001, YPL-002 y YPL-003, dejando sin efectos toda la actualización catastral urbana adelantada en la ciudad.
Tanto la veeduría como el diputado pidieron que, mientras se resuelven las acciones judiciales, se suspendan los cobros coactivos e intereses moratorios derivados del nuevo avalúo predial. Asimismo, Ortega solicitó que el IGAC, en calidad de gestor catastral subsidiario, asuma nuevamente el proceso con base en la última información catastral legalmente expedida.
Con la denuncia ante la Fiscalía, se pide que el ente investigue desde la óptica penal, a todos los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la firma del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, que derivó en una actualización catastral con altísimos avalúos, lo cual generó facturas del Impuesto Predial impagables para una gran cantidad de contribuyentes.
