META
Defensoría rechaza amenazas en contra de firmantes del Acuerdo de Paz en Mesetas

La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas que se hicieron en contra de hombres y mujeres firmantes del Acuerdo de Paz que le dieron la espalda a la violencia y se acogieron al Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) ‘Mariana Páez’, en el municipio de Mesetas (Meta).
Se trata de 200 familias, 86 mujeres cabeza de familia y 80 niños, entre los que hay personas con discapacidad y adultos mayores, que fueron amenazadas con ser asesinadas si no se van en un mes de la zona que se convirtió en su hogar. Para la Entidad, es urgente que sean protegidos y se mantengan de forma segura con sus proyectos de vida en sociedad.
Ante el comunicado en el que las personas reincorporadas denunciaron que debían “… abandonar la tierra que nos acogió en la transición, nuestro Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que cariñosamente llamamos ‘Mariana Páez’” la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional del Meta y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, se encuentran en el territorio y buscarán la actuación de las autoridades, locales y nacionales, para la activación de los mecanismos de alerta y respuesta rápida.
La entidad también ofreció su respaldo para que se lleven a cabo las acciones dirigidas a mitigar el riesgo que enfrentan y se respeten sus derechos, e hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección, para que ordene el reforzamiento de las medidas de protección de esa población, procurando los recursos que sean necesarios para la implementación de medidas técnicamente recomendadas y atendiendo la especial vulnerabilidad de las y los excombatientes, con enfoque de género y diferencial.
Asimismo, en su intervención durante la Asamblea Anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), realizada en Ginebra (Suiza), el Defensor del Pueblo calificó como “un ataque a la médula del proceso de paz y su implementación”, las amenazas y acciones violentas en contra de las personas en proceso de reincorporación.
Para la Defensoría del Pueblo, la orden de abandonar el ETCR implica la vulneración de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personal de la población y transgrede abiertamente el respeto a los derechos humanos y los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.
El desplazamiento forzado de quienes viven en la ETCR causaría el abandono de los proyectos productivos que emprenden las y los firmantes desde hace seis años a través de formas asociativas, y les resta posibilidades en su proceso de reinserción social y normalización de sus economías.
Para los menores de edad, implica la interrupción de sus ciclos escolares y para el colectivo, enfrentar de nuevo la incertidumbre del desarraigo, sumado a la estigmatización que se mantiene en grupos de la población que aún perciben con recelo los términos del Acuerdo de Paz.
La Entidad de nuevo conmina a los actores del conflicto a que sus acciones sean consecuentes con el propósito y los objetivos de la Paz Total y de lo pactado en el Acuerdo de Paz; que dejen de lado a la población civil y mucho más si se trata de Personas en Proceso de Reincorporación (PPR) que buscan nuevos inicios personales, familiares y económicos.
Fuente: Defensoría del Pueblo
META
Mujer cabeza de hogar y su hijo desplazados por la guerrilla en Acacías recibirán nuevo predio

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la compensación a una mujer y a su hijo, quienes fueron desplazados de su finca ‘La Esperanza’ en la vereda Manzanares del municipio de Acacías, Meta. Esta decisión se destaca por su enfoque diferencial, reconociendo las particularidades de los sujetos en condición de especial protección, en este caso, debido a la situación de analfabetismo que enfrenta la madre.
La historia de esta familia se remonta a 1978, cuando el padre de la mujer adquirió el predio de siete hectáreas. En 1983, el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) le adjudicó oficialmente la propiedad. En ‘La Esperanza’, construyeron un hogar donde cultivaban plátano, café y yuca. Pero en 1991 falleció el padre y la hija continuó luchando por mantener su hogar y darle sustento a su hijo.
Les tocó salir del predio
No obstante, el año 2002 marcó un antes y un después en sus vidas. Guerrilleros de las Farc, que hacían presencia en la zona, llegaron a su vivienda para informarles que debían abandonar el predio debido a inminentes enfrentamientos entre el Ejército y los paramilitares. Sin más opciones, madre e hijo huyeron hacia Villavicencio, dejando atrás sus tierras, cultivos y pertenencias.
Con el paso del tiempo y tras la implementación de la Ley 1448 de 2011, esta mujer decidió recuperar su hogar. Acudió a la Unidad de Restitución de Tierras, (URT), que llevó su caso ante la justicia. Hoy, el juez especializado ordenó la compensación, por lo que la entidad deberá comprarle un nuevo predio con condiciones similares al que abandonó forzadamente.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
META
Cormacarena capacita a mineros legales del Meta, para evitar sancionarlos

Debido a los incumplimientos y deficiencias en la presentación de los Informes, de Cumplimiento Ambiental, Cormacarena capacitó y sensibilizó a 68 de los 129 titulares mineros en 21 municipios del departamento, quienes están a cargo de la explotación de estos recursos. De estos, el 85 % corresponde a material de arrastre, como gravas y arenas, extraídos de los cauces de los ríos, mientras que el 15 % restante corresponde a material de cantera, como materiales de construcción extraídos de yacimientos a cielo abierto.
“Agradecemos enormemente a la corporación por este tipo de espacios que nos ayudan como titulares mineros a un mejor reporte de toda la información ambiental y a que todos los proyectos mineros sigan siendo representativos y sostenibles en el territorio. La capacitación fue muy clara y pudimos identificar varios errores en los que hemos incurrido, la idea es ampliar la información a todo el resto de profesionales y presentar la información como Cormacarena la requiere”, destacó Ana María Saldarriaga, representante de la empresa minera AGREMET S.A.
Para desarrollar la minería legalmente constituida en el departamento del Meta, los titulares mineros con licencia ambiental otorgada por Cormacarena deben presentar obligatoriamente el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), un instrumento indispensable que evalúa y verifica el cumplimiento de los programas del Plan de Manejo Ambiental mitigando, corrigiendo o compensando los impactos negativos que puedan causar las actividades extractivas al ambiente o a las comunidades cercanas.
Entre los temas abordados, se incluyeron los planes de compensación y los planes de inversión forzosa de no menos del 1%, necesarios para compensar los impactos negativos en el ambiente y asegurar que las empresas mineras operen de manera responsable.
Fuente: Comunicaciones Cormacarena
META
A la cárcel sujeto señalado de asesinar a sus padres en Villavicencio, fue capturado en Bogotá

La comunidad de Villavicencio aún no sale del estupor y repudio causado por la noticia conocida el sábado 22 de marzo en horas de la mañana, donde un joven habría asesinado a sus padres en una vivienda del barrio Kirpas de la capital del Meta, con múltiples heridas de arma cortopunzante.
Se conoció que el joven, identificado como Juan David Perdomo Wehdeking, huyó en un vehículo de la familia, por lo que se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de sus padres José Luis Perdomo Sánchez y Sonia Wehdeking, y de inmediato se activó su búsqueda.
El presunto atacante fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en una vía pública frente a un centro comercial en el sur de Bogotá, donde habría huido para evadir la acción de las autoridades. Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que fue aceptado por el procesado.
El material probatorio recopilado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió establecer que el procesado habría atacado con un arma cortopunzante a sus papás de 45 y 46 años, en varias partes del cuerpo causándoles la muerte y posteriormente huyó del lugar. Fue tal la sevicia con la que atacó a sus progenitores, que el cuchillo utilizado para tal fin se partió, como lo aseguró el fiscal que imputó los cargos durante las audiencias concentradas.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al sujeto, cuyo actuar aún mantiene conmocionada a la comunidad en el departamento del Meta. Los padres había llegado hace 8 días a la ciudad de Villavicencio desde Bucaramanga, para acompañar a su hijo en el proceso de iniciar estudios superiores.
El día de los hechos, la ciudadanía alertó a las autoridades sobre una riña que se estaba presentando en un inmueble en el barrio Kirpas, donde vivía Perdomo Wehdeking y sus padres.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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