REGIÓN
Presentan líneas estratégicas para agilizar restitución de tierras en Meta y Guaviare
El director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, dio a conocer las líneas estratégicas de trabajo que regirán para los cuatro años de Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Con esta socialización se busca reorganizar los procesos internos de la Dirección Territorial Meta y responder con mayor celeridad a las solicitudes de los reclamantes de tierras en el Meta y Guaviare.
Durante su visita a Villavicencio, el director Yule, acompañado de su equipo técnico y directivo, explicó a los colaboradores de la Dirección Territorial Meta la línea estratégica: ‘Gobernabilidad desde territorios’ que busca fortalecer el empoderamiento de las víctimas, los movimientos campesinos, las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, las comunidades indígenas y el movimiento popular.
La segunda línea estratégica, se denominada ‘Conversación fraternal fluida’, busca el fortalecimiento de los juzgados y tribunales existentes, constituir nuevos juzgados y conformar un tribunal en restitución de territorios étnicos.
La ‘Articulación interinstitucional’ es la tercera línea de trabajo que se está fortaleciendo en la etapa administrativa con el Ministerio de Defensa, Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Protección y administraciones municipales y departamentales. En la etapa judicial, el fortalecimiento es con los jueces, el IGAC, y la Agencia Nacional de Tierras, ANT. Finalmente, en la etapa de cumplimiento, la articulación será con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, SNARIV.
La cuarta línea es el trabajo de ‘Articulación con la Cooperación’ que se adelanta con el Gobierno Nacional, organismos de cooperación internacional, embajadas y organizaciones no gubernamentales.
Cifras de Restitución
En la jurisdicción de la Dirección Territorial Meta se han recibido 11 mil 557 solicitudes de restitución, de las cuales 9 mil 335 son del departamento del Meta, 1 mil 948 del Guaviare y 234 de Cundinamarca. Del total de solicitudes recibidas, han sido instauradas 1 mil 334 demandas ante la justicia; los jueces han proferido 278 sentencias mediante las cuales fueron restituidas 51 mil 189 hectáreas en beneficio de 974 personas, y la URT ha implementado 101 proyectos productivos.
La URT reitera que los trámites que realiza la entidad en cada una de sus etapas son gratuitos y ninguna persona está autorizada para cobrar o recibir dinero con el argumento de adelantar, agilizar o priorizar casos.
Ante este compromiso ético y profesional, Giovani Yule invita a los colombianos a denunciar cualquier caso de cobros extralegales que se presenten: ”todo aquel que quiera aprovecharse de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y lucrarse de ella, tendrá que enfrentarse a la rigurosidad de la ley”, puntualizó el director general de la URT.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
