ARAUCA
Fiscalía logró condena contra uno de los implicados en atentado contra la Escuela General Santander
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, demostró que Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco o El Quesero, era un integrante del denominado Frente Domingo Laín Sáenz de ELN que ocultaba los dineros ilícitos y obtenía nuevos recursos para sostener las distintas estructuras ilegales en Arauca y Casanare.
En ese sentido, un juez penal especializado de Arauca lo declaró responsable de los delitos de rebelión y financiamiento al terrorismo.
Las pruebas presentadas en juicio dan cuenta de que alias Chaco constituyó la empresa de lácteos Villa Esperanza, la cual sirvió para transformar dineros producto del cobro de extorsiones y secuestros en el oriente del país, y usar las ganancias de la venta de quesos y otros productos para cubrir económicamente varias actos terroristas, como el atentado a la escuela de cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander.
Asimismo, quedó en evidencia que este hombre acopiaba en su inmueble y transportaba armas, explosivos, equipos de comunicación y otros elementos para el ELN.
Análisis contables y otras actividades investigativas indicaron que la empresa Villa Esperanza fue creada con un capital de apenas 3’500.000 pesos y con un único empleado, Wilson Arévalo Hernández. De igual manera, permitieron conocer que, entre 2012 y 2017, ocultó al Estado más de 5.000 millones de pesos que corresponderían a ingresos de actuaciones ilícitas.
El monto de la condena contra alias Chaco o El Quesero se conocerá en mayo del año en curso.
Participación en ataque terrorista
Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco o El Quesero, también está vinculado a un proceso como presunto partícipe en el atentado a la escuela General Santander, que dejó 22 cadetes muertos y varios heridos, el 17 de enero de 2019.
El material de prueba obtenido da cuenta de que este hombre habría trasladado de Arauca a Bogotá el campero que fue cargado con 80 kilogramos de pentolita. Arévalo llevó el vehículo hasta la bodega alquilada por José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó el carro bomba al centro de estudios policiales.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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Fiscalía reveló vínculo del ELN con atentado a Escuela de Cadetes
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
