META
Entre lágrimas hombre se reencontró con su hija reclutada en el Meta hace 23 años
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del Meta, logró el reencuentro de Laura* (reclutada en 1999 en Mesetas) con su papá, un humilde campesino de 71 años (23 de los cuales los dedicó a buscarla) y con su hija, a quien dejó de ver cuando era una bebé de apenas 3 años.
Laura fue reclutada por un actor armado pasadas las fiestas decembrinas. Su mamá le había pedido comprar algo en la tienda, pero en el camino hombres armados la obligaron a subir a un camión. Igual suerte corrieron otros 30 jóvenes más. Fue la última vez que la vieron.
Luego de estos hechos, la familia de Laura* fue víctima de desplazamientos forzados en Mesetas, lo que los obligó a trasladarse a Villavicencio. Su insistencia por tratar de establecer contacto con los actores armados hizo que fueran amenazados con el reclutamiento de las hermanas menores. La familia debió resignarse y esperar que alguien les diera una noticia.
En 2001 César*, el papá de Laura, regresó a Mesetas para continuar con la búsqueda de su hija, pero algunos vecinos le dijeron que ella había muerto en la toma al municipio de Puerto Rico, Meta (10 de julio de 1999).
LA BÚSQUEDA
El 15 de diciembre de 2021 el papá de Laura, remitido por otra entidad estatal, se contactó con la Unidad de Búsqueda en Villavicencio y presentó una solicitud formal de búsqueda.
Durante siete meses la UBPD realizó una investigación humanitaria y extrajudicial, revisó y clasificó información, y cotejó fuentes que le permitieron aproximarse a la verdad sobre la suerte y el paradero de la hija de César.
El equipo interdisciplinario al frente de este caso logró ubicar en el centro del país a una persona que por su edad y características podría corresponder a Laura. Fueron varios los intentos por establecer un contacto directo, hasta que un martes de abril de 2022 respondió una de las llamadas de la UBPD y accedió a tener un encuentro, que finalmente tuvo lugar el 17 de mayo, en un salón de reuniones de una alcaldía local.
Allí Laura contó que luego de dejar las filas había ido a Mesetas a buscar a sus familiares, pero sus vecinos le informaron que ellos habían sido desplazados bajo amenazas, que era posible que estuvieran en Villavicencio.
Relató que varios días recorrió las calles de la capital del departamento de Meta buscándolos sin que tuviera suerte. Al final de la jornada de diálogo y acercamiento con la UBPD aceptó someterse a una toma de huellas dactilares para confirmar que Laura efectivamente correspondía a la persona que la familia y la UBPD estaba buscando.
Pasadas unas semanas llegaron los resultados. Efectivamente Laura era la persona que estábamos buscando. La búsqueda de don César había llegado al final. Había cumplido la promesa que le hizo a la madre de Laura quien falleció en 2006, luego de sufrir graves afectaciones en su salud física y emocional, producto de los desplazamientos forzados y el reclutamiento de su hija.
Con esta información Laura y su padre fijaron una fecha para el reencuentro. La única petición que hicieron a la Unidad de Búsqueda fue que fuera en un espacio que garantizara la privacidad y la reserva. La noche previa al encuentro fue para ellos una de las más largas de sus vidas, especialmente para Marcela*, la hija de Laura, a quien su mamá recordaba como una bebé. Creció sin esa presencia materna, imaginándosela por los relatos de su familia, especialmente los de su abuelo. “Ante la ausencia de mi madre, yo fui criada por mi tía y ahora tengo la fortuna de contar con dos mamás”.
“Para mi la Unidad de Búsqueda fue de mucha ayuda, de mucho apoyo, conté con el acompañamiento para volverme a encontrar con mi familia. Yo invito a todas las familias que tienen sus seres queridos desaparecidos que no dejen de buscarlos, que busquen ayuda como lo es la Unidad de Búsqueda… y con ellos y con su familia van a encontrarlos, vivos o muertos”, aseguró Laura después de abrazar a sus seres queridos. ’
El reencuentro estuvo lleno de lágrimas, abrazos y besos cargados de recuerdos y nostalgia. Poco a poco el ambiente se fue vistiendo de esperanza, retomaban el camino de una familia unida. César manifestó que a pesar de la adversidad nunca desistió de la idea de volver a encontrar a Laura. ‘’Para mí recuperar a mi hija es como si me hubiera ganado una lotería, en realidad es una lotería porque encontrar a una familia que esté perdida, en tantos años, desaparecida, sin tener ninguna noticia de ella y encontrarla así como la encontré en el día de hoy, en este sitio, para mí fue una cosa muy satisfactoria’’.
La celebración continuó esa misma tarde en la casa de César, en donde Laura se encontró con su familia ampliada: hermanas, sobrinos, tíos y tías, quienes la esperaban con ansias para poder conversar de todo lo que vivieron en estos 23 años de ausencia.
*Por solicitud de la familia los nombres fueron cambiados por seguridad.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
