META
Entregan restos de mujer desaparecida en el Meta hace 22 años
Familiares de Carmenza de Angulo, secuestrada por la guerrilla hace 22 años, agradecieron el trabajo que permitió la búsqueda de su madre y abuela y aseguraron que no desistirán de hallar también a su padre Gerardo Angulo y conocer la verdad sobre el cautiverio de ‘los abuelos’.
Carmenza Castañeda de Angulo, descansa en paz en el lugar escogido por sus cinco hijos y veinte nietos, 22 años después de que fuera secuestrada junto con su esposo Gerardo, para después ser entregados al Bloque Oriental de las entonces Farc-EP. Ambos tenían 68 años en el momento del secuestro y desaparición.
Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, esta ceremonia de entrega digna representa un avance significativo del trabajo humanitario y extrajudicial que adelanta la entidad en compañía de familiares y organizaciones de la sociedad civil, para buscar a las personas desaparecidas en razón del conflicto armado.
Durante todos estos años la familia de la señora Carmenza y del señor Gerardo, quien todavía permanece desaparecido, fue a todos los lugares buscando saber cuál fue la suerte de sus padres y no había logrado encontrarlos. En una acción humanitaria fue recuperada doña Carmenza, y se pudo identificar plenamente a través del apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para entregarla a su familia.
La Unidad de Búsqueda se compromete a seguir buscando a las personas desaparecidas, entre ellas al señor Gerardo Angulo, para ayudar a las familias a cesar ese sufrimiento.
La búsqueda de los esposos Angulo Castañeda, en la que participaron la familia, la UBPD, la CCJ y Equitas, con el apoyo de firmantes del Acuerdo, la Comisión de Búsqueda de las Farc -ahora Corporación Reencuentros- y la comunidad de San Juanito, hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Meta, que tiene cobertura en 26 de los 29 municipios del departamento y un universo inicial de 7.110 personas desaparecidas en circunstancias relacionadas con desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito de menores y participación en las hostilidades.
Familia, rosas y tejidos
Doña Carmenza nació en Manta, Cundinamarca. Tenía 18 años cuando se casó con Gerardo Angulo Grandas el 26 de agosto de 1950. El año en que fueron secuestrados cumplieron sus bodas de oro. ‘Lala’, como la llamaban en su casa, era para sus seres queridos sinónimo de magia, lucha, cariño, amor y cuidado. La recuerdan como una mujer alegre, entregada a su familia, amorosa y consentidora de sus nietos, pero con el carácter necesario para fijar su posición si algo no le gustaba. Fue devota de la Virgen hasta en los momentos más difíciles de su vida.
La búsqueda
Desde el momento en que un vecino de La Calera se comunicó con la familia Angulo Castañeda la noche del 19 de abril de 2000 para avisarles que hombres con fusiles se los habían llevado en el Daihatsu de propiedad del matrimonio con rumbo a la cordillera oriental, la familia no ha dejado de buscar a ‘los abuelos’, como cariñosamente les dicen. 17 días después supieron que habían sido secuestrados por el Bloque Oriental y que por su liberación se exigía $800 millones de pesos.
La familia se convirtió en el primer caso de víctimas de las Farc que acompañó la CCJ . Por 20 años los ha representado ante la jurisdicción ordinaria, Justicia y Paz y ahora ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-, instancia ante la que los Angulo Castañeda esperan que las Farc identifiquen a todos los actores que participaron en el secuestro y la muerte de sus padres.
Daniel Vargas, coordinador del equipo de Acompañamiento y Representación Común ante la JEP de la CCJ y abogado de este caso, recuerda que antes de 2016 no hubo ningún avance de búsqueda ante instituciones como la Fiscalía: “Don Héctor hizo mil y una búsqueda. Se metió a los campamentos a hablar con los comandantes guerrilleros, preguntaba por todo lado, se puso en riesgo muchas veces por encontrar a sus padres, pero no pasó nada”.
Desde 2007, el equipo de Equitas participó en el proceso de búsqueda y acompañó algunas de las diez visitas previas que Helmuth Angulo hizo a la zona donde exguerrilleros y algunos campesinos le dijeron que podrían encontrarse enterrados los cuerpos de sus padres.
Los últimos 15 días de octubre de 2021, un polígono de 11.033 metros cuadrados, dividido en 22 cuadrantes y ubicado en zona montañosa del municipio de San Juanito (Meta), fue escenario de la acción humanitaria para recuperar los cuerpos de esta pareja de esposos.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
