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Entregan restos de mujer desaparecida en el Meta hace 22 años

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Familiares de Carmenza de Angulo, secuestrada por la guerrilla hace 22 años, agradecieron el trabajo que permitió la búsqueda de su madre y abuela y aseguraron que no desistirán de hallar también a su padre Gerardo Angulo y conocer la verdad sobre el cautiverio de ‘los abuelos’.

Carmenza Castañeda de Angulo,  descansa en paz en el lugar escogido por sus cinco hijos y veinte nietos, 22 años después de que fuera secuestrada junto con su esposo Gerardo, para después ser entregados al Bloque Oriental de las entonces Farc-EP. Ambos tenían 68 años en el momento del secuestro y desaparición.

Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, esta ceremonia de entrega digna representa un avance significativo del trabajo humanitario y extrajudicial que adelanta la entidad en compañía de familiares y organizaciones de la sociedad civil, para buscar a las personas desaparecidas en razón del conflicto armado.

Durante todos estos años la familia de la señora Carmenza y del señor Gerardo, quien todavía permanece desaparecido, fue a todos los lugares buscando saber cuál fue la suerte de sus padres y no había logrado encontrarlos. En una acción humanitaria fue recuperada doña Carmenza, y se pudo identificar plenamente a través del apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para entregarla a su familia.

La Unidad de Búsqueda se compromete a seguir buscando a las personas desaparecidas, entre ellas al señor Gerardo Angulo, para ayudar a las familias a cesar ese sufrimiento.

La búsqueda de los esposos Angulo Castañeda, en la que participaron la familia, la  UBPD, la CCJ y Equitas, con el apoyo de firmantes del Acuerdo, la Comisión de Búsqueda de las Farc -ahora Corporación Reencuentros- y la comunidad de San Juanito, hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Meta, que tiene cobertura en 26 de los 29 municipios del departamento y un universo inicial de 7.110 personas desaparecidas en circunstancias relacionadas con desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito de menores y participación en las hostilidades.

Familia, rosas y tejidos

Doña Carmenza nació en Manta, Cundinamarca. Tenía 18 años cuando se casó con Gerardo Angulo Grandas el 26 de agosto de 1950. El año en que fueron secuestrados cumplieron sus bodas de oro. ‘Lala’, como la llamaban en su casa, era para sus seres queridos sinónimo de magia, lucha, cariño, amor y cuidado. La recuerdan como una mujer alegre, entregada a su familia, amorosa y consentidora de sus nietos, pero con el carácter necesario para fijar su posición si algo no le gustaba. Fue devota de la Virgen hasta en los momentos más difíciles de su vida.

La búsqueda

Desde el momento en que un vecino de La Calera se comunicó con la familia Angulo Castañeda la noche del 19 de abril de 2000 para avisarles que hombres con fusiles se los habían llevado en el Daihatsu de propiedad del matrimonio con rumbo a la cordillera oriental, la familia no ha dejado de buscar a ‘los abuelos’, como cariñosamente les dicen. 17 días después supieron que habían sido secuestrados por el Bloque Oriental y que por su liberación se exigía $800 millones de pesos.

La familia se convirtió en el primer caso de víctimas de las Farc que acompañó la CCJ . Por 20 años los ha representado ante la jurisdicción ordinaria, Justicia y Paz y ahora ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-, instancia ante la que los Angulo Castañeda esperan que las Farc identifiquen a todos los actores que participaron en el secuestro y la muerte de sus padres.

Daniel Vargas, coordinador del equipo de Acompañamiento y Representación Común ante la JEP de la CCJ y abogado de este caso, recuerda que antes de 2016 no hubo ningún avance de búsqueda ante instituciones como la Fiscalía: “Don Héctor hizo mil y una búsqueda. Se metió a los campamentos a hablar con los comandantes guerrilleros, preguntaba por todo lado, se puso en riesgo muchas veces por encontrar a sus padres, pero no pasó nada”.

Desde 2007, el equipo de Equitas participó en el proceso de búsqueda y acompañó algunas de las diez visitas previas que Helmuth Angulo hizo a la zona donde exguerrilleros y algunos campesinos le dijeron que podrían encontrarse enterrados los cuerpos de sus padres.

Los últimos 15 días de octubre de 2021, un polígono de 11.033 metros cuadrados, dividido en 22 cuadrantes y ubicado en zona montañosa del municipio de San Juanito (Meta), fue escenario de la acción humanitaria para recuperar los cuerpos de esta pareja de esposos.

Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas

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En el Meta, Defensoría y URT buscan que se cumplan fallos de restitución de tierras

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo adelantaron una Mesa Bilateral en el Meta, con el propósito de analizar casos emblemáticos de restitución y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes en la región.

La reunión estuvo presidida por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Gabriel Barreto, y la defensora regional del Pueblo, Dorys Ruiz Vanegas, quienes ratificaron el compromiso institucional de garantizar la representación y participación de la población vulnerable en los procesos de restitución de tierras.

Durante la jornada se abordó el caso emblemático del predio ‘El Carpintero’, ubicado en el municipio de Cabuyaro, el cual se encuentra en etapa judicial e involucra a alrededor de 422 terceros intervinientes, cuya representación judicial estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se revisaron seis casos con sentencias que ordenan sucesiones, con el fin de hacer efectivas las órdenes de compensación emitidas por los jueces y magistrados especializados.

Durante la reunión se recordó que un tercero es toda persona que tiene una relación o un interés sobre el predio objeto de reclamación. Dicha persona pasa a ser tercero interviniente cuando decide materializar su participación en el proceso, es decir, cuando solicita ser escuchado o presenta pruebas.

Con esta Mesa Bilateral, se reafirmó el cumplimiento de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 de 2019, suscrita entre la URT y la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar atención jurídica, asesoría y acompañamiento a terceros intervinientes y a segundos ocupantes reconocidos en etapa posfallo.

Finalmente, las entidades acordaron que la próxima sesión de la mesa se llevará a cabo el 4 de diciembre, con el fin de verificar los avances en los compromisos adquiridos y continuar fortaleciendo la protección de los derechos de las comunidades víctimas y terceros ocupantes en el Meta.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Condenan a más de 35 años de cárcel a mujer que asesinó a otra por comentarios

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La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a Angélica María Romero Manrique, de 26 años, a la pena de 35 años y 6 meses de prisión por el asesinato de una mujer en el barrio Industrial de Villavicencio (Meta), ocurrido el 9 de julio de 2018. La procesada fue hallada culpable del delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Meta, Romero Manrique interceptó a la víctima cuando caminaba en vía pública junto a su hijo menor de edad. Tras iniciar una riña por supuestos comentarios que habría escuchado, la agresora la atacó con un arma cortopunzante.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El juez negó la suspensión condicional de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, por lo que la condenada deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.

La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. La Fiscalía destacó que este resultado reafirma su compromiso con la judicialización de los responsables de delitos que afectan la vida y la integridad de las personas.

Fuente: El Diario del Llano

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Ya se habían separado por violencia intrafamiliar, ahora se fue a la cárcel por feminicidio

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A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos  la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.

El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.

Fuente: El Diario del Llano

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