CASANARE
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas intervino el cementerio de Aguazul
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD-, en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del Suroccidente del Casanare, intervino el cementerio del municipio de Aguazul, donde recuperó 21 cuerpos que podrían corresponder a los de personas desaparecidas en el contexto y en razón al conflicto armado.
La acción humanitaria, que partió de la investigación extrajudicial de la UBPD, permitió abordar 23 puntos de interés forense en donde se presumía la disposición de cuerpos de personas no identificadas inhumadas en el cementerio de Aguazul entre 1996 y 2008.
De los 21 cuerpos recuperados, cinco tienen hipótesis de identidad. Sus familiares están buscando con el acompañamiento de la Unidad de Búsqueda. Entre ellos habría víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento ilícito, así como desapariciones ocurridas durante las hostilidades, según la información recopilada, contrastada y analizada por la UBPD, entre la que se destaca la aportada por la alcaldía municipal.
La UBPD pudo establecer que a este cementerio durante el conflicto armado ingresaron cuerpos no identificados provenientes de los municipios de Aguazul, Recetor y Tauramena.
La información recopilada y que condujo a la recuperación de los cuerpos es confidencial y extrajudicial y será utilizada únicamente para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y por su naturaleza la UBPD no la utilizará con fines judiciales.
La acción humanitaria hace parte de un proceso participativo junto a las familias y personas que buscan, quienes han acompañado el desarrollo del Plan Regional del Suroccidente del Casanare. Su implementación ha incluido jornadas de recepción de solicitudes de búsqueda, tomas de muestras biológicas para impulsar la identificación de personas dadas por desaparecidas en la región, así como diálogos y acciones de orientación y fortalecimiento con familias y organizaciones que las acompañan.
El Plan Regional de Búsqueda del Suroccidente del Casanare cobija los municipios de Aguazul, Monterrey, Villanueva, Recetor, Chámeza, Tauramena y Sabanalarga, y tiene un universo inicial de 1.027 personas dadas por desaparecidas. El pico de desaparición de este Plan Regional se concentra entre los años 2002 y 2003.
De acuerdo con el universo de personas desaparecidas en Colombia, que construye la Unidad de Búsqueda, durante el conflicto armado en el departamento del Casanare 1.886 personas fueron reportadas como desaparecidas, siendo los municipios de Aguazul, 293; Monterrey, 207 y Tauramena, 182, los de mayores registros.
Los cuerpos recuperados fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Villavicencio para agilizar el proceso de identificación, pues le corresponde por competencia.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
