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Sector de hidrocarburos puede ayudar a Colombia a mejorar sus indicadores económicos y de pobreza

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Francisco Lloreda

Ad portas del cambio de gobierno en Colombia, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas presenta el informe económico Escenarios de política energética y su impacto para los colombianos, sobre los aportes que el sector podría hacer al país en el próximo cuatrienio, e incluso en esta década. El informe presenta dos escenarios, uno de sostenimiento de la exploración y producción de petróleo y gas (Futuro A) y, en cambio, uno de debilitamiento de la exploración y producción de petróleo y gas (Futuro B).

En un contexto económico global que será retador para los distintos países por las presiones inflacionarias y la escasez de recursos energéticos y de abastecimiento global, el próximo Presidente de Colombia requerirá de recursos económicos para ejecutar su programa de Gobierno, que en todas las propuestas de los candidatos implica un aumento de gasto. Para financiarlo, la Nación requerirá de un aumento en sus ingresos, bien sea por la vía impositiva o por la dinamización de la economía a través de sectores capaces de generar recursos fiscales en gran proporción.

En el caso de la industria del petróleo y gas, en un escenario de sostenimiento (Futuro A), se estima que el sector generaría ingresos a la Nación por $105 billones en los próximos cuatro años y $227 billones hasta 2032, contribuyendo a la financiación de programas de desarrollo social, reactivación económica, diversificación productiva y energética y al equilibrio fiscal del país. Asimismo, aportaría $38 billones por regalías durante el próximo Gobierno, y $80 billones hasta 2032, que, con una coordinación de políticas públicas óptimas, contribuirían a mejorar la calidad de vida de las regiones del país, especialmente aquellas con mayores necesidades básicas insatisfechas (beneficiadas con regalías) y las productoras.

En contraste, en un escenario de debilitamiento (Futuro B), por desplome en producción se estima una pérdida de $18 billones de aportes fiscales y regalías de las empresas E&P a la Nación y las regiones. Por ejemplo, un departamento productor, como el Meta, dejaría de recibir $412 mil millones por regalías, recursos que equivalen a los ingresos destinados a fondos de salud y turismo del departamento; y uno no petrolero como el Chocó dejaría de recibir $70 mil millones, que hoy equivalen a la mitad de los ingresos del fondo local de salud del Chocó.

Por otro lado, en el Futuro A o escenario de sostenimiento de la industria, el impacto positivo también se refleja en las dinámicas económicas y sociales de las regiones, puesto que permitiría una contratación de bienes y servicios por $109 billones entre 2022 – 2026, mantener al menos 95 mil empleos, e impulsar inversiones socioambientales en las regiones por al menos $1,7 billones en este mismo periodo.

“Este es un momento crucial para el país, luego de la pandemia y el recrudecimiento de la pobreza que esta ocasionó, hay muchos desafíos en materia social, y este sector puede ser un gran aliado en la lucha contra la pobreza, pues los recursos que genere apoyarían la financiación de los principales programas de desarrollo del próximo gobierno, y permitirían apalancar la diversificación energética y productiva, mientras aprovechamos los recursos de petróleo y gas con los que cuenta Colombia en esta ventana de oportunidad única para el país”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

Dentro de los hallazgos más relevantes del informe, se resalta también la importancia que tiene para Colombia contar con petróleo y gas nacional (autosuficiencia energética), fundamental para mitigar el costo de los servicios públicos de luz, gas, y combustibles (gasolina y diésel), y, por tanto, el costo de vida. Al contrario, esta situación cambiaría si el país requiere importar desde 2026 (Futuro B), teniendo en cuenta que, con importaciones de petróleo y gas el país sería aún más vulnerable a tensiones internacionales, se encarecerían la energía, los insumos con los que se fabrican productos del diario vivir, insumos agrícolas, el dólar, tasas de interés, el endeudamiento público y privado, todo esto con repercusión para el costo de vida de los colombianos y la actividad de otros sectores productivos.

“Estos escenarios podrían ser el resultado de las decisiones de política energética que tome el próximo gobierno, para el caso del Futuro A, que aproveche la oportunidad y fomente el desarrollo de la industria y, para el Futuro B, que obstaculice el crecimiento del sector, de ahí que, como se evidencia, las decisiones que se tomen tendrán un impacto para todos los colombianos, especialmente para los de las regiones productoras de petróleo y gas, así como también para las menos favorecidas. Con este informe queremos presentar elementos que sirvan para el análisis y la toma de decisiones responsables a nuestros futuros gobernantes y ratificar que esta industria quiere ser aliada del próximo Gobierno en beneficio del país”, destacó el dirigente gremial.

Fuente: Asociación Colombiana de Petróleo y Gas

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En Villanueva, Juez declaró nulo Acuerdo Municipal que permitía legalizar asentamientos humanos

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El Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró en primera instancia la nulidad del Acuerdo Municipal 015 del 31 de agosto de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Villanueva, mediante el cual se delegaban facultades al alcalde para la legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos de origen informal.

La decisión judicial se fundamenta en irregularidades en el trámite del proyecto de acuerdo. Dentro del proceso se encontró que este proyecto de acuerdo era de iniciativa exclusiva del Alcalde para su presentación ante el cabildo, pero el mismo fue presentado por el concejal Juan Carlos Caldas Ramírez, lo cual vició el proceso.

El despacho concluyó que el acuerdo fue tramitado sin cumplir el requisito según el cual este tipo de iniciativas, que implican delegación de funciones del concejo, deben ser presentadas exclusivamente por el alcalde. Esta omisión fue considerada un vicio sustancial en la formación del acto administrativo. Al emitir concepto dentro del proceso, la Procuraduría estuvo de acuerdo en solicitar, de igual manera, la nulidad del mencionado Acuerdo Municipal.

En consecuencia, el juzgado determinó que el Acuerdo 015 de 2025 incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse, lo que llevó a declarar su nulidad. La demanda fue presentada por el ciudadano Elkin Almonacid Herrera, quien alega que la ejecución del acuerdo podría generar no solo daños patrimoniales al municipio sino riesgos ambientales, sanitarios, y ecológicos dada la eventual legalización de loteos ilegales sin servicios públicos.

El Concejo Municipal por su parte, rechazó las afirmaciones del demandante sobre supuestas intenciones ilícitas, favorecimientos políticos o encubrimiento de urbanización ilegal, señalando que tal afirmación carece de pruebas y constituyen apreciaciones subjetivas.

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Enerca le salió al paso a denuncias de presuntas irregularidades laborales de uno de sus contratistas

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La empresa de Energía y Gas de Casanare ENERCA, se pronunció frente a las denuncias que circulan en redes sociales y medios digitales sobre presuntas irregularidades laborales que denuncian personas vinculadas con un contratista de la entidad. Según explicó la entidad, los hechos señalados corresponden a actuaciones relacionadas con el Consorcio GE Gestión Energética de Casanare, encargado de ejecutar actividades comerciales enfocadas en la recuperación de pérdidas no técnicas de energía.

Ante la controversia, la empresa informó que actuó de manera inmediata solicitando al contratista un informe detallado que permita esclarecer cada uno de los casos denunciados, así como las acciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La respuesta busca determinar respuesta a las denuncias que se han venido conociendo.

ENERCA reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto por los derechos de los usuarios y la integridad de los trabajadores, asegurando que todos los procesos, tanto directos como tercerizados, deben ajustarse a la normatividad vigente en la prestación del servicio de energía.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice los canales oficiales de atención y denuncia, con el fin de reportar cualquier irregularidad. Esto, indicó, permitirá adelantar revisiones objetivas y garantizar que las situaciones sean atendidas con responsabilidad institucional.

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Alcaldía de Yopal entregó 22 kilómetros de vías rurales rehabilitadas en La Porfía y La Arenosa

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La Alcaldía de Yopal entregó la rehabilitación de 22 kilómetros de vías terciarias en las veredas La Porfía y La Arenosa, con el propósito de mejorar la movilidad rural y la conexión entre zonas productivas y comunidades campesinas.

Las obras fueron ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura dentro de la estrategia de recuperación vial impulsada por la administración municipal. Los trabajos incluyeron reconformación de calzada, extendido de material y compactación en corredores priorizados para el tránsito de productores, transporte de carga y desplazamiento de habitantes.

Uno de los tramos intervenidos corresponde al anillo vial de La Porfía y La Arenosa, que presentaba dificultades de acceso en temporada de lluvias. La intervención permitió mejorar las condiciones de tránsito y reducir los tiempos de desplazamiento hacia el casco urbano y otras zonas rurales.

Según la Secretaría de Infraestructura, la rehabilitación facilita el acceso a servicios de salud, educación y comercio, y hace parte de las acciones de mejoramiento de la red vial terciaria en sectores rurales del municipio.

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