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Revisan estado de los diques de los ríos Guatiquía y Guayuriba en Villavicencio
Una comisión de profesionales de Cormacarena se desplazó a los ríos Guatiquía y Guayuriba, para verificar el adecuado funcionamiento estructural de los diques de estas fuentes hídricas.
Las obras en el dique perimetral del río Guatiquía se construyeron desde el 2008 hasta el año 2015, gracias a la gestión de Cormacarena y con el apoyo de la Gobernación del Meta, Ecopetrol y entidades del orden nacional.
Una vez realizada la valoración técnica de las obras, se genera parte de tranquilidad para las comunidades del sector de Chorillano, Aldea La Aurora, Aeropuerto Vanguardia y El Cairo Alto en la margen izquierda; mientras que en la margen derecha se encuentra adecuadamente protegidos los sectores de Villa Suárez, Santa Helena, Villa Fabiola, Calamar, Topacio, Malvinas, Vencedores, Nueva Colombia y El Delirio, entre otros.
Estas estructuras han controlado el riesgo de inundación en los sectores mencionados, sin desconocer que la concentración de algunos chorros del río Guatiquía han afectado sitios conocidos como el sector de Bavaria en la margen izquierda y Covisan – Santa Helena en la margen derecha, por lo que se reitera y recomienda a la Administración Municipal, con el apoyo de la Gobernación del Meta, adelantar lo antes posible las medidas de mitigación, protección, recuperación y estabilización del dique en los sitios afectados, con el fin de que este continúe cumpliendo con su objetivo de evitar las inundaciones.
Señala Cormacarena, que es necesario reiterar a la Administración Municipal la urgente necesidad de intervenir la margen derecha (entre el puente Bavaria y el puente nuevo), dado a que pese a que la ladera es de buena altura, en los controles y seguimientos se han evidenciado fenómenos de remoción en masa, retrogresivos, que pueden generar afectaciones en el sector del caudal oriental.
También es prioritario, el cumplimiento ordenado por fallo judicial, para que la Administración Municipal y la Gobernación del Meta realicen obras que protejan adecuadamente el sector del Cairo Medio y Bajo, en la margen izquierda.
“Es conveniente aclarar que las afectaciones presentadas en los últimos días en el barrio Brisas del Guatiquía, obedecieron a los altos niveles que presentó el cauce del caño Parrado en la desembocadura al río Guatiquía, los cuales generaron lamentablemente pérdidas de vidas, 415 familias afectadas, 20 viviendas destruidas y más de 250 viviendas con afectaciones de importancia”, señala el informe de Cormacarena.
La Autoridad Ambiental recomienda a la comunidad que se ubica en el cauce activo y sobre el dique del río Guatiquía, ubicarse lo antes posible en zonas seguras, dado a que el período invernal se va a extender hasta mediados del mes de julio, por lo que los caudales y niveles del río continuarán aumentando en los próximos días, situación que puede convertirse en una tragedia anunciada.
Dique del Guayuriba
Para el caso de las obras realizadas en el río Guayuriba, estas funcionan adecuadamente en los sectores de río Negrito y Vegas de Guayuriba; sin embargo, no son suficientes, por lo que se presentan trasvases del río Guayuriba al río Negro en sitios no intervenidos, estos sectores ya han sido informados a la Administración Municipal y se requiere de manera urgente la realización de medidas de mitigación, con el fin de evitar un trasvase de cuencas, con las consecuencias que esto ocasionaría a la comunidad ubicada en la cuenca del río Negro.
El dique construido en el sector del Cocuy presenta afectaciones, situación que en este momento está siendo atendida por la Corporación, y se espera lograr su recuperación y la construcción de un nuevo tramo de dique antes de terminar la actual vigencia.
Cormacarena recomienda a la comunidad en general, para que con apoyo de las autoridades competentes permanezcan en sitios alejados de las fuentes hídricas, teniendo en cuenta el reporte del IDEAM, que indica que continuarán presentándose fuertes precipitaciones, lo cual incrementa los caudales y niveles de los ríos y sus afluentes, y también se generan movimientos en masa en zonas de ladera.
Fuente: Cormacarena
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
