ARAUCA
Tribunal Superior condena en segunda instancia a ex alcalde de Arauca
Al resolver en favor de la Fiscalía General de la Nación el recurso de apelación interpuesto, el Tribunal Superior de Arauca revocó parcialmente el fallo inicial y condenó, en segunda instancia, al exalcalde de Arauca William Alfonso Reyes Cadena, a dos funcionarios de su administración y a un particular como responsables del delito de peculado por apropiación, por la compra de Títulos de Tesorería (TES) con un costo de $16.000 millones en el año 2008.
Ante la argumentación del ente acusador, el alto tribunal impuso una pena de 13 años y 9 meses de prisión, además de una multa de $13.750 millones contra el ex mandatario local, de acuerdo con su grado de participación y rol en la defraudación.
Así mismo, condenó al entonces secretario de Hacienda, José Andrides Córdoba García, a 10 años de prisión; al coordinador de Rentas y Pagaduría de la época, Andrés Aníbal Herrera Bernal, a 8 años y 4 meses de cárcel; y al representante legal de la firma intermediaria Héctor Jairo Bonilla López, a 12 años y 9 meses de prisión, con una multa de $10.920 millones.
Adicionalmente, Reyes Cadena y Córdoba García fueron condenados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El Tribunal dictó órdenes de captura contra estas cuatro personas para que cumplan la pena en centro carcelario. Entre tanto, Bonilla López permanece privado de la libertad en una cárcel de Popayán (Cauca), por otro proceso de similares características.
Ante la providencia proceden los recursos de impugnación especial y casación.
- Títulos TES
En la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción se determinó que Reyes Cadena, siendo alcalde de la ciudad de Arauca, en octubre de 2008 firmó una resolución para la compra de Títulos de Tesorería (TES) con la posibilidad de recompra por valor de S16.000 millones, con una vigencia de 180 días y una rentabilidad del 2% mensual. Los recursos procedían de los excedentes de las regalías petroleras que tenía el municipio en una cuenta de ahorros.
La operación bursátil se hizo a través de una empresa intermediaria que era cliente de una comisionista de bolsa. El alcalde ordenó que los recursos fueran entregados a la comisionista y esta direccionara el dinero a la empresa Intermediaria de la cual era representante legal Bonilla López.
Para consolidar la maniobra ilegal se obtuvo un concepto favorable del citado secretario de Hacienda, al igual que los trámites administrativos para el desembolso de los recursos del director de Rentas y Pagaduría en mención.
Entre las irregularidades probadas en la etapa de juicio está el no acatamiento de normas que regulan las inversiones bursátiles, no hubo proceso de contratación pública y entregaron recursos a un particular que no brindaba la garantía de regreso de los dineros.
También se ejecutó la inversión con una empresa que no contaba con vigilancia de entidades oficiales ni estaba inscrita en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores. Por otra parte, los títulos TES nunca estuvieron en custodia física de la comisionista de bolsa y la empresa intermediaria entró en proceso de liquidación al poco tiempo de recibir los recursos de la Alcaldía.
Finalmente se estableció que Bonilla López, como representante legal de la empresa que recibió los recursos, destinó $5.821 millones para la compra de los títulos TES y destinó para actividades personales el dinero restante (pago de obligaciones bancarias en el exterior, compra de dólares, trasferencias a sociedades internacionales, pago de nóminas, servicios públicos, préstamos personales, tiquetes aéreos, además del pago de rendimientos financieros y reintegro de capital de inversión hecho por el Departamento de Cauca a su empresa). El total de lo apropiado irregularmente alcanzó los $9.147 millones.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
