CASANARE
Víctimas de falsos positivos cometidos en Casanare piden verdad
Ampliar las versiones de los comparecientes, convocar a otros civiles involucrados y restaurar el buen nombre de las familias y de las víctimas asesinadas, fueron las demandas puntuales que exigieron 40 víctimas que participaron en la audiencia pública de observaciones que se llevó a cabo en Yopal el 16 y 17 de julio.
Estas demandas de verdad y, observaciones de las víctimas, se hicieron después de conocer las versiones de 104 comparecientes que están vinculados con casos de ‘falsos positivos’ en Casanare y que se investigan dentro del caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.
Durante la diligencia los familiares de las víctimas detallaron cuáles fueron las afectaciones que sufrieron y señalaron lo que esperan del proceso judicial en la JEP. “Estas observaciones servirán para la contrastar con los informes, versiones, testimonios y demás elementos del acervo probatorio”, señaló el magistrado Oscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento. Actualmente, la Sala analiza 201 hechos cuestionados, de los 326 resultados operacionales de muertes en combate, correspondientes al periodo priorizado.
Los testimonios
“Quisiera saber si ellos rogaron por sus vidas en algún momento. Me gustaría saber qué pasó desde que los reunieron hasta que fueron ejecutados”, pidió Deyanira Achagua, hermana de dos víctimas que fueron presentadas como bajas en combate entre 2006 y 2007. Familiares de víctimas de Meta, Huila, Vichada, Cundinamarca y diversos municipios de Casanare, atendieron la convocatoria tras dos años de investigación, acreditación y diversos momentos de pedagogía y preparación para la diligencia.
Jorge Eduardo Avendaño Díaz, padre de otras dos víctimas señaló: “Quisiera decirles a los señores comparecientes que si están dispuestos a ayudarnos que nos ayuden con toda la verdad. Esa será una carga menos que vamos a tener”. Otras víctimas interpelaron directamente a los comparecientes, comentando fragmentos de sus versiones que les resultan “inconsistentes”, “incoherentes” o “mentirosos”. “Solicitamos a los victimarios no ser mezquinos en sus versiones. Negar hechos u omitirlos son una forma más de revictimización y exacerba el dolor”, les dijo Wilmer Andrey Pérez Betancour, quien tenía 11 años cuando su padre fue presentado como baja en combate por el grupo especial Delta 4 del batallón ‘Llaneros Rondón’.
Cada uno de los testimonios serán contrastados por la Sala con el fin de determinar los hechos y conductas de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate atribuidas a miembros y exmiembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional entre enero de 2005 y diciembre de 2008. Este fue el periodo caracterizado por la magistratura en la primera fase de la investigación. Carolina Castro, esposa de William Salamanca Cruz, quien fue presentado como baja en combate en la Operación Escorpión dijo que “gracias a la JEP tenemos la esperanza de saber la verdad. Queremos una verdad verdadera y no una verdad a medias”.
Entre los comparecientes que han entregado versiones hay un general, tres mayores generales, un brigadier general, siete coroneles y cuatro tenientes coroneles. Y los cargos ocupados por los 104 comparecientes que han entregado versión corresponden a un comandante de división, tres comandantes de brigada, un jefe de Estado mayor, varios oficiales de inteligencia, jefes de logística, dos comandantes del Gaula Casanare y dos comandantes del Batallón de Infantería 44 ‘Ramón Nonato Pérez’, además de cuatro exintegrantes del extinto DAS, incluyendo al exdirector de la seccional Casanare y tres terceros civiles.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz
El Tribunal Administrativo de Casanare, admitió la demanda de nulidad electoral con la que se busca la pérdida de la investidura de la actual concejal Karen Tatiana Vargas Unibio, del partido Nuevo Liberalismo.
El documento fue radicado por la ex candidata del mismo partido Yuly Yamary Barón Vargas, quien también aspiró a una curul del Concejo de Yopal.
El Tribunal señala que la demanda fue admitida en primera instancia, luego que la demandante cumpliera con los requisitos legales.
Sobre el radicado se tendrá que definir si procede la pérdida de investidura de la demandada quien presuntamente habría incurrido en dolo en la causal de que trata el inciso séptimo del artículo 109 de la Constitución Política, (“También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley”), y desarrollada en el artículo 26 de la ley 1475 del 2011 que hace referencia a la pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos.
Se confirmó que la Magistrada Sustanciadora en esta controversia, es la Doctora Inés del Pilar Nuñéz Cruz.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Bomberos Pore informó en horas de la noche del 26 de abril el cierre total de la vía Marginal del Llano (Pore – Yopal) sector de La Curama, por accidente un grave accidente de tránsito donde perdió la vida una pareja.
Las víctimas fueron identificadas como Wilson Vargas Fernández y Yelixa Magueli Laverde Goyeneche, quienes viajaban con su hija la cual fue trasladada al Hospital donde su pronóstico es estable.
Por ahora se desconocen las causas por las cuales la motocicleta impactó de frente contra una camioneta, serán las autoridades quienes determinen responsabilidades dentro del caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jorge Enrique Monroy Niño, inspector de policía cuarto de Yopal, quien le habría exigido dinero a un comerciante a cambio de no cobrarle un comparendo.
De acuerdo con la investigación realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se conoció que el 7 de abril de 2024 las autoridades que realizaron controles en establecimientos comerciales abiertos al público le impusieron un comparendo al dueño de una licorería por no cumplir con todos los requisitos legales.
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Según la Fiscalía, el comerciante se acercó a la inspección de policía número 4 de Yopal (Casanare) para averiguar por el procedimiento que debía seguir. Monroy Niño, presuntamente, aprovechándose de su posición de inspector de policía, le insinuó que podía obviar el pago de la sanción a cambio de una colaboración económica.
La víctima puso en conocimiento de estos hechos a la Fiscalía. Servidores del CTI coordinaron la entrega controlada del dinero que debía pagar y al momento que el inspector llegó al lugar fue capturado en flagrancia.
La Fiscalía le formuló imputación por el delito de concusión, cargo que no fue aceptado. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
