CASANARE
Víctimas de falsos positivos cometidos en Casanare piden verdad

Ampliar las versiones de los comparecientes, convocar a otros civiles involucrados y restaurar el buen nombre de las familias y de las víctimas asesinadas, fueron las demandas puntuales que exigieron 40 víctimas que participaron en la audiencia pública de observaciones que se llevó a cabo en Yopal el 16 y 17 de julio.
Estas demandas de verdad y, observaciones de las víctimas, se hicieron después de conocer las versiones de 104 comparecientes que están vinculados con casos de ‘falsos positivos’ en Casanare y que se investigan dentro del caso 03: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.
Durante la diligencia los familiares de las víctimas detallaron cuáles fueron las afectaciones que sufrieron y señalaron lo que esperan del proceso judicial en la JEP. “Estas observaciones servirán para la contrastar con los informes, versiones, testimonios y demás elementos del acervo probatorio”, señaló el magistrado Oscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento. Actualmente, la Sala analiza 201 hechos cuestionados, de los 326 resultados operacionales de muertes en combate, correspondientes al periodo priorizado.
Los testimonios
“Quisiera saber si ellos rogaron por sus vidas en algún momento. Me gustaría saber qué pasó desde que los reunieron hasta que fueron ejecutados”, pidió Deyanira Achagua, hermana de dos víctimas que fueron presentadas como bajas en combate entre 2006 y 2007. Familiares de víctimas de Meta, Huila, Vichada, Cundinamarca y diversos municipios de Casanare, atendieron la convocatoria tras dos años de investigación, acreditación y diversos momentos de pedagogía y preparación para la diligencia.
Jorge Eduardo Avendaño Díaz, padre de otras dos víctimas señaló: “Quisiera decirles a los señores comparecientes que si están dispuestos a ayudarnos que nos ayuden con toda la verdad. Esa será una carga menos que vamos a tener”. Otras víctimas interpelaron directamente a los comparecientes, comentando fragmentos de sus versiones que les resultan “inconsistentes”, “incoherentes” o “mentirosos”. “Solicitamos a los victimarios no ser mezquinos en sus versiones. Negar hechos u omitirlos son una forma más de revictimización y exacerba el dolor”, les dijo Wilmer Andrey Pérez Betancour, quien tenía 11 años cuando su padre fue presentado como baja en combate por el grupo especial Delta 4 del batallón ‘Llaneros Rondón’.
Cada uno de los testimonios serán contrastados por la Sala con el fin de determinar los hechos y conductas de los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate atribuidas a miembros y exmiembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional entre enero de 2005 y diciembre de 2008. Este fue el periodo caracterizado por la magistratura en la primera fase de la investigación. Carolina Castro, esposa de William Salamanca Cruz, quien fue presentado como baja en combate en la Operación Escorpión dijo que “gracias a la JEP tenemos la esperanza de saber la verdad. Queremos una verdad verdadera y no una verdad a medias”.
Entre los comparecientes que han entregado versiones hay un general, tres mayores generales, un brigadier general, siete coroneles y cuatro tenientes coroneles. Y los cargos ocupados por los 104 comparecientes que han entregado versión corresponden a un comandante de división, tres comandantes de brigada, un jefe de Estado mayor, varios oficiales de inteligencia, jefes de logística, dos comandantes del Gaula Casanare y dos comandantes del Batallón de Infantería 44 ‘Ramón Nonato Pérez’, además de cuatro exintegrantes del extinto DAS, incluyendo al exdirector de la seccional Casanare y tres terceros civiles.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz
CASANARE
Pacientes renales, CRUE y hospital itinerante víctimas del archivo del superávit en la Asamblea

Nuevamente, 4 diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental volvieron a cerrar la puerta a los recursos del superávit para Casanare. Por cuarta vez consecutiva, los diputados Juan Fernando Mancipe, Jorge Eduardo García, Marisela Duarte y Luz Mery Niño negaron el proyecto de ordenanza que pretendía incorporar al presupuesto de 2025 el superávit de 2024, decisión que impacta directamente la salud de miles de casanareños.
La secretaria de Salud, Tatiana Chávez Duque, advirtió que la medida frena proyectos estratégicos que estaban listos para ejecutarse. El más urgente: la apertura de la Unidad Renal del Hospital Regional de la Orinoquía, donde más de 230 pacientes con enfermedad renal en estado crítico esperan poder acceder a diálisis diarias sin depender de un operador privado que no logra cubrir la demanda. “Hoy estos usuarios seguirán viviendo entre ruegos y traslados, porque se les negó la posibilidad de un servicio digno en su propio departamento”, señaló la funcionaria.
Otros proyectos afectados
La lista de afectados no termina ahí. El Hospital Itinerante, uno de los programas de mayor impacto del actual gobierno, también quedó contra las cuerdas. La falta de recursos impide comprar equipos biomédicos exclusivos para esta estrategia, lo que obliga a movilizar aparatos del uso diario del HORO y deja todo el plan a merced de una eventual falla técnica. Se trata de un proyecto que ya ha llegado a más de 4.000 casanareños con cerca de 600 cirugías, y que ahora podría frenarse por lo que la secretaria calificó como “una decisión irresponsable”.
Otro frente crítico es la preparación frente a la fiebre amarilla. Aunque en Casanare no se registran casos, departamentos vecinos como Meta y Arauca sí reportan contagios y muertes. Sin recursos adicionales, la Secretaría de Salud no podrá contratar personal ni logística para responder ante un eventual brote, pese a que el territorio es endémico para el virus. “Estamos a nada de que el virus entre al departamento, pero nos quitaron las herramientas para reaccionar a tiempo”, advirtió Chávez.
CRUE y Línea Amiga afectados también
Tampoco se salvaron servicios vitales como el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que coordina la atención de accidentes de tránsito, emergencias médicas y la línea amiga para problemas de salud mental. Los recursos para su operación solo alcanzan hasta octubre, dejando incierta su continuidad en los últimos dos meses del año, en un departamento con altos índices de accidentalidad vial.
Mientras tanto, planes de fortalecimiento de hospitales públicos como Red Salud también se quedaron sin piso. La adquisición de equipos para urgencias y hospitalización, claves en una posible emergencia sanitaria, quedó en veremos. Desde la Gobernación, el llamado es a buscar salidas con el Ministerio de Salud, pero la incertidumbre es evidente. Lo que está claro es que, en medio de disputas políticas, los más golpeados son los pacientes casanareños, que ahora ven cómo sus necesidades quedaron relegadas al archivo de 4 diputados de la Asamblea.
Fuente: El Diario del Llano
CASANARE
A la cárcel los seis capturados en Casanare que extorsionaban a nombre del ERPAC

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces con funciones de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra seis personas, quienes se hacían pasar como integrantes del grupo armado Nuevo Renacer ERPAC, y que serían responsables de cometer actos de terrorismo y extorsiones en Trinidad, Villanueva y Monterrey.
Fiscales de la Seccional Casanare les imputaron, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, extorsión, extorsión agravada; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
¿Quiénes son los capturados?
Servidores del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) capturaron a Jorge Alexander Pulido Gil, alias “Polaco”, en el municipio de Trinidad quien, al parecer, contactaba a sus víctimas por mensajes de texto, a nombre del grupo armado, para exigirles altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra la integridad de su familia.
Según la Fiscalía, en uno de los casos alias “Polaco” envió un video de una casa que estaba siendo quemada, con una amenaza contra una de sus víctimas para infundir temor.
De otra parte, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, capturaron en Villanueva a Yeimi Andrea Pachón Vela, Luis Carlos Jiménez Armedia y Karen Lorena Hernández Bastos; quienes, según la Fiscalía, presuntamente, forzaban a ganaderos, comerciantes, agricultores, entre otros, para que pagaran altas sumas de dinero, a cambio de no atentar contra su integridad, la de su familia y sus bienes.
Se estableció, según la Fiscalía, que cada una de estas tres personas cumplía un rol diferente al interior de la organización delincuencial.
Por último, Jénifer Caroline Ríos Arteaga y Brayan Alexis Bedoya Roa fueron capturados en flagrancia por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula del Ejército Nacional, mientras exigían el pago de 11 millones de pesos a un comerciante de Monterrey, a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y sus bienes.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
CASANARE
46 motocicletas inmovilizadas el primer fin de semana con restricción de circulación en Yopal

46 motocicletas inmovilizadas por circular en horarios y sectores restringidos, un vehículo particular retenido, 63 órdenes de comparendo, de las cuales 3 correspondieron a conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol, es el balance de la primera semana de aplicación del decreto de restricción en la circulación de motocicletas en horario nocturno durante los fines de semana en Yopal, según balance de la Secretaría de Movilidad.
Con la implementación del Decreto 116 del 13 de agosto de 2025, se dio inicio a la restricción en la circulación de motocicletas durante los fines de semana en Yopal, medida que busca reducir accidentes y tragedias en las vías, y así motivar a quienes salen a altas horas de la noche, para que usen métodos de transporte diferentes.
Incumplir la norma tiene sanciones
La Administración Municipal recordó que incumplir las disposiciones del Decreto acarrea sanciones de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, en particular lo establecido en el literal C, numeral 14 del artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010, y demás normas aplicables. Las autoridades seguirán ejerciendo los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.
Más allá de las sanciones, este esfuerzo busca concientizar a la ciudadanía a cuidar la vida propia y la de los demás, de igual modo, se invita a mantener el compromiso por estas restricciones, entendiendo que cada decisión en la vía es un paso más hacia una con menos víctimas por siniestros viales.
Fuente: El Diario del Llano
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