ARAUCA
A prisión funcionarios y líderes sociales capturados en Arauca

La Fiscalía General de la Nación informó que identificó e impactó dos redes al servicio de las disidencias del frente décimo de las FARC. 16 presuntos integrantes de estas estructuras fueron capturados y enviados a la cárcel por su posible participación en diferentes acciones ilícitas en Arauca.
Red de apoyo
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 11 personas, entre funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, que harían parte de una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.
Abundante evidencia técnica y material de prueba, como testimonios, dieron cuenta de que habrían aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal. Asimismo, permitieron conocer que, supuestamente, identificaban víctimas para ser extorsionadas.
Los funcionarios que estarían involucrados, al parecer, otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de las disidencias para sacar provecho económico de los dineros del Estado. En otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado.
Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Octava División del Ejército Nacional capturaron a estas 11 personas en la ciudad de Arauca, Saravena, Tame y Fortul (Arauca); y en Bogotá. En los procedimientos se incautaron documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.
Entre los detenidos hay un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales (uno de Fortul y otro de Saravena), un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con amenazas falsas.
También fue capturada una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar integrantes de las disidencias que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.
Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.
Por disposición de la juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander), los procesados fueron enviados a prisión:
Los afectados con la decisión son:
- Alexander Botía Amaya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca. Tenía medidas de protección de la UNP y a su disposición un medio de comunicación, un botón de pánico o de apoyo y un chaleco blindado.
- Nini Johana Cardozo Dueña, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Hace parte del Consejo Nacional de Paz. Tenía medidas de protección de la UNP, la cuales eran extensivas a su núcleo familiar. Contaba con dos vehículos, uno de estos blindado; cuatro escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.
- Jhon Alexander Romero Acevedo, representante de una fundación de derechos humanos y exgerente de la Terminal de Transportes de Tame.
- Ruth Pita, concejal de Fortul y secretaria de la mujer de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).
- Camilo Espinel Manrique, concejal de Saravena y secretario de Educación de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA).
- Fredy Leonar Camargo Camargo, secretario de Planeación y de Infraestructura de Fortul.
- Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena.
- Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA). Tenía medidas de protección de la UNP y contaba con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.
- Diana Carolina Molina de la Ossa, enfermera en el Hospital de Saravena y representante departamental de víctimas. Tenía esquema de protección de la UNP con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado.
- Helber Alonso Ramírez Castro, empleado del Banco Agrario.
- Danilo Huertas Roldán, representante municipal de víctimas en Saravena.
Red de secuestros en Arauca
Por solicitud de un fiscal de la Seccional Arauca, un juez de control de garantías envió a la cárcel a cinco presuntos integrantes de una estructura de las disidencias del frente décimo de las Farc, que sería la responsable de varios secuestros, extorsiones y hurtos en el departamento.
Las investigaciones permitieron conocer que estas personas estarían involucradas directamente en dos acciones criminales ocurridas en la ciudad de Arauca.
El primer caso que se les atribuye sucedió el 24 de noviembre de 2020, en el barrio Corocoras. Hombres armados ingresaron a un inmueble y se llevaron a María Guillermina Bello Tineo, y a su hijo Manuel Alexi Bello. Las víctimas habrían sido trasladadas a territorio venezolano, donde permanecieron en cautiverio y días después fueron liberadas.
El otro evento está relacionado con el secuestro de Fernando Gámez Romero, dirigente comunal de la vereda Monserrate, a quien también le robaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le había sido asignada. Este líder social quedó en libertad 24 horas después de ser reportada su retención.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Octavio Guerrero Durán, Alba Carolina Durán Acosta y Daimer Pelayo Parada los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado y agravado. De otra parte, Rubén Arnaldo Benítez Gómez y Pedro José Castillo fueron judicializados por secuestro simple.
Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y el Grupo Gaula de la Policía Nacional.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
ARAUCA
En Arauca, Ejército denuncia uso de escudos humanos por parte del ELN en hostigamiento
ARAUCA
Indignación en Arauca por asesinato de ocho personas halladas en fosa común en Guaviare

Una profunda ola de indignación y dolor recorre el departamento de Arauca tras confirmarse el hallazgo de una fosa común en zona selvática de Calamar, Guaviare, con los cuerpos de ocho personas oriundas de esta región, reportadas como desaparecidas desde abril.
El macabro hallazgo, ocurrido el 30 de junio, fue atribuido al Frente Primero Armado Ríos de las disidencias de las FARC, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.
Entre las víctimas identificadas por Medicina Legal con apoyo de sus familias, se encuentran el líder religioso James Caicedo, pastor de la iglesia Cristiana Cuadrangular, y Nixon Peñaloza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pueblo Seco. Los otros fallecidos son Jesús y Carlos Valero, Marivel Silva, Isaías Gómez, Maryuri Hernández y Oscar Hernández.
Por orden de “Iván Mordisco”
De acuerdo con las autoridades, estas personas fueron citadas por el grupo armado entre el 4 y 7 de abril de 2025, acusadas de colaborar con una presunta célula del ELN. Tras ser interrogadas, habrían recibido la orden de ejecución directamente desde el círculo de alias “Iván Mordisco”. Posteriormente, fueron trasladadas a un predio abandonado donde se perpetró la masacre y se les enterró en una fosa común.
Las reacciones en Arauca no se han hecho esperar: líderes sociales, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos han expresado su repudio ante este acto atroz, exigiendo justicia y mayor presencia estatal en las regiones más afectadas por el conflicto armado. El crimen ha reavivado el clamor por el cese de la violencia y el respeto a la vida de los líderes comunitarios.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
ARAUCA
Con inversión del Ministerio de Salud y de la Gobernación de Arauca se comprarán 10 ambulancias

El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada informó la asignación de $3.300 millones de pesos destinados a la compra de 10 ambulancias que fortalecerán la capacidad de respuesta en atención y traslado de pacientes, especialmente en zonas rurales.
Durante su intervención, el gobernador explicó que esta inversión es posible gracias a la unión de esfuerzos entre el Gobierno Departamental, que aportará $1.700 millones en recursos de regalías directas, y el Ministerio de Salud y Protección Social, que asignó $1.600 millones mediante gestión nacional.
“Queremos agradecer al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ha demostrado su respaldo al Departamento. Esta es una inversión que salva vidas y fortalece nuestro sistema de salud”, expresó el gobernador, al tiempo que hizo un llamado a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca -UAESA- para que adelante el proceso de contratación en el menor tiempo posible.
Las 10 ambulancias serán distribuidas así: 7 ambulancias para la ESE Moreno y Clavijo, ubicadas en los municipios de Arauquita, Puerto Rondón, Cravo Norte, Fortul (2) y Tame (2); 2 ambulancias para la ESE del Sarare, que opera en Saravena; y 1 ambulancia para la ESE Jaime Alvarado, del municipio capital de Arauca.
El mandatario estuvo acompañado por la directora de la UAESA, Zuleima Mendoza; el secretario de Planeación Departamental, Germán León Coronel; y el gerente de la ESE Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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