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Confirman remoción de 6 miembros de junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de inspección y vigilancia a las Cámaras de Comercio, confirmó la decisión de ordenar la remoción de seis miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV), luego de resolver los recursos de reposición presentados por estos.
La decisión, se sustentó en dos consideraciones:
i) La Superintendencia de Industria y Comercio encontró que varios de los directivos investigados incurrieron en prácticas ilegales de coadministración en perjuicio de la CCV
ii) Se acreditó que todos los directivos investigados incumplieron sus deberes especiales porque removieron al Presidente Ejecutivo de la CCV con el propósito de mantener malas prácticas de administración, lo que llevó a la prolongada crisis del ente cameral.
Miembros de la Junta Directiva de la CCV sancionados:
- CARLOS ALBERTO LOTERO PRADA
- W SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., identificada con NIT 900.522.859-4, representada para el momento de los hechos de la investigación por HERIN CAMILA LÓPEZ RINCÓN.
- COLOMBIANA DE CONTRATOS Y SUMINISTROS S.A.S., identificada con NIT 900.479.938-4, representada para el momento de los hechos de la investigación por LUIS RODOLFO HERRERA SANTIAGO.
- MADGA YANETH ESQUIVEL NIETO
- JUAN DIEGO GARZÓN DÍAZ
- NANCY MEJÍA LADINO
La actuación que se inició con ocasión de múltiples quejas por parte de comerciantes de la región y de los demás directivos de la CCV
Actuaciones de los sancionados:
Los miembros de la Junta Directiva de la CCV que fueron investigados, con excepción de MADGA YANETH ESQUIVEL NIETO y JUAN DIEGO GARZÓN DÍAZ, incurrieron en prácticas ilegales de coadministración que afectaron la buena marcha de la entidad. Algunas de esas prácticas incluyeron su participación directa en la contratación del personal de la CCV, así como favorecer a proponentes en el marco de los procesos de selección de la entidad e intervenir de manera activa en la dirección de las diversas áreas de la CCV.
Esos comportamientos de coadministración comprometieron la gestión de la CCV y fueron desarrollados en beneficio exclusivo de los directivos investigados.
Así mismo, los seis directivos investigados incumplieron sus deberes especiales al determinar la remoción del Presidente Ejecutivo que había promovido la recuperación de la CCV desde el segundo semestre de 2019. Ese comportamiento fue ilegal porque los directivos removieron al funcionario para lograr que se mantuvieran las prácticas administrativas que provocaron la crisis de la CCV, que resultaban favorables para los intereses particulares de los directivos investigados. Además, esos directivos adoptaron la decisión de manera improvisada, sin identificar los riesgos asociados a ella y sin adoptar medida alguna para precaver la materialización de esos riesgos.
En ese sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que los seis (6) directivos investigados incumplieron los deberes a su cargo y afectaron la buena marcha de la CCV, por lo cual ordenó su remoción.
Los seis directivos investigados formularon recurso de reposición contra el acto administrativo con el que se decidió su remoción.
Una vez surtido el trámite correspondiente, el Superintendente de Industria y Comercio concluyó que existen suficientes pruebas que acreditan el comportamiento ilegal de los directivos sancionados y, en consecuencia, que no existe mérito para modificar la decisión de removerlos.
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
