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Campesino desplazado que evitó el reclutamiento de sus hijas por las FARC, regresará a su predio
Tras 16 años de padecer el desplazamiento forzado, Fidelino Robayo y su familia podrán regresar al predio que abandonaron por presiones de la guerrilla de las FARC en la vereda Santa Teresa del municipio de Villavicencio.
Gracias a las labores de acompañamiento judicial de la Unidad de Restitución de Tierras, la justicia ordenó la restitución del lote en el que esta familia podrá reconstruir su vivienda.
El infortunio para los Robayo comenzó cuando alias “Antonio” y otros integrantes del frente 53 de las FARC con presencia permanente en la zona, empezaron a enviarle cartas a las hijas de don Fidelino, donde las invitaban a que se fueran a vivir con ellos; les prometían una vida llena de beneficios y les decían que lo único que debían hacer era cargar el fusil y pasearse por la vereda.
La reacción de esta familia ante el intento de reclutamiento de las menores fue aprovechar la época de vacaciones para llevarlas donde su madre al casco urbano de Villavicencio. Cuando la guerrilla se enteró que las menores salieron de la vereda, amenazaron de muerte al padre obligándolo a desplazarse y dejar abandonado el predio.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Wilson Leyton, indicó que la Unidad brindó el acompañamiento judicial para que esta familia lograra recuperar su predio. Ahora esta familia volverá a tener un techo digno y un proyecto productivo para su estabilización económica.
Los Robayo también tendrán derecho a los demás beneficios de las entidades del Estado como salud, educación, alivio de pasivos y no menos importante: reconstruir la casa que, con el paso de los años, la maleza destruyó. La Unidad continuará trabajando para brindar acompañamiento jurídico a más familias y lograr que los reclamantes vuelvan a su tierra.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
