META
Contraloría revela irregularidades en contrato firmado por Alan Jara
La Contraloría General de la República encontró irregularidades por $3.247 millones de pesos en la ejecución del contrato de obra suscrito por la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) para la construcción del punto de atención de víctimas del conflicto armado, en el municipio Granada.
De esta manera, el órgano de control resolvió una denuncia ciudadana relacionada con el contrato de obra No 048 de 2015, cuyo objeto fue “LA CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, el cual fue suscrito durante el cuarto y último año de gestión del Ingeniero Alan Jara Arzola como Gobernador del Departamento del Meta (2012-2015).
Se trata de un nuevo caso de irregularidades fiscales detectadas por la CGR y originadas por eventos ocurridos bajo la administración del exgobernador Jara Arzola, con la participación directa de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM. El proyecto estaba financiando con recursos de regalías.
El contrato cuestionado fue suscrito el 14 de abril de 2015 y tiene acta de inicio del 24 de junio del mismo año, contemplando un plazo de ejecución de 7 meses.
En las visitas del equipo Auditor de la CGR se pudo establecer que se ejecutaron algunas actividades de obra pactadas en el contrato No. 048 de 2015, entre la cuales están la placa de piso, la placa de entre piso, la escalera, algunos muros, columnas y viga aérea, pañetes, varios ítems de la red hidrosanitaria y eléctrica, el tanque subterráneo, algunas obras de urbanismo, parte de la cubierta y los algunos acabados en general.
Sin embargo, resulta también evidente que las actividades mencionadas están inconclusas y en estado de abandono.
Progresivo deterioro
De acuerdo con acta parcial de obra N°.2 de fecha 18 de abril de 2017, se evidencia que el porcentaje de avance físico fue del 30,67% en relación con la ejecución presupuestal pagada al contratista que obtuvo un avance del 65,34%, incluyendo el anticipo.
Debido a que no se ha construido la totalidad de la cubierta de la edificación, entre muchos otros ítems pendientes, la estructura está expuesta a la intemperie. Además, la constante exposición a condiciones climáticas y carencia de mantenimiento provocan el deterioro progresivo de los elementos construidos, generando pérdida de algunos materiales como aceros de refuerzo para viga y columnas. Estas columnas no fueron fundidas y tienen expuesto su acero.
Uso ineficiente de los recursos y seguimiento inadecuado
Las deficiencias descritas han sido ocasionadas por la falta de continuidad en la ejecución de los procesos constructivos del proyecto, así como el deficiente control y seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) a través a través de la supervisión designada.
Tal situación permitió el incumplimiento de los tiempos establecidos para la construcción y entrega de la obra, lo que en consecuencia conlleva a la no satisfacción de la necesidad que se pretendía suplir por medio del contrato No.
048 del 14 de abril de 2015.
La Contraloría consideró que, como consecuencia de lo anterior, se presentó una gestión fiscal antieconómica e ineficaz del contratista y del gestor fiscal, por un uso ineficiente de los recursos, inefectividad en el control y seguimiento inadecuado, pues se produjo y se permitió un manejo indebido de los recursos entregados, causando el incumplimiento de las metas y del objeto contractual, dejando la necesidad planteada en el proyecto insatisfecha e incumpliendo con los fines esenciales del Estado.
Fuente: Contraloría General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
