Ante los nueve hallazgos administrativos revelados por la Contraloría General de la República, el gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Bestene, aclaró en rueda de prensa con medios de comunicación regionales, que esos hallazgos pertenecen a las administraciones pasados y no al gobierno Humanizando el Desarrollo.

Asimismo, señaló que cuatro de los hallazgos son con posible incidencia fiscal por valor de $23.386 millones, ocho con presunta connotación disciplinaria y una indagación preliminar por $178 millones, pues así lo determinó la Contraloría General, tras auditar 25 proyectos financiados con recursos de regalías en Arauca.

El Gobernador también aseguró que el organismo de control cuestionó el desarrollo de contratos de obras inconclusas como el Complejo Ferial del municipio de Arauca y donde se ha estimado un detrimento patrimonial de $10.748 millones, y el Centro de Atención Especializada al Menor Infractor, que también en esta capital araucana, que tampoco se encuentra en funcionamiento y donde se configura un hallazgo fiscal por $8.442 millones.

Otro proyecto cuestionado es el de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial del municipio de Arauquita, por valor de $23.638 millones, donde la única actividad que se ha realizado es la adquisición de maquinaria por un valor de $5.950 millones, y la planta móvil de trituración y la planta móvil de producción de asfalto se encuentran a la intemperie y en abandono.

De acuerdo con la CGR , el proyecto de construcción de la segunda etapa del Complejo Ferial de Arauca fue concebido con el propósito de suplir la necesidad que tiene el municipio de un lugar técnicamente apropiado, con área suficiente para el desarrollo de actividades y exposiciones agrícolas, ganaderas, agroindustriales, turísticas empresariales y comerciales.

Con este fin, se celebraron dos contratos de obra, uno en el 2013, por valor de $8.530 millones, para la construcción del recinto ferial; y otro en el 2015, por $3.086 millones, para la construcción de las vías de acceso y parqueaderos.

Adicionalmente, se celebraron dos contratos para la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de cada una de las obras, uno en el 2013, por valor de $496 millones, para la primera; y otro en el 2015, por $153 millones, para la segunda.

Así mismo, en el 2013, el departamento de Arauca suscribió un contrato de obra para la “Construcción del Centro de Atención Especializada al Menor Infractor” por un valor inicial de $6.085.858.396, con una duración de 8 meses y la supervisión a cargo de la Secretaría de Gobierno y Seguridad. Adicionalmente, se suscribió el contrato de interventoría técnica por un valor de $320.000.000.

Durante la ejecución del contrato se presentaron 10 suspensiones por 20 meses, dos ampliaciones en tiempo por 4,5 meses y se realizó una adición en valor de $2.036.679.314.

En el análisis realizado por la CGR se encontró que los estudios previos fueron deficientes, ya que el diseño definitivo del Centro no estaba aprobado por la subdirección de responsabilidad penal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, situación que llevó a múltiples suspensiones y prórrogas, retrasando considerablemente la ejecución del contrato.

Actualmente, la obra está inconclusa y no se encuentra en condiciones aptas para entrar en funcionamiento, por lo que se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $8.442 millones de pesos.