El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), permitió la desarticulación de una estructura criminal señalada de ingresar ganado de contrabando de Venezuela.

En la operación desarrollada en los departamentos de Arauca y Meta fueron capturadas 12 personas (dos funcionarios del ICA, cinco exfuncionarios de la misma entidad, un vacunador y cuatro ganaderos). Los detenidos quedaron a disposición de un fiscal seccional de Arauca y fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, favorecimiento y facilitación del contrabando, y favorecimiento por servidor público.

El proceso investigativo surgió de una denuncia instaurada por el ICA, en la que alertó sobre el aumento desmesurado de los inventarios de ganado de algunos comerciantes en Villavicencio (Meta).

En las verificaciones se constató la existencia de un grupo de ganaderos conformado por integrantes de una misma familia que, con el presunto auspicio de funcionarios del ICA, habría insertado datos falsos y obtuvo ilícitamente guías de movilización para dar apariencia de legalidad a varias cabezas de ganado que ingresaron de contrabando.

De acuerdo con el material probatorio recopilado, los ganaderos vinculados a la actividad ilegal usaban una propiedad de 494 hectáreas, ubicada en la vereda Feliciano, en Arauca, y cruzaban desde Venezuela ganado a pie por vías terciarias y caminos de herradura. Los semovientes supuestamente eran agrupados en los predios de la familia y posteriormente comercializados a otros comerciantes de la región.

Las labores de investigación criminal evidenciaron que los funcionarios, valiéndose de sus cargos, presuntamente ingresaron información errónea a la base de datos del ICA para beneficiar a los contrabandistas de ganado bovino y permitirles aumentar su censo poblacional.

Esta actuación ilegal habría contribuido a que Colombia perdiera el estatus sanitario que otorga la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), toda vez que parte del ganado que entró de contrabando sería portador de fiebre aftosa, situación que puso en riesgo la salud de los consumidores.

Otras de las irregularidades en las que supuestamente incurrieron los funcionarios y exfuncionarios del ICA vinculados al proceso son:

• Cargar guías al sistema sin el certificado de embarque.
• Ingreso y modificaciones a los sistemas en horarios no laborales.
• Cargue del Registro Único de Vacunación contra la Aftosa con cantidades superiores a las reportadas en los soportes y archivos planos de vacunación oficial.
• Cargue de pruebas diagnóstico con soportes y documentos PDF que no corresponden a los resultados de las pruebas de laboratorio.
• Alteración de las Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animales originales e inclusión de información que no corresponde a los datos reales.

Los investigadores obtuvieron elementos que darían cuenta de que los ganaderos, al parecer, simularon movilizaciones para obtener cupos ganaderos y transportar 417 bovinos de contrabando, avaluados comercialmente en más de 783 millones de pesos.

Fuente: Fiscalía General de la Nación