META
Arroceros pagan el triple por fletes debido a cierre en vía al llano
Pasaron de cancelar $75.000 a $175.000 por tonelada
El cierre temporal, por tres meses, de la vía al Llano, por los continuos y diversos derrumbes que han afectado la banca e incluso puentes, ya empezó a tener un impacto en los productores agropecuarios de esa amplia región colombiana que deben asumir costosos fletes por las mayores distancias que hay que recorrer para poder sacar los productos de las zonas de producción a los grandes centros de consumo fuera de los Llanos, por vías alternas.
Uno de los sectores más afectados con las restricciones viales entre Bogotá y Villavicencio es el sector arrocero. Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, señaló que el primer impacto será en los insumos, los fertilizantes, la urea, los abonos que hay que llevar al Llano, los cuales ya tienen mayores fletes. Igual sucede con los combustibles.
El dirigente gremial dijo, además, que las mayores dificultades se darán a partir del 15 de julio cuando empiece a recogerse la gran cosecha… el Llano tiene una capacidad de almacenamiento, pero de las 500 mil toneladas de arroz blanco que se producen, hay que sacar 350 mil a Bogotá, y estás tendrán mayores fletes.
Recordó que, en condiciones normales, los productores de arroz pagaban fletes de 75 mil pesos por tonelada de arroz transportada y hoy, con los mayores recorridos que se deben hacen en las vías alternas se pagan hasta 175 mil pesos por tonelada, casi el triple. “Eso impactará en el precio final al consumidor”, sostuvo Hernández.
Emergencia económica
Aunque Fedearroz había pedido al Gobierno Nacional declarar la emergencia económica, el presidente Duque solo optó por un paquete de medidas para afrontar la situación. “El temor que nos da es que no haya presupuesto suficiente, la declaratoria de emergencia era para disponer rápidamente de recursos, además el cierre de la vía puede extenderse”, anotó.
El presidente de Fedearroz cree que la situación tendrá un impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio y de meses sucesivos.
Aunque el Gobierno ofreció algunos incentivos al almacenamiento (ver recuadro), dijo que la cifra anunciada por el Ministerio de Agricultura, de $22.100 millones “no será suficiente. Se requieren $40 mil millones”, señaló.
Incentivos
Para afrontar esta situación, el Ministerio de Agricultura anunció que ha asignado $22.100 millones en incentivos para la comercialización, almacenamiento y coberturas de precios de diversos productos agropecuarios, producidos en la región de los Llanos. “Utilizaremos $1.125 millones para los productores de los Llanos Orientales. El recurso ayudará a subsidiar un porcentaje del 60% para grandes, 70% para medianos y del 80% para pequeños del valor del instrumento de cobertura.”, agregó el jefe de la cartera agropecuaria.
El otorgamiento de incentivo al almacenamiento de arroz es a razón de $29.000 por cada tonelada que se almacene mensualmente. Esto hasta por un máximo de tres meses.
Fuente: El Universal
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
