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Comisión de la Verdad inició su recorrido por el Llano escuchando a víctimas y victimarios

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“Hay víctimas encarceladas por su silencio que quieren contar la verdad, como hay muchos paramilitares y guerrilleros que se han acercado a hablar con la Comisión de la Verdad”, expresó el comisionado de la entidad en la región Orinoquia y Amazonia, Alfredo Molano.

La revelación la hizo el comisionado al hacer el anunció que ya comenzó el trabajo de recorrer la región para recoger testimonios e información, que permita construir una explicación más amplia y profunda de las causas de la guerra en el país.

La información será recogida desde el año 1958 con la creación del Frente Nacional cuando cambio el carácter del conflicto armado de político partidista a más social, dijo Molano.

Esta regional comprende al sur de Yopal, la mitad del departamento de Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Caquetá, que incluye las zonas de colonización mestiza de los ríos Guayabero, Itilla y Unilla.

En esa área se dispondrá de tres casas de la verdad ubicadas en Villavicencio, San José del Guaviare y Florencia, con profesionales que estarán encargados que salir a hablar con la gente para recoger testimonios, mientras que otros se encargarán de acopiar información ya recogida que reposa en bases de datos, en memorias personales y en archivos institucionales.

En la región Orinoquia Amazonia hay un director, con cuatro o cinco investigadores principales que se va encargar de recoger la información en los territorios a través de entrevistas individuales, colectivas, en profundidad y de otras modalidades, que junto con la que se ubique en los archivos será llevada a programa de tecnología para que toda pueda ser utilizada.

El trabajo se cumplirá en tres años, el 2019 estará dedicado a la recolección de la información que será depurada y contrastada, el 2020 al análisis y el 2021 a la redacción del informe final.

En todo el país la Comisión de la Verdad aspira recoger 20.000 testimonios y en esta regional unos 2.000 y en ese sentido ya se han empezado a dar los primeros pasos, dijo el comisionado regional.

Molano afirmó que así como hay víctimas, paramilitares y guerrilleros que están dispuestas a hablar también “hay un sector del país que tiene el miedo a la verdad, a quienes vamos a tratar de hacerles entender la importancia política que tiene la verdad”.

Mencionó que se tiene la obligación moral y legal de recoger toda la información de los hechos cometidos por las Farc, circunstancia que se ha abierto a raíz de la entrega de armas y va a ser uno de los capítulos más novedosos del trabajo. Aun cuando reconoció que será un obstáculo innegable hacer el trabajo en los sectores donde hay presencia de las disidencias de las Farc.

En el Meta también se hará un capítulo sobre el genocidio de la Unión Patriótica y en el trabajo de recolección de información se tendrá en cuenta a todas las poblaciones, incluidas mujeres, comunidades lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI), niños, jóvenes y personas de la tercera edad.

Molano, finalmente, invitó a los empresarios que quiera contar su verdad con relación con los paramilitares para que se acerquen porque la Comisión de la Verdad, toda vez que su versión no tiene carácter judicial, el trabajo es de carácter ético y moral para comprender lo que le pasó al país y para que no se vuelva a repetir.

Fuente: www.eltiempo.com

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán

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Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.

Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.

Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.

El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.

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Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.

Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.

Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.

Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.

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