En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare falló a favor de la Acción Popular interpuesta por el concejal Jorge Leonardo Infante Tovar y declaró que el Municipio de Yopal y la Asociación de Municipios ASOSUPRO vulneraron el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público al omitir el cobro de las estampillas municipales en los contratos celebrados dentro del Convenio Marco de Cooperación 1001.84.1668 de 2022.

Según el fallo, ASOSUPRO ejecutó diversos proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías sin efectuar el recaudo de contribuciones como la estampilla Procultura, Pro Adulto Mayor, Pro Deporte y Fondo de Seguridad. Esta omisión, advirtió el Tribunal, generó un detrimento a los programas sociales que dependen de dichos recursos y evidenció un uso inadecuado de la figura de los convenios interadministrativos.

El Tribunal ordenó a la Alcaldía de Yopal iniciar un proceso de fiscalización, determinación y cobro de las estampillas en cada uno de los contratos celebrados por ASOSUPRO, suspendiendo temporalmente los términos de prescripción mientras se ejecuta la sentencia. Además, el municipio deberá elaborar en un plazo de cuatro meses un informe detallado sobre los tributos recaudados y pendientes.

Se conformó un comité de verificación integrado por el magistrado ponente, el concejal accionante, el alcalde de Yopal, el secretario de Hacienda, el representante de ASOSUPRO, un delegado del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio Público, para garantizar el cumplimiento del fallo que busca restablecer los recursos públicos destinados a la cultura, el deporte y los adultos mayores del municipio.

El cabildante calificó el fallo como histórico, en defensa del patrimonio público de Yopal. Se estima que el municipio dejó de percibir más de $7.000 millones, recursos que debieron destinarse a programas sociales, Adulto mayor, cultura, deporte y seguridad ciudadana.

El senador Alirio Barrera denunció públicamente lo que calificó como una “persecución política y judicial” en su contra y la de su familia, que —según él— busca “encochinar su nombre” y afectar su imagen en medio de la coyuntura electoral en Casanare. Barrera aseguró que detrás de estos hechos estarían algunos funcionarios de organismos como la SIJIN y el CTI, presuntamente al servicio de intereses políticos de sectores contrarios.

El congresista recordó que hace tres años su yerno fue capturado de manera irregular, en un hecho que calificó como un “espectáculo mediático”, pues horas después fue dejado en libertad al comprobarse que se trató de un error. “Lo hicieron ver como un delincuente, le destruyeron la vida y luego simplemente dijeron que había sido un error”, expresó Barrera, quien afirmó que el proceso fue archivado por la Fiscalía en Bogotá.

Según el senador, la semana anterior se repitió una situación similar cuando su yerno fue nuevamente detenido en un centro comercial de Yopal sin orden judicial ni denuncia en su contra. “Lo capturaron delante de su esposa, su hija y sus hermanos, sin ninguna orden de captura o conducción, para después decir otra vez que se trató de una confusión. Eso es inaceptable”, señaló, advirtiendo que el procedimiento fue irregular y que incluso ingresaron a una propiedad privada como es el Centro Comercial sin autorización.

Barrera aseguró que estos hechos no son aislados, sino parte de una estrategia política para desprestigiar a su familia. “Nos tienen vigilados, nos siguen con drones que llegan a la casa, nos interceptan los teléfonos y nos infiltran con personal de seguridad. Es una persecución sistemática”, afirmó, señalando que algunos funcionarios estarían actuando bajo órdenes de sectores políticos que buscan afectar las aspiraciones suyas y de su esposa, Marisela Duarte, en el escenario regional.

El senador anunció que presentará las pruebas recolectadas ante el Congreso de la República y en instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, pedirá la intervención de la Dirección Nacional de Fiscalías y de la Policía Nacional para investigar lo que considera un abuso de poder y una violación a los derechos fundamentales de su familia.

“Respeto a las instituciones, pero hay funcionarios que se están prestando para hacer favores políticos. Ya lo hicieron antes de unas elecciones y ahora lo vuelven a hacer. No pueden seguir usando la justicia para ganar campañas”, puntualizó el senador Barrera, quien pidió garantías para ejercer su actividad política sin persecuciones ni hostigamientos.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció una inversión de $40.000 millones para fortalecer la infraestructura aérea del departamento, tras una reunión con el director de la Aeronáutica Civil, brigadier general (r) José Henry Pinto, el representante a la Cámara Hugo Archila y el secretario de Desarrollo Económico de Yopal, Rodrigo Chaparro.

Del total de los recursos, $18.000 millones se destinarán al proceso de internacionalización del aeropuerto El Alcaraván de Yopal, que contempla estudios y diseños del terminal de carga, construcción de su infraestructura, rehabilitación de la pista y adquisición de terrenos para su ampliación.

El convenio interadministrativo entre el departamento de Casanare, la Alcaldía de Yopal, la RAP Llanos y la Aeronáutica Civil será firmado este viernes 7 de noviembre, consolidando un avance determinante en la modernización del principal aeropuerto de la región Orinoquia.