ARAUCA
En Arauca 238 familias esperan desde el 2013 que les entreguen sus viviendas
Hallazgos con presunta incidencia fiscal por $7.299 millones provenientes de regalías detectó la Contraloría General de la República, en una auditoría a un proyecto de vivienda de interés prioritario en el municipio de Arauca, que se convirtió en un completo fiasco.
Se trata del proyecto “Los Laureles I”, en la comuna tres del municipio de Arauca, que se está ejecutando a través de un convenio de cooperación entre la Gobernación y la Caja de Compensación de Arauca – Comfiar, donde las viviendas, que no ha sido entregadas a sus 238 beneficiarios, no cuentan con energía y alcantarillado, tienen problemas técnicos y constructivos y no se ha podido realizar su respectiva titulación.
El proyecto presenta una serie de problemas técnicos y de gestión predial, que están afectando a la comunidad que se beneficiaría de esas obras, ya que las viviendas no han sido entregadas. El proyecto que se viene ejecutando desde 2013, se encuentra en total incertidumbre y está catalogado como crítico por el Departamento Nacional de Planeación.
Además. no cuenta con los servicios públicos de energía y alcantarillado, dado que no existen condiciones técnicas para poder recibir y distribuir internamente el agua y la electricidad. En el caso de la energía, no existen instalaciones eléctricas terminadas, no se han realizado las solicitudes de inspección para lograr el certificado RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), ni tampoco se han tramitado ante la empresa Enelar ESP las matrículas y medidores de energía.
En cuanto al servicio público de acueducto, no existe infraestructura que permita el suministro a cada vivienda, ya que a pesar de que Emserpa ESP da disponibilidad del servicio a la entrada del conjunto residencial, no es posible la distribución interna por la falta de tanques, motobombas o cualquier solución de bombeo de agua potable.
Ante lo observado, no existe respuesta que garantice solución y entrega de las 238 viviendas a los beneficiarios.
Las 238 viviendas serían subsidiadas en un 95% mediante convenio con la Caja de Compensación de Arauca -Comfiar, donde los beneficiarios solo tendrían que aportar $2 millones de los $45 millones que cuesta cada vivienda; es decir que con los recursos de regalías, se estaba cubriendo casi que la totalidad del costo.
A lo anterior se suman problemas con la titulación de las viviendas para los beneficiarios, debido a varios inconvenientes en el replanteamiento del lugar de la obra, dado que la Secretaría de Planeación ha tenido muchos contratiempos para hacer esa titulación.
Hasta el momento, ningún beneficiario tiene una casa asignada y no se les ha podido realizar ningún trámite notarial que los certifique como propietarios de estas viviendas.
Fuente: Prensa Contraloría General de la República
ARAUCA
JEP acepta sometimiento de General (r) de la Fuerza Aérea, por la masacre de Santo Domingo en Tame
La JEP aceptó el sometimiento del brigadier general (r) Sergio Andrés Garzón Vélez, exintegrante del Comando Aéreo de Combate No. 2 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El exintegrante de la fuerza pública ha sido aceptado como compareciente forzoso en el marco del proceso relacionado con los hechos conocidos como la ‘Masacre de Santo Domingo’, ocurridos el 13 de diciembre de 1998, en Tame (Arauca).
La JEP determinó que los testimonios y aportes a la verdad hechos por Garzón Vélez revelan hechos y responsabilidades previamente desconocidas o no acreditadas con prueba directa, como el ametrallamiento de civiles desde aeronaves de la FAC y maniobras orientadas a encubrir a altos mandos militares que tuvieron conocimiento de lo sucedido.
¿Cómo fueron los hechos?
De acuerdo con el relato del ahora compareciente Garzón Vélez, con base en información de inteligencia militar, se conoció que el sábado 12 de diciembre de 1998 aterrizaría una avioneta en inmediaciones del caserío Santo Domingo, zona rural de Tame, la cual, presuntamente, llevaría dinero o armas para actividades de la guerrilla relacionadas con narcotráfico.
Con esa información, tropas de la Brigada 18 del Ejército y del Batallón Contraguerrilla No. 36 pusieron en marcha las operaciones militares denominadas ‘Relámpago I y II’ y ‘Pantera’. En esa operación las tropas refirieron haber entrado en combate con cerca de 250 guerrilleros de las Farc-EP, y que dicho combate se extendió a los días siguientes, por ello se requirió el apoyo de la Fuerza Aérea.
En la operación de apoyo aéreo participaron seis aeronaves, cinco helicópteros y un avión Skymaster. Uno de los helicópteros estaba armado con un dispositivo explosivo tipo clúster o de munición racimo, compuesto por seis granadas o bombas de fragmentación, cada una de 20 libras. En medio de los enfrentamientos, los pilotos de dicho helicóptero decidieron lanzar de forma indiscriminada el artefacto explosivo sobre la zona poblada de la vereda Santo Domingo, sin hacer distinción entre pobladores y combatientes, lo que provocó la muerte de 17 civiles, incluyendo niñas, niños y mujeres, y dejó heridas a otras 21 personas, todas identificadas como no combatientes.
El Estado fue declarado responsable
Las investigaciones en instancias judiciales nacionales e internacionales sobre estos hechos, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), han determinado la responsabilidad del Estado colombiano en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el análisis de la Sala, los miembros de la FAC no suspendieron las acciones bélicas a pesar de tener la capacidad y preparación necesaria para hacerlo. Además, hay evidencia de que los tripulantes fueron advertidos de la presencia de civiles en la zona, pero decidieron continuar con el bombardeo, lo que conllevó a causar la muerte y lesiones a personas protegidas por el DIH, en estado de indefensión.
Reconoció su responsabilidad
De los aportes de verdad dados por Garzón Vélez, la Sala destaca el reconocimiento de su responsabilidad en el ametrallamiento de civiles luego de haber sido lanzada la bomba racimo sobre el caserío. El ahora compareciente reconoció que dirigió los disparos hacia el perímetro en el que se encontraban personas vestidas de blanco que huían de la zona, sin verificar si se trataba de civiles o de combatientes. Así mismo, Garzón propuso participar en un acto de reconocimiento y en un encuentro con las víctimas como acciones restaurativas.
Para resolver su situación jurídica, los comparecientes deben hacer aportes de verdad que satisfagan las demandas de las víctimas, reconocer responsabilidad en los hechos en los que participaron y hacer acciones restaurativas que apunten a enmendar el daño causado a las víctimas y a las comunidades afectadas.
Participación de las víctimas
En el marco de este proceso, la JEP ha ordenado convocar a las víctimas directas sobrevivientes y a los familiares de las personas fallecidas o heridas que deseen acreditarse para ejercer sus derechos ante esta Jurisdicción. La convocatoria busca garantizar su participación y el acceso a medidas de verdad, justicia, restauración y no repetición. Hasta la fecha, dos personas han sido acreditadas formalmente.
La JEP reafirma su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la centralidad de las víctimas y la construcción de una memoria colectiva basada en la verdad, invitando a todas las personas afectadas por los hechos del 13 de diciembre de 1998 a sumarse a este proceso.
Para más información sobre el proceso de acreditación de víctimas ante la JEP, visite la página web www.jep.gov.co, consulte la sección ‘Participa’ y haga clic en la ventana ‘Participación de víctimas en la JEP’. También puede enviar un correo electrónico a info@jep.gov.co, comunicarse con la línea de atención nacional 01 8000 180602 o a través de nuestro canal de atención en WhatsApp: (+57) 320 779 0909.
Fuente: Comunicaciones JEP
Un lamentable accidente ocurrió el pasado martes 10 de junio en la vereda Las Nubes, cerca del centro poblado de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca.
Un joven venezolano de 24 años, identificado como Josué Soto Betancourt, resultó gravemente herido tras pisar una mina antipersonal mientras guadañaba maleza en una parcela junto a un amigo.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, el Gaula Militar y la Policía Nacional, fueron capturados seis presuntos integrantes del ELN, Frente “Domingo Laín Sáenz”, en distintos municipios del departamento de Arauca.
Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien destacó que entre los detenidos se encuentra alias “Puchica” o “Negro”, señalado como cabecilla coordinador de esta estructura criminal.
Los otros capturados fueron identificados con los alias de “Don José”, “Luis” o “Guajibo”, “Carrao”, “Elio” o “Memo”, y “David” o “Muelas”. Todos fueron aprehendidos por orden judicial y son señalados por su presunta participación en acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil, en una de las regiones más golpeadas históricamente por el accionar del ELN.
Golpe directo a la estructura del mando
Según el ministro Sánchez, esta operación representa un golpe directo a la estructura de mando, logística y control territorial del ELN en Arauca, debilitando su capacidad operativa en la zona. “Seguimos avanzando en la desarticulación de quienes siembran miedo y violencia en los territorios”, afirmó.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y legalidad en el país, advirtiendo que cualquier persona que atente contra la vida y la tranquilidad de los colombianos enfrentará una respuesta contundente por parte de la Fuerza Pública.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
