CASANARE
En Casanare las víctimas cuestionan gestión de la Unidad Nacional de Víctimas
La directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria, se reunió con los Alcaldes y el Gobernador del departamento, para analizar cómo ha sido la atención a este sector de población vulnerable desde cada uno de estos estamentos, y para establecer los parámetros de atención para el 2018.
Según la funcionaria, a finales de 2017 se firmaron con cinco municipios del departamento Convenios de cofinanciación, en donde la Unidad colocó una cifra superior a los $3.900 millones de pesos, para favorecer a estas familias.
Agregó la funcionaria, que en Casanare se han pagado indemnizaciones cerca de 9 mil víctimas, y se han dispuesto 70 mil millones de pesos para la atención de estas personas durante los cinco años de vigencia de la Ley 1448 o Ley de Víctimas.
“Para el año 2018 hemos acordado con el señor Gobernador y los Alcaldes, suscribir otro Convenio de cofinanciación, que llegue a las víctimas de los municipios que no fueron atendidos el año pasado, vamos a estudiar cuál será la cifra más indicada que podamos aportar, pero hemos hablado de dos mil millones de pesos, el departamento colocará otros recursos y los municipios otros recursos”.
Según la funcionaria, durante los meses de enero y febrero estarán entregando indemnizaciones en el departamento por valor de mil setecientos millones de pesos, para cerca de 300 víctimas en todo Casanare.
“La ruta de la reparación de las víctimas comprende cinco medidas, medidas de satisfacción, medidas de reparación administrativa, medidas de reparación emocional, medidas de verdad y medidas de garantía de no repetición. Venimos adelantando estas medidas en todo el país”, anotó la funcionaria.
Víctimas cuestionan
Entre tanto, las víctimas cuestionaron que la Directora de la Unidad Nacional no los haya invitado a la reunión con los Alcaldes y el Gobernador de Casanare para escucharlos, y denunciaron trato desobligante de parte de la funcionaria para con sus representantes.
José Alirio Barrera, coordinador departamental de víctimas, consideró que la actitud de la directora de la Unidad Nacional no se compadece con el departamento, donde hay cerca de 70 mil víctimas del conflicto armado que necesitan soluciones en sus procesos de reparación administrativa, que ha sido lento por desidia del Gobierno Nacional.
A pesar de las halagüeñas cifras de indemnizaciones y reparación de víctimas presentadas por la Directora de la Unidad Nacional en Casanare, las víctimas continúan quejándose que la atención no es oportuna, a pesar de cumplir con todos los requerimientos y documentos para su reparación.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Buscando actualizar los procesos y brindar la mejor calidad en la prestación de los servicios, a partir del periodo de facturación del mes de noviembre de 2021, la EAAAY iniciará la facturación en sitio a sus usuarios en la ciudad de Yopal.
Este es el método en el cual el funcionario de la empresa toma la lectura del consumo, genera la factura de manera inmediata y en ese mismo momento, se imprime con una impresora portátil y se entrega al suscriptor.
Cabe aclarar que los trabajadores de la EAAAY que realicen estas actividades, deben estar debidamente identificados portando su carné y uniforme de la entidad.
Así mismo, es importante precisar que únicamente la generación de la factura se hará en sitio, los funcionarios de la empresa no están autorizados para recibir dinero de ningún tipo de trámite.
Los pagos de los recibos se continuarán recaudando en los siguientes puntos autorizados:
-Con Supergiros en todos sus locales y tiendas de barrio
-Todas las sedes y sucursales del Banco de Bogotá
-Cajeros automáticos y sucursales de la Red Aval
-Y en los canales virtuales Aval Pay Center, Banca Móvil BBVA
-Pagos por PSE desde la plataforma de trámites en línea de la página web www.eaaay.gov.co
Fuente: EAAAY
La Policía impidió un hecho criminal, que un grupo delincuencial proveniente de la ciudad de Manizales pretendía cometer a un comerciante de la ciudad de Yopal.
Durante actividades de vigilancia, miembros del CAI Progreso abordaron un vehículo y una motocicleta que se movilizaba de manera sospechosa por la carrera 11 con calle 45, al realizar el procedimiento de verificación se logró evidenciar que llevaba varios bolsos y herramientas de un taller de mecánica y celulares.
Al indagar sobre la procedencia de estos elementos las respuestas de estas personas no fueron convincentes y ante la actitud nerviosa los uniformados sospecharon que habían cometido algún hecho delictivo.
Gracias a la destreza de los policías se logró establecer que no solo se trataba de un simple hurto, sino que, estas personas habían intimidado y amordazado a un hombre de 46 años, al interior de un establecimiento comercial de mecánica automotriz.
Por este hecho 4 personas fueron dejas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado.
Los elementos recuperados fueron un vehículo tipo Camioneta Toyota, una motocicleta AKT, un televisor, herramientas del taller de mecánica, avaluados en 100 millones de pesos.
Fuente: Policía Casanare
La Procuraduría General de la Nación requirió a las corporaciones públicas de elección popular del nivel territorial y a siete (7) universidades contratadas para adelantar el concurso de contralores territoriales, información detallada sobre este proceso que se adelanta en todo el país.
La solicitud fue elevada por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, mediante comunicaciones enviadas a las asambleas departamentales y concejos municipales y/o distritales y a las universidades Nacional de Colombia, Francisco José de Caldas, de Cartagena, del Atlántico, de la Costa, San Buenaventura y Pedagógica y Tecnológica de Tunja.
El Órgano de Control requirió copia de todos los convenios o contratos suscritos con las instituciones de educación superior para adelantar este proceso, e información específica sobre los mecanismos dispuestos para garantizar la objetividad, transparencia y el uso adecuado de la cadena de custodia de las pruebas.
Así mismo, estas entidades deberán suministrar los actos administrativos, guías y demás documentos relacionados con la convocatoria y la aplicación de las pruebas de conocimientos y comportamentales, así como el nombre de las personas que diseñaron, evaluaron y tuvieron acceso a las pruebas, entre otros aspectos.
Los rectores de los entes educativos contratados para adelantar este concurso deberán velar por el cumplimiento de los principios de objetividad, imparcialidad y publicidad en la aplicación de las pruebas.
En caso de advertirse posibles irregularidades en este proceso el Ministerio Público activará su función disciplinaria.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
