CASANARE
En Casanare las víctimas cuestionan gestión de la Unidad Nacional de Víctimas
La directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria, se reunió con los Alcaldes y el Gobernador del departamento, para analizar cómo ha sido la atención a este sector de población vulnerable desde cada uno de estos estamentos, y para establecer los parámetros de atención para el 2018.
Según la funcionaria, a finales de 2017 se firmaron con cinco municipios del departamento Convenios de cofinanciación, en donde la Unidad colocó una cifra superior a los $3.900 millones de pesos, para favorecer a estas familias.
Agregó la funcionaria, que en Casanare se han pagado indemnizaciones cerca de 9 mil víctimas, y se han dispuesto 70 mil millones de pesos para la atención de estas personas durante los cinco años de vigencia de la Ley 1448 o Ley de Víctimas.
“Para el año 2018 hemos acordado con el señor Gobernador y los Alcaldes, suscribir otro Convenio de cofinanciación, que llegue a las víctimas de los municipios que no fueron atendidos el año pasado, vamos a estudiar cuál será la cifra más indicada que podamos aportar, pero hemos hablado de dos mil millones de pesos, el departamento colocará otros recursos y los municipios otros recursos”.
Según la funcionaria, durante los meses de enero y febrero estarán entregando indemnizaciones en el departamento por valor de mil setecientos millones de pesos, para cerca de 300 víctimas en todo Casanare.
“La ruta de la reparación de las víctimas comprende cinco medidas, medidas de satisfacción, medidas de reparación administrativa, medidas de reparación emocional, medidas de verdad y medidas de garantía de no repetición. Venimos adelantando estas medidas en todo el país”, anotó la funcionaria.
Víctimas cuestionan
Entre tanto, las víctimas cuestionaron que la Directora de la Unidad Nacional no los haya invitado a la reunión con los Alcaldes y el Gobernador de Casanare para escucharlos, y denunciaron trato desobligante de parte de la funcionaria para con sus representantes.
José Alirio Barrera, coordinador departamental de víctimas, consideró que la actitud de la directora de la Unidad Nacional no se compadece con el departamento, donde hay cerca de 70 mil víctimas del conflicto armado que necesitan soluciones en sus procesos de reparación administrativa, que ha sido lento por desidia del Gobierno Nacional.
A pesar de las halagüeñas cifras de indemnizaciones y reparación de víctimas presentadas por la Directora de la Unidad Nacional en Casanare, las víctimas continúan quejándose que la atención no es oportuna, a pesar de cumplir con todos los requerimientos y documentos para su reparación.
#ACTUALESDirectora de la Unidad Nacional de Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria, señala que en Casanare se han indemnizado y reparado cerca de 9 mil víctimas, entre tanto las víctimas se quejan que no los atienden.
Posted by El Diario Del Llano on Friday, January 19, 2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Un hombre fue asesinado con arma de fuego la mañana de este miércoles 30 de abril en la vía Aguazul – Maní. Inicialmente el caso se reportó como accidente de tránsito, pero al llegar bomberos y agentes de tránsito al sitio, hallaron el cuerpo sin vida con impactos de bala.
La víctima fue identificada como Luis Enrique Hernández Alfonso, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha V80 de placa YAR85A por la vereda El Sural de Aguazul. Según la inspección al cuerpo, presentaba tres heridas por arma de fuego.
Hernández Alfonso era propietario de la finca donde en noviembre de 2025 se realizó un allanamiento que dejó la captura de alias ‘Tobías’, integrante del Clan del Golfo y sobrino del hoy occiso. Se dedicaba a la agricultura y a la venta de ganado.
Las autoridades revisan cámaras de seguridad de la zona. En una de ellas se observa a una motocicleta NKD con un sujeto que iba detrás de la moto de la víctima.
La investigación tomó un nuevo rumbo, lo que inició como accidente de tránsito pasó a ser homicidio.
Luego de cumplir con los exigentes requerimientos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, aprobó la planta de licores artesanales de Casanare.
Este es el resultado de más de 20 años de investigación en la producción de bebidas fermentadas y destiladas, elaboradas con productos naturales del llano, tal como lo hicieron los antiguos artesanos llaneros, quienes, en alambiques caseros, lograron producir bebidas espirituosas de alta calidad.
La planta autorizada por el Invima, está ubicada en la zona rural de Yopal, desde donde se ha logrado destilar alcoholes tipo premium, que, previo a la aprobación del Instituto, logró calificaciones meritorias en catas que se realizaron en afamados centros académicos y en mercados especializados tanto en el ámbito nacional como internacional.
En la nueva planta que ahora tiene permiso de operación del gobierno colombiano, se pueden destilar bebidas consideradas de alta calidad para los mercados de licores, tipos whiskys, rones, ginebras, aguardientes y cervezas, entre otros productos, donde se utiliza materia prima de origen campesino casanareño y esto apunta, a que los labriegos productores de cañas, frutas, granos y otras plantas regionales como algarrobo, sarrapia, mastranto, maíz y otros, de origen rural, tengan una importante nueva ventana de mercadeo.
Dentro de los reconocimientos que ha obtenido la nueva planta de licores, se puede mencionar las bebidas elaboradas con arroz, que fueron calificadas por expertos de la república de China, con un altísimo grado de calidad, situación que le abre la puerta a exportar a esa república, licores fabricados en Casanare.
Por otra parte, la aprobación de esta planta, le abre el camino para que, por los menos 10 empresarios de cervezas artesanales de Casanare, aspiren a obtener los permisos y licencias por parte del Invima.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, aseguró que la situación financiera de Capresoca EPS es crítica y que durante años se habrían maquillado los estados financieros para ocultar su verdadera crisis. Según el mandatario, la entidad fue sostenida artificialmente con cifras que no reflejaban la realidad, lo que hoy tiene a la EPS en una condición cercana a la quiebra.
El gobernador indicó que ya solicitó una auditoría integral para esclarecer el historial financiero de la entidad y determinar responsabilidades. Señaló que este proceso busca establecer cómo se llegó a la actual situación y que sea la justicia la encargada de definir quiénes llevaron a Capresoca a este punto.
En medio de este panorama, Ortiz Zorro reveló que sostuvo conversaciones con el Gobierno Nacional, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes le habrían dado un parte de tranquilidad al manifestar que, por ahora, no se contempla la liquidación de la EPS.
No obstante, el mandatario insistió en que cualquier intervención debe estar orientada a un verdadero plan de salvamento, con un agente que articule esfuerzos con el departamento. Reconoció que, aunque Capresoca sigue prestando servicios, estos no cumplen con las expectativas, y reiteró la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud que solucione los problemas históricos del país.
