CASANARE
En Casanare las víctimas cuestionan gestión de la Unidad Nacional de Víctimas
La directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria, se reunió con los Alcaldes y el Gobernador del departamento, para analizar cómo ha sido la atención a este sector de población vulnerable desde cada uno de estos estamentos, y para establecer los parámetros de atención para el 2018.
Según la funcionaria, a finales de 2017 se firmaron con cinco municipios del departamento Convenios de cofinanciación, en donde la Unidad colocó una cifra superior a los $3.900 millones de pesos, para favorecer a estas familias.
Agregó la funcionaria, que en Casanare se han pagado indemnizaciones cerca de 9 mil víctimas, y se han dispuesto 70 mil millones de pesos para la atención de estas personas durante los cinco años de vigencia de la Ley 1448 o Ley de Víctimas.
“Para el año 2018 hemos acordado con el señor Gobernador y los Alcaldes, suscribir otro Convenio de cofinanciación, que llegue a las víctimas de los municipios que no fueron atendidos el año pasado, vamos a estudiar cuál será la cifra más indicada que podamos aportar, pero hemos hablado de dos mil millones de pesos, el departamento colocará otros recursos y los municipios otros recursos”.
Según la funcionaria, durante los meses de enero y febrero estarán entregando indemnizaciones en el departamento por valor de mil setecientos millones de pesos, para cerca de 300 víctimas en todo Casanare.
“La ruta de la reparación de las víctimas comprende cinco medidas, medidas de satisfacción, medidas de reparación administrativa, medidas de reparación emocional, medidas de verdad y medidas de garantía de no repetición. Venimos adelantando estas medidas en todo el país”, anotó la funcionaria.
Víctimas cuestionan
Entre tanto, las víctimas cuestionaron que la Directora de la Unidad Nacional no los haya invitado a la reunión con los Alcaldes y el Gobernador de Casanare para escucharlos, y denunciaron trato desobligante de parte de la funcionaria para con sus representantes.
José Alirio Barrera, coordinador departamental de víctimas, consideró que la actitud de la directora de la Unidad Nacional no se compadece con el departamento, donde hay cerca de 70 mil víctimas del conflicto armado que necesitan soluciones en sus procesos de reparación administrativa, que ha sido lento por desidia del Gobierno Nacional.
A pesar de las halagüeñas cifras de indemnizaciones y reparación de víctimas presentadas por la Directora de la Unidad Nacional en Casanare, las víctimas continúan quejándose que la atención no es oportuna, a pesar de cumplir con todos los requerimientos y documentos para su reparación.
#ACTUALESDirectora de la Unidad Nacional de Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria, señala que en Casanare se han indemnizado y reparado cerca de 9 mil víctimas, entre tanto las víctimas se quejan que no los atienden.
Posted by El Diario Del Llano on Friday, January 19, 2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Procuraduría formula cargos a exalcalde de Hato Corozal, por presunto incumplimiento del PAE
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Darío Yesid García Barray, por presunto incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación escolar, en 2022.
Según la Procuraduría, al parecer, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del citado municipio, no se habría iniciado oportunamente y, en consecuencia, solo se prestó el servicio durante seis jornadas escolares del mes de octubre y 17 en noviembre, de ese año.
A juicio del ente disciplinario, el PAE, para las instituciones educativas urbanas de Hato Corozal, debió darse desde el primer día de inicio de clases, según las normas generales establecidas y, al parecer, solo se habría cumplido en la parte final del año.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la aparente conducta como falta grave a título de culpa gravísima.
CASANARE
Desde Casanare y Bogotá evadieron impuestos por $155.000 millones con empresas de papel
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de crear y administrar una red de 185 sociedades de papel con las que empresas del sector real se apropiaron ilegalmente del impuesto a las ventas y redujeron la base gravable del impuesto de renta, causando un perjuicio al Estado que podría superar los $155.000 millones de pesos.
Según la investigación, los procesados figuraban como socios o representantes legales de compañías de fachada que no contaban con capacidad económica, logística ni operativa. Entre 2012 y 2022 habrían simulado operaciones comerciales millonarias para respaldar maniobras fraudulentas, utilizando diversos objetos sociales sin actividad real.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Ninguno de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendrían nada que vender.
Con apoyo del CTI, la Fiscalía estableció que a través de estas sociedades se reportaron operaciones inexistentes por más de $843.164 millones de pesos. Entre los judicializados están Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes habrían asumido roles de coordinación financiera, intermediación y representación legal.
Los implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare, y les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad —cinco domiciliarias y una en centro carcelario— y ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.
CASANARE
Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.
Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.
Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.
La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.
Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.
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