REGIÓN
Víctimas de Casanare y Meta se benefician del Banco Mundial
A través del convenio ‘Reparación Colectiva a Víctimas para la Reconstrucción Social’, desarrollado por la Unidad para las Víctimas y el Banco Mundial, se beneficiaron, entre otras, las comunidades de la región de la Orinoquia, cuyo tejido social se vio afectado por el conflicto armado.
La comunidad de El Dorado, uno de los municipios del Meta más afectados por el conflicto, fue epicentro de diferentes programas orientados a viabilizar nuevamente las actividades que, antes de la ola de violencia, les permitían cumplir con sus propósitos colectivos.
Entre los aportes significativos se destacó la dotación agrícola y de insumos al cuerpo estudiantil de Pueblo Sánchez, en zona rural del municipio, para fortalecer la granja de la institución y de paso, recuperar la identidad y vocación campesina de los niños, niñas y adolescentes estudiantes.
Este municipio, que reúne 1.932 personas que son sujetos de atención por el Gobierno, inició la ruta de reparación colectiva desde el 2014, y a lo largo de la ejecución del convenio, entre 2015 y 2019, recibió aportes por más de $3.000 millones, que hoy se ven reflejados en la calidad de vida de sus habitantes.
Mujeres trabajadoras
En el municipio de Recetor, Casanare, el convenio llegó para impactar de manera positiva a la Asociación de Mujeres Trabajadoras (AMUTRARE) y a la junta de Acción Comunal de la vereda Maracagua, con la entrega de víveres y abarrotes, elementos tecnológicos, mobiliarios, electrodomésticos, máquinas de trabajo con sus respectivos insumos y elementos deportivos.
Con este aporte, la Unidad y el Banco Mundial, contribuyeron a la recuperación de la caseta comunal de la vereda, los semilleros comunales y el comité cultural y deportivo. Así mismo, apoyaron la reactivación de AMUTRARE, un espacio idóneo para impulsar las capacidades de las madres cabeza de familia de esa población.
En total, gracias al convenio en mención, el sujeto de reparación colectiva de Recetor recibió en ayudas cerca de $52 millones, provenientes del Fondo Fiduciario Multidonante para el Posconflicto y la Paz en Colombia, gestionado por el Banco Mundial.
En el mismo departamento, la comunidad del municipio de Chámeza también recibió aportes por más de $38 millones en proyectos orientados a la reconstrucción del tejido social y a garantizar la no repetición de los hechos victimizantes.
Para el director territorial de Meta y Llanos Orientales, Carlos Pardo Alezones, los programas de reparación colectiva son fundamentales, porque permiten recuperar a través del diálogo, los niveles de confianza entre la institucionalidad y la sociedad civil.
Luego de su periodo de ejecución, entre el 5 de febrero de 2015 y el 30 de agosto de 2019, el convenio entre ambas entidades, logró beneficiar a 55 comunidades de Colombia, con una inversión de 4,7 millones de dólares.
Fuente: Unidad para las Víctimas
REGIÓN
Alarma en Sogamoso, disidencias de las Farc están citando a contratistas del municipio
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.

El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
REGIÓN
Confirman condena a 27 años de cárcel para hombre que asesinó a niña de 11 años en Sogamoso
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
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