REGIÓN
Víctimas de Casanare y Meta se benefician del Banco Mundial
A través del convenio ‘Reparación Colectiva a Víctimas para la Reconstrucción Social’, desarrollado por la Unidad para las Víctimas y el Banco Mundial, se beneficiaron, entre otras, las comunidades de la región de la Orinoquia, cuyo tejido social se vio afectado por el conflicto armado.
La comunidad de El Dorado, uno de los municipios del Meta más afectados por el conflicto, fue epicentro de diferentes programas orientados a viabilizar nuevamente las actividades que, antes de la ola de violencia, les permitían cumplir con sus propósitos colectivos.
Entre los aportes significativos se destacó la dotación agrícola y de insumos al cuerpo estudiantil de Pueblo Sánchez, en zona rural del municipio, para fortalecer la granja de la institución y de paso, recuperar la identidad y vocación campesina de los niños, niñas y adolescentes estudiantes.
Este municipio, que reúne 1.932 personas que son sujetos de atención por el Gobierno, inició la ruta de reparación colectiva desde el 2014, y a lo largo de la ejecución del convenio, entre 2015 y 2019, recibió aportes por más de $3.000 millones, que hoy se ven reflejados en la calidad de vida de sus habitantes.
Mujeres trabajadoras
En el municipio de Recetor, Casanare, el convenio llegó para impactar de manera positiva a la Asociación de Mujeres Trabajadoras (AMUTRARE) y a la junta de Acción Comunal de la vereda Maracagua, con la entrega de víveres y abarrotes, elementos tecnológicos, mobiliarios, electrodomésticos, máquinas de trabajo con sus respectivos insumos y elementos deportivos.
Con este aporte, la Unidad y el Banco Mundial, contribuyeron a la recuperación de la caseta comunal de la vereda, los semilleros comunales y el comité cultural y deportivo. Así mismo, apoyaron la reactivación de AMUTRARE, un espacio idóneo para impulsar las capacidades de las madres cabeza de familia de esa población.
En total, gracias al convenio en mención, el sujeto de reparación colectiva de Recetor recibió en ayudas cerca de $52 millones, provenientes del Fondo Fiduciario Multidonante para el Posconflicto y la Paz en Colombia, gestionado por el Banco Mundial.
En el mismo departamento, la comunidad del municipio de Chámeza también recibió aportes por más de $38 millones en proyectos orientados a la reconstrucción del tejido social y a garantizar la no repetición de los hechos victimizantes.
Para el director territorial de Meta y Llanos Orientales, Carlos Pardo Alezones, los programas de reparación colectiva son fundamentales, porque permiten recuperar a través del diálogo, los niveles de confianza entre la institucionalidad y la sociedad civil.
Luego de su periodo de ejecución, entre el 5 de febrero de 2015 y el 30 de agosto de 2019, el convenio entre ambas entidades, logró beneficiar a 55 comunidades de Colombia, con una inversión de 4,7 millones de dólares.
Fuente: Unidad para las Víctimas
REGIÓN
Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.


