REGIÓN
Víctimas de Casanare y Meta se benefician del Banco Mundial
A través del convenio ‘Reparación Colectiva a Víctimas para la Reconstrucción Social’, desarrollado por la Unidad para las Víctimas y el Banco Mundial, se beneficiaron, entre otras, las comunidades de la región de la Orinoquia, cuyo tejido social se vio afectado por el conflicto armado.
La comunidad de El Dorado, uno de los municipios del Meta más afectados por el conflicto, fue epicentro de diferentes programas orientados a viabilizar nuevamente las actividades que, antes de la ola de violencia, les permitían cumplir con sus propósitos colectivos.
Entre los aportes significativos se destacó la dotación agrícola y de insumos al cuerpo estudiantil de Pueblo Sánchez, en zona rural del municipio, para fortalecer la granja de la institución y de paso, recuperar la identidad y vocación campesina de los niños, niñas y adolescentes estudiantes.
Este municipio, que reúne 1.932 personas que son sujetos de atención por el Gobierno, inició la ruta de reparación colectiva desde el 2014, y a lo largo de la ejecución del convenio, entre 2015 y 2019, recibió aportes por más de $3.000 millones, que hoy se ven reflejados en la calidad de vida de sus habitantes.
Mujeres trabajadoras
En el municipio de Recetor, Casanare, el convenio llegó para impactar de manera positiva a la Asociación de Mujeres Trabajadoras (AMUTRARE) y a la junta de Acción Comunal de la vereda Maracagua, con la entrega de víveres y abarrotes, elementos tecnológicos, mobiliarios, electrodomésticos, máquinas de trabajo con sus respectivos insumos y elementos deportivos.
Con este aporte, la Unidad y el Banco Mundial, contribuyeron a la recuperación de la caseta comunal de la vereda, los semilleros comunales y el comité cultural y deportivo. Así mismo, apoyaron la reactivación de AMUTRARE, un espacio idóneo para impulsar las capacidades de las madres cabeza de familia de esa población.
En total, gracias al convenio en mención, el sujeto de reparación colectiva de Recetor recibió en ayudas cerca de $52 millones, provenientes del Fondo Fiduciario Multidonante para el Posconflicto y la Paz en Colombia, gestionado por el Banco Mundial.
En el mismo departamento, la comunidad del municipio de Chámeza también recibió aportes por más de $38 millones en proyectos orientados a la reconstrucción del tejido social y a garantizar la no repetición de los hechos victimizantes.
Para el director territorial de Meta y Llanos Orientales, Carlos Pardo Alezones, los programas de reparación colectiva son fundamentales, porque permiten recuperar a través del diálogo, los niveles de confianza entre la institucionalidad y la sociedad civil.
Luego de su periodo de ejecución, entre el 5 de febrero de 2015 y el 30 de agosto de 2019, el convenio entre ambas entidades, logró beneficiar a 55 comunidades de Colombia, con una inversión de 4,7 millones de dólares.
Fuente: Unidad para las Víctimas
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
