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Víctima de Casanare pide al Consejo de Estado proteger su derecho a la reparación integral

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Esta semana la sala Plena del Consejo de Estado resolverá una acción de tutela interpuesta por una víctima de ejecución extrajudicial en el departamento de Casanare, quien reclama que sus derechos a la verdad y la justicia sean reconocidos, pudiendo reclamar la reparación integral a que tiene derecho, sin límite de tiempo.

Se recurrió a la Acción de Tutela, debido a que el pasado 29 de enero de 2020, la Sección Tercera de este mismo Tribunal decidió cambiar, sin mayores fundamentos, el límite de tiempo para que las víctimas puedan reclamar la reparación integral por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.

El tiempo para reclamar se limitó a dos años, a partir de que las víctimas tengan el conocimiento de los hechos, desconociendo los múltiples obstáculos que enfrentan las víctimas, en particular las de crímenes que involucran a agentes de la fuerza pública.

Esta reparación integral comprende:

  • La verdad por parte de los agentes estatales de los crímenes, a través de actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público;
  • La verdad de cara a la sociedad a través de la difusión masiva de los hechos, la publicación de las sentencias, la realización de libros y documentales, entre otras herramientas de divulgación;
  • La justicia en relación con todos los responsables de los hechos, la reparación material por el daño causado a todo el núcleo familiar, atención en salud, educación y todo lo necesario para tratar de resarcir ese daño material ocasionado por los crímenes cometidos;
  • Y las garantías de no repetición consistentes en que la sociedad conozca la verdad y en políticas de todo orden para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

Ante la decisión del Consejo de Estado, más de un centenar de víctimas presentaron una carta de respaldo o coadyuvancia a dicha tutela en la que manifiestan:

1. Informes construidos por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionan 4.901 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 a 2008. Es decir, 1,9 cada día, 8,29 cada semana, 68 cada mes, 490 cada semestre y 816 cada año; crímenes relacionados con 7 divisiones en 27 departamentos. Esto ratifica el carácter sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales.

2. Bajo ninguna justificación pueden limitarse los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, reparación integral y las garantías de no repetición. La decisión del Consejo de Estado desconoce las garantías y derechos que tienen las víctimas al limitarlos desconociendo el derecho internacional. Llama la atención que a pesar de afirmarse que en la actualidad los aparatos de justicia parten del principio constitucional de la centralidad de las víctimas, hoy se procure limitar estos derechos.

3. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, las autoridades nacionales no están autorizadas a cambiar las características y consecuencias de estos crímenes. Es deber del Estado y sus autoridades respetar los mandatos internacionales, entre ellos, que las acciones para reclamar la reparación integral, no pueden prescribir. Hoy requieren el respeto a los derechos de las víctimas y frenar medidas para coartarlos.

4. Ponerle límites a estos derechos desconoce las condiciones de inseguridad, temor y de ausencia de garantías en las regiones y subregiones en el territorio nacional para que las víctimas puedan hacer ejercicio de sus derechos, toda vez que a la fecha continúan en condiciones del conflicto armado y violencia sociopolítica, y con ello persisten las agresiones frente a líderes sociales, víctimas y defensores(as) de derechos humanos por parte de los grupos armados legales e ilegales.

5. Ante el ambiente de desprotección generado por el Consejo de Estado, acuden al Consejo de Estado a formularle siete preguntas en las cuales presentan estas y otras reflexiones, y piden claridad a los(as) Consejeros(as) de Estado llamando la atención frente a la prevalencia de los derechos fundamentales de las víctimas.

6. También solicitan a la Sala Plena del Consejo de Estado que revoque la decisión de la Sección Tercera, fallando la tutela en favor de los derechos de las víctimas y que realice una audiencia pública sobre este tema garantizando la participación de las víctimas y en especial a las instancias del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, así como los órganos autorizados para interpretar y aplicar la Convención Americana. De ser necesario, también que se eleve esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Comunicaciones Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

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Procuraduría formuló cargos a exalcalde y exsecretario de Gobierno de Támara

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Támara – Casanare, Fernando Mantilla Abreo (2016-2019), y su secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional, Segundo Samuel Vega Mariño, por omisión en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la investigación, en enero de 2019, el exmandatario habría contratado al señor Gustavo Lara Sepúlveda como asesor jurídico de la alcaldía, quien se encontraba inhabilitado por la Procuraduría para contratar con el Estado por el término de 10 años.

El Ministerio Público también cuestiona la conducta del entonces secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional, Segundo Vega, quien certificó la idoneidad para contratar a Lara Sepúlveda omitiendo al parecer, su obligación de verificar previamente si se presentaba alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses; con lo cual habría desconocido el principio de responsabilidad.

Las posibles faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

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Hoy harán taller en Casanare para buscar prioridades a incluir dentro del Plan Nacional de Acción en DDHH

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Con el liderazgo de la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, el martes 20 de abril se realizará el taller departamental Casanare del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que busca el consenso de todos los ciudadanos del departamento en torno a poner el respeto por los DDHH en el centro de la reactivación.

Después de haber recorrido Huila, Norte de Santander, Bolívar, Meta, Magdalena, Quindío, Guainía, Vichada, Vaupés, Caquetá, Caldas, Amazonas, La Guajira, Cesar, Tolima, Sucre, Santander, Boyacá, Putumayo y Chocó, el taller regional llega a Casanare para revisar, entre otros temas, la agenda económica de reactivación con enfoque en los derechos humanos y aquellas preocupaciones de la ciudadanía, las organizaciones y las entidades regionales en torno a las vulneraciones a los DDHH.

“Este Plan será el primero que un país implemente como respuesta a la Pandemia de la COVID-19. Será una respuesta del Gobierno del Presidente Iván Duque a los desafíos que en materia de vulneraciones de derechos humanos vive el país y soportará las apuestas de reactivación, la vacunación masiva de los ciudadanos y la atención a la población migrante”, destacó Nancy Patricia Gutiérrez.

Hoy el enemigo mundial es el COVID–19 con una capacidad de destrucción enorme que ha agudizado la vulneración a los derechos humanos fundamentales y sumido en la pobreza extrema a millones de personas, familias, y ha dado un golpe sin precedentes al sector privado.

Nancy Patricia Gutiérrez considera de la mayor importancia oír directamente las preocupaciones de la comunidad para recoger su sentir, dado que la pobreza e inequidad son propicias para que los criminales instrumentalicen a la población para sus actividades ilícitas, entre otros. “Lograr una conciencia colectiva de respeto y protección a los derechos humanos a propósito de la pandemia, representa la oportunidad de unirnos como personas, como sociedad, como planeta, es la oportunidad de reconstruirnos de la manera adecuada”, agregó la Consejera Presidencial para los DDHH.

El Plan Nacional de Acción en DDHH está en su etapa final de consenso en todas las regiones y recoge las recomendaciones emitidas desde el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Se convertirá en uno de los principales legados del Gobierno Duque porque permitirá no sólo saldar una deuda histórica y concretar por primera vez una política de Estado en materia de derechos humanos sino también que los pone como centro de gravedad, es decir en el corazón de cualquier estrategia de reactivación y reconstrucción para enfrentar las consecuencias sociales, económicas y ambientales causadas por la pandemia”, puntualizó Nancy Patricia Gutiérrez.

El evento para el departamento de Casanare se desarrollará de manera virtual y contará con la participación de cerca de 24 entidades del Gobierno Nacional, además del apoyo de la Gobernación, las alcaldías municipales, la Defensoría, Procuraduría, personeros, empresarios, líderes de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, líderes de juntas de acción comunales, estudiantes, periodistas, entre otros.

El taller departamental, que iniciará a las 3:00 pm con la instalación por parte de la Consejera Nancy Patricia Gutiérrez, contará con el apoyo de la Universidad del Rosario, la Fundación Más por TIC, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se desarrollará con una metodología ágil y adecuada para este tipo de espacios, con el que se busca dar un mayor alcance y facilitar la participación desde diferentes zonas del departamento. Todos los ciudadanos están cordialmente invitados a unirse a través de: https://us02web.zoom.us/j/85454612637 y también será transmitido a través de Facebook: Consejería Presidencial DDHH.

A lo largo de las próximas semanas también se realizarán talleres sectoriales para abordar la situación nacional, regional y local para lograr una Política Pública de Derechos Humanos que aborde todos los sectores y temas: mujer y género, líderes sociales, personas en reincorporación, personas privadas de la libertad, población religiosa, población migrante, población con discapacidad, orientación sexual e identidad de género diversa, niñez, adolescencia y juventud, medios de comunicación, partidos políticos y sector privado.

Fuente: Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

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CASANARE

Falleció en el HORO niño ciclista arrollado por un motociclista en Yopal

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ACCIDENTE LLANO LINDO

Gran polémica se ha desatado en redes sociales, por la muerte de un menor de edad en Yopal, quien el pasado domingo en horas de la noche fue arrollado por un motociclista, aparentemente en estado de embriaguez.

El menor de 14 años, identificado como Brayan Andrés Amaya García, se desplazaba en una bicicleta junto con otro niño hacia la Ciudadela La Bendición, cuando el vehículo sufrió un desperfecto con la cadena, por lo que se detuvieron para solucionar el inconveniente.

Señalan testigos dle hecho, que los dos menores se detuvieron sobre la orilla de la vía para arreglar la bicicleta, cuando de repente apareció una motocicleta a gran velocidad, que arrolló al niño que se encontraba arreglando la bicicleta, arrojándolo lejos y causándole fuertes golpes, que obligaron su traslado al Hospital Regional de la Orinoquía -HORO-, donde falleció en la mañana de este lunes, a causa de los múltiples traumatismos ocasionados.

Camilo Amaya, tío del menor, indicó que su sobrino regresaba a la Ciudadela La Bendición luego de comprar una comida en el sector de Llano Lindo, cuando ocurrió el desafortunado accidente que le causó la muerte.

El menor fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Regional de la Orinoquia donde le diagnosticaron trauma craneoencefálico severo, trauma en los pulmones, fractura de costillas, fractura de pie, fisura en la cintura y se le fractura una mano.

La familia del menor denuncia que a pesar de haber causado el accidente, al conductor de la motocicleta no le fue practicada la prueba de alcoholemia sino hasta las 6 de la mañana del lunes, lo cual según su concepto, generaría resultados diferentes a los que se hubiesen obtenido en el momento posterior al accidente.

Por su parte el Comandante de Tránsito en Yopal, Carlos Tarazona, indicó que todos los procedimientos se realizaron dentro de lo ordenado por la ley, y que la demora en la toma de la prueba de alcoholemia obedeció a que el domingo en horas de la noche no había sistema para subir los resultados a la plataforma de la Fiscalía.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

Fotografía: El Nuevo Oriente

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