CASANARE
Víctima de Casanare pide al Consejo de Estado proteger su derecho a la reparación integral
Esta semana la sala Plena del Consejo de Estado resolverá una acción de tutela interpuesta por una víctima de ejecución extrajudicial en el departamento de Casanare, quien reclama que sus derechos a la verdad y la justicia sean reconocidos, pudiendo reclamar la reparación integral a que tiene derecho, sin límite de tiempo.
Se recurrió a la Acción de Tutela, debido a que el pasado 29 de enero de 2020, la Sección Tercera de este mismo Tribunal decidió cambiar, sin mayores fundamentos, el límite de tiempo para que las víctimas puedan reclamar la reparación integral por crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.
El tiempo para reclamar se limitó a dos años, a partir de que las víctimas tengan el conocimiento de los hechos, desconociendo los múltiples obstáculos que enfrentan las víctimas, en particular las de crímenes que involucran a agentes de la fuerza pública.
Esta reparación integral comprende:
- La verdad por parte de los agentes estatales de los crímenes, a través de actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público;
- La verdad de cara a la sociedad a través de la difusión masiva de los hechos, la publicación de las sentencias, la realización de libros y documentales, entre otras herramientas de divulgación;
- La justicia en relación con todos los responsables de los hechos, la reparación material por el daño causado a todo el núcleo familiar, atención en salud, educación y todo lo necesario para tratar de resarcir ese daño material ocasionado por los crímenes cometidos;
- Y las garantías de no repetición consistentes en que la sociedad conozca la verdad y en políticas de todo orden para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Ante la decisión del Consejo de Estado, más de un centenar de víctimas presentaron una carta de respaldo o coadyuvancia a dicha tutela en la que manifiestan:
1. Informes construidos por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionan 4.901 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 a 2008. Es decir, 1,9 cada día, 8,29 cada semana, 68 cada mes, 490 cada semestre y 816 cada año; crímenes relacionados con 7 divisiones en 27 departamentos. Esto ratifica el carácter sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales.
2. Bajo ninguna justificación pueden limitarse los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de Estado a la verdad, la justicia, reparación integral y las garantías de no repetición. La decisión del Consejo de Estado desconoce las garantías y derechos que tienen las víctimas al limitarlos desconociendo el derecho internacional. Llama la atención que a pesar de afirmarse que en la actualidad los aparatos de justicia parten del principio constitucional de la centralidad de las víctimas, hoy se procure limitar estos derechos.
3. Tratándose de crímenes de lesa humanidad, las autoridades nacionales no están autorizadas a cambiar las características y consecuencias de estos crímenes. Es deber del Estado y sus autoridades respetar los mandatos internacionales, entre ellos, que las acciones para reclamar la reparación integral, no pueden prescribir. Hoy requieren el respeto a los derechos de las víctimas y frenar medidas para coartarlos.
4. Ponerle límites a estos derechos desconoce las condiciones de inseguridad, temor y de ausencia de garantías en las regiones y subregiones en el territorio nacional para que las víctimas puedan hacer ejercicio de sus derechos, toda vez que a la fecha continúan en condiciones del conflicto armado y violencia sociopolítica, y con ello persisten las agresiones frente a líderes sociales, víctimas y defensores(as) de derechos humanos por parte de los grupos armados legales e ilegales.
5. Ante el ambiente de desprotección generado por el Consejo de Estado, acuden al Consejo de Estado a formularle siete preguntas en las cuales presentan estas y otras reflexiones, y piden claridad a los(as) Consejeros(as) de Estado llamando la atención frente a la prevalencia de los derechos fundamentales de las víctimas.
6. También solicitan a la Sala Plena del Consejo de Estado que revoque la decisión de la Sección Tercera, fallando la tutela en favor de los derechos de las víctimas y que realice una audiencia pública sobre este tema garantizando la participación de las víctimas y en especial a las instancias del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, así como los órganos autorizados para interpretar y aplicar la Convención Americana. De ser necesario, también que se eleve esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fuente: Comunicaciones Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
En cumplimiento de los lineamientos de conectividad rural, el gobierno departamental, en articulación con la Alcaldía de Aguazul, ha formalizado el inicio de las labores de mantenimiento vial en un corredor estratégico de 13 kilómetros en las veredas Monterralo, El Paraíso y Los Lirios.
Este proyecto, liderado por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, busca resarcir el deterioro histórico de la malla vial rural, garantizando la competitividad de los productores y la seguridad en el transporte escolar de la zona.
Durante una mesa de trabajo técnico-social con los habitantes, Ramón Avella, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Paraíso, destacó la importancia de este anuncio. Afirmó que es fundamental ver a la Gobernación y la Alcaldía trabajando de la mano en una necesidad sentida por la comunidad.
Desde la Secretaría de Infraestructura departamental se enfatizó que estas acciones responden a una directriz del mandatario seccional de mantener presencia institucional permanente y ofrecer soluciones técnicas de alto impacto. El despliegue de la maquinaria iniciará la próxima semana.
Esteban Escaño, ingeniero de la Secretaría de Infraestructura, manifestó que la misión es ejecutar una intervención integral que garantice la estabilidad de la vía, cumpliendo con los estándares técnicos y los tiempos concertados con la comunidad.
Juan Vargas, habitante de la vereda El Paraíso, validó el cronograma de trabajo y agradeció el apoyo, señalando que la mejora de las vías es algo anhelado desde hace años y que beneficiará la economía local y la ruta escolar de sus hijos.
Este 9 de febrero marca el inicio oficial del programa de alimentación escolar PAE en Yopal, beneficiando a 14.300 estudiantes distribuidos en 88 sedes educativas oficiales del municipio. este servicio esencial busca garantizar que los alumnos tengan un plato de comida nutritivo que acompañe su jornada escolar y represente un apoyo significativo para sus familias.
Durante las últimas dos semanas, se ha llevado a cabo una labor exhaustiva de preparación para asegurar un arranque sin contratiempos. Se realizaron tareas de limpieza y desinfección de restaurantes escolares, revisión de espacios, adecuaciones y el alistamiento general de toda la logística operativa. Cada ración es el resultado de una meticulosa planificación y estrictos controles.
La compleja logística semanal del PAE ya está plenamente operativa. Los jueves se reciben los mercados, que incluyen abarrotes, frutas y verduras frescas, mientras que los viernes se realiza el despacho de alimentos a las 22 sedes educativas urbanas. Los sábados, una flota de 12 vehículos se dirige a las 66 sedes rurales, garantizando la frescura y completitud de los productos en todo el municipio.
El impacto del programa se extiende más allá de los comedores escolares, generando una importante dinámica económica y social. El PAE está creando 230 empleos directos, incluyendo manipuladoras, auxiliares de bodega, nutricionistas, conductores y personal administrativo. Además, se suman cerca de 100 empleos indirectos, y se impulsa la economía local mediante la compra de productos de la región, fortaleciendo a productores y comerciantes de Yopal.
Para 2026, el programa experimentará un crecimiento significativo. gracias a la gestión del secretario de educación de Yopal, David Díaz, se lograron recursos adicionales superiores a los 7 mil millones de pesos. Esta inyección presupuestaria permitirá ampliar la cobertura del PAE, llegando a un mayor número de estudiantes en el municipio y consolidando su impacto positivo.
Un contrato suscrito por Capresoca para la vigencia 2026 encendió las alarmas de los organismos de control, tras una denuncia anónima que advierte presuntas irregularidades en la contratación y un posible detrimento de los recursos del sistema de salud. Se trata del contrato No. 252 de 2026, firmado con la empresa Focus Group SM S.A.S. por un valor de $1.440 millones, cuyo objeto sería el apoyo a la supervisión contractual de la red de servicios de salud, pese a que dichas funciones ya estarían cubiertas por otros contratos vigentes.
Según el documento radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, varias de las actividades asignadas a Focus Group SM S.A.S. presentarían duplicidad funcional con el contrato No. 073 de 2026, suscrito por Capresoca con la firma SOSALUD S.A.S. por $4.080 millones, cuyo objeto es la auditoría integral de cuentas médicas, administrativas y financieras. El análisis expone que labores como auditoría técnica, revisión de facturación, análisis de RIPS y CUPS, auditoría de calidad asistencial y apoyo en recobros ya estaban contempladas y remuneradas en el contrato de auditoría principal, lo que podría representar pagos redundantes con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.
La denuncia también pone en cuestión la idoneidad del contratista Focus Group SM S.A.S., empresa creada en 2024 y domiciliada en Santa Marta, cuyo objeto social y perfil, según su propio sitio web, estaría enfocado principalmente en asesoría empresarial, marketing y apoyo a emprendimientos, sin evidencia clara de experiencia técnica en auditoría en salud. Además, se advierte un posible conflicto de interés, ya que la empresa es del mismo departamento de origen del actual subgerente administrativo y financiero de Capresoca, situación que, aunque no constituye por sí sola una irregularidad, sí genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
El documento señala que estas contrataciones se realizaron mientras Capresoca permanece bajo medida de intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, contexto en el cual se exigiría mayor rigor en el manejo de los recursos públicos. Por ello, el denunciante solicitó a los entes de control iniciar investigaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de determinar si existió detrimento patrimonial, delegación indebida de funciones esenciales y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales de funcionarios y contratistas involucrados.
