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Vía Bogotá-Villavicencio: Rompiendo esquemas en el país

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La vía Bogotá-Villavicencio está cambiando la forma de operar una vía en Colombia. Una combinación de alta tecnología y buenas prácticas están marcando el camino para futuras concesiones.

No solo se trata de imponentes y estilizados viaductos, túneles impecables o un asfalto que incorpore aditivos que alarguen la vida útil de la vía. En la concesión Bogotá-Villavicencio vienen implementando una serie de cambios en la manera como se construyen y operan las vías en el país. “Esta carretera la vemos como un ser vivo que está en permanente cambio y crecimiento. Es por ello que se hace necesario combinar seguridad y tecnología para hacer más eficiente la operación”, explicó a este medio Enrique Segura Echániz, subgerente de operación de túneles e integración vial del concesionario Coviandes, firma responsable de la vía.

Por años, las concesiones viales del país se han visto como la oportunidad perfecta para ampliar el número de carriles y recaudar los peajes de las vías. Sin embargo, Coviandes quiere ir un paso adelante. Aun cuando el contrato suscrito entre el Gobierno y el concesionario no lo preveía, este concesionario contrató a una firma internacional, encargada de realizar un seguimiento minucioso a los indicadores de la vía y que realiza recomendaciones sobre buenas prácticas para mejorar la seguridad y tecnología, especialmente en túneles. Se trata de un modelo ‘importado’ de Europa, en donde se le da una importancia grande a la fase de operación y servicio.

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¿Qué ventajas trae este modelo? Lo primero es que con base en información estadística y del diseño propio del trayecto, se puede anticipar qué tipo de inconvenientes puede presentar la vía, a la vez que establece mecanismos para solventarlos. El ingeniero Segura muestra algunas gráficas que reposan sobre su escritorio en Bogotá, las cuales detallan algunas simulaciones y proyecciones de accidentes, derrumbes y otro tipo de sucesos. Esa información es analizada por especialistas que determinan un perfil de riesgo. 

A esta auditoría extranjera experta en temas de tecnología y seguridad, se suma otra que trabaja los asuntos de calidad de las obras. No importa que esté presente la firma interventora que rinde cuentas a la Agencia Nacional de Infraestructura, Coviandes contrató esta otra compañía para que le ayude a determinar la calidad de las obras que ejecutan los subcontratistas.

1) El concesionario tiene previsto entregar todas las obras del segundo sector (El Tablón-Chirajara) en diciembre de 2017. Este tramo necesita 18 túneles y 46 puentes.

2) La concesión implementó la tecnología del bypass que permite cambiar el sentido de uno o dos carriles, según el imprevisto presentado. Todo se coordina desde el Centro de Gestión Integral que monitorea los 86 kilómetros de vía (existente y doble calzada)

3) Se han excavado 15,3 kilómetros en túneles, casi del doble del túnel de La Línea.

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Aunque a primera vista pueden parecer gastos adicionales que disminuyen el margen de rentabilidad, se trata de dos acciones que reducen el riesgo y garantizan que las obras se ejecuten bien. Este tipo de contratos y firmas de auditoría terminan por evitar –en el mediano y largo plazo– líos judiciales, sobrecostos por mala calidad de las obras y por consiguiente, mejoran las prestaciones de la vía. Y no estamos hablando de cualquier vía. La cordillera Oriental  –en donde está ubicado este trayecto– está en constante movimiento y reacomodo, es por ello que si usted recorre la carretera se encontrará con algunos tramos adoquinados en la vía, pues no hay ningún asfalto que aguante ese constante movimiento del suelo. De allí la importancia de asesorarse bien. Si las obras quedan mal hechas o hay que hacerlas de nuevo, no será un buen negocio para el operador.

Fuente: www.dinero.com

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Se lograrán más recursos para proteger el Bioma Amazónico en el Meta

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El Congreso de la República recientemente aprobó el Presupuesto General de la Nación 2022 en el que se incluye el impuesto nacional al carbono, el cual está destinado a la protección, preservación, conservación de los bosques y uso sostenible de las áreas y ecosistemas estratégicos del territorio colombiano.

La ley contempla una proposición de la senadora Maritza Martínez y la representante a la Cámara por el Meta Jennifer Arias, que indica que el 15 % del recaudo del impocarbono, será transferido a las corporaciones ambientales de desarrollo sostenible con jurisdicción en la Amazonía, entre ellas Cormacarena. Mientras que el otro 85 %, se empleará a programas de reforestación y Pagos por Servicios Ambientales bajos los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Andrés Felipe García Céspedes director de la Corporación, aseguró que estos recursos que se recibirán en la próxima vigencia, serán destinados a la protección de los bosques, a la lucha contra la deforestación y a fortalecer la estrategia Alianza Sur Meta, que busca la recuperación económica, social y ambiental de las familias alrededor del Bioma Amazónico.

Recordó que desde el año 2013 se han deforestado más de 200.000 hectáreas de bosque y a diario se talaba una zona similar al tamaño de 140 canchas de fútbol, sin embargo, en este primer semestre del 2021, se ha registrado una disminución de un 30 % con respecto al año anterior, gracias a las acciones en conjunto entre las Fuerzas Militares, la gobernación del Meta, las alcaldías y Cormacarena.

Fuente: Cormacarena

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Familia desplazada en Granada, recuperó su finca y emprendió con cultivos

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La familia Mosquera, pasó de ser víctima de la violencia a convertirse en emprendedora del campo. Después de recuperar el predio “Maracaibo”, ubicado en la vereda El Crucero, sus integrantes le apostaron a la siembra de 2.5 hectáreas de cacao y maracuyá, como alternativa productiva para garantizar su sustento económico.

En 2001, Jair Ignacio Mosquera, su esposa e hijos adquirieron la finca de 11 hectáreas en la cual cultivaban plátano, maracuyá, maíz y otros productos de pancoger. Desde el año 2003, la situación de orden público se agudizó en la zona por la presencia de paramilitares quienes cobraban vacunas a los campesinos; pero fue en 2014 que, ante la imposibilidad de pagar los cobros ilegales, la familia Mosquera recibió amenazas de muerte y fue obligada a abandonar el predio y a desplazarse hacia Samaná, Caldas.

Los Mosquera acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras para que esta entidad llevara su caso ante la justicia, y fue así como en abril de 2020 el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, emitió sentencia mediante la cual ordenó la restitución del predio y otros beneficios para su reparación integral.

Jenny Andrea Capote, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, señaló “en cumplimiento de esta sentencia, la Unidad hizo entrega material del predio a la familia Mosquera y luego le otorgó un subsidio por $36 millones para la implementación del proyecto mediante sistema agroforestal que consiste en el establecimiento de un cultivo de 2.5 hectáreas sembradas con 2.125 plantas de cacao y 1.500 matas de maracuyá como sombrío transitorio; y además le aseguramos la venta de la cosecha con la gestión del contrato de comercialización con la empresa Work Cacao por 10 años ”.

Finalmente, la directora Jenny Capote, destacó que la Unidad de Restitución de Tierras, reafirma su compromiso con las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras, al acompañarlas en el proceso de retorno al campo y transformación de sus vidas.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras, Territorial Meta

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Por muerte de abejas, ICA llegó a predios apicolas del Meta

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Debido a la muerte de abejas presentada en los municipios de Puerto Gaitán y San Juan de Arama, Meta, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, adelantó visitas de inspección y vigilancia sanitaria en predios apícolas del departamento, para analizar las causas de la muerte y generar estrategias para contribuir a la protección de los polinizadores.

Las visitas se realizaron en 2 predios de San Juan de Arama y en 3 de puerto Gaitán, en donde se encontraron 14 apiarios y 83 colmenas, y se realizó la inspección correspondiente para verificar la condición fitosanitaria y la presencia o ausencia de plagas que afectan directamente a los polinizadores.

Así mismo, funcionarios del Instituto participaron en una capacitación sobre el manejo apícola en los predios del departamento y la implementación de medidas para la protección de las abejas desde la agricultura.

El ICA, como autoridad sanitaria, responde a las necesidades del sector apícola por medio de capacitaciones a los funcionarios y contratistas, para que actualicen sus conocimientos y atiendan las notificaciones de declaración obligatoria de esta especie, dando apoyo a los productores y contribuyendo al mejoramiento de este sistema productivo.

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario

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