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Vía Bogotá-Villavicencio: Rompiendo esquemas en el país
La vía Bogotá-Villavicencio está cambiando la forma de operar una vía en Colombia. Una combinación de alta tecnología y buenas prácticas están marcando el camino para futuras concesiones.
Por años, las concesiones viales del país se han visto como la oportunidad perfecta para ampliar el número de carriles y recaudar los peajes de las vías. Sin embargo, Coviandes quiere ir un paso adelante. Aun cuando el contrato suscrito entre el Gobierno y el concesionario no lo preveía, este concesionario contrató a una firma internacional, encargada de realizar un seguimiento minucioso a los indicadores de la vía y que realiza recomendaciones sobre buenas prácticas para mejorar la seguridad y tecnología, especialmente en túneles. Se trata de un modelo ‘importado’ de Europa, en donde se le da una importancia grande a la fase de operación y servicio.
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¿Qué ventajas trae este modelo? Lo primero es que con base en información estadística y del diseño propio del trayecto, se puede anticipar qué tipo de inconvenientes puede presentar la vía, a la vez que establece mecanismos para solventarlos. El ingeniero Segura muestra algunas gráficas que reposan sobre su escritorio en Bogotá, las cuales detallan algunas simulaciones y proyecciones de accidentes, derrumbes y otro tipo de sucesos. Esa información es analizada por especialistas que determinan un perfil de riesgo.
A esta auditoría extranjera experta en temas de tecnología y seguridad, se suma otra que trabaja los asuntos de calidad de las obras. No importa que esté presente la firma interventora que rinde cuentas a la Agencia Nacional de Infraestructura, Coviandes contrató esta otra compañía para que le ayude a determinar la calidad de las obras que ejecutan los subcontratistas.
1) El concesionario tiene previsto entregar todas las obras del segundo sector (El Tablón-Chirajara) en diciembre de 2017. Este tramo necesita 18 túneles y 46 puentes.
3) Se han excavado 15,3 kilómetros en túneles, casi del doble del túnel de La Línea.
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Aunque a primera vista pueden parecer gastos adicionales que disminuyen el margen de rentabilidad, se trata de dos acciones que reducen el riesgo y garantizan que las obras se ejecuten bien. Este tipo de contratos y firmas de auditoría terminan por evitar –en el mediano y largo plazo– líos judiciales, sobrecostos por mala calidad de las obras y por consiguiente, mejoran las prestaciones de la vía. Y no estamos hablando de cualquier vía. La cordillera Oriental –en donde está ubicado este trayecto– está en constante movimiento y reacomodo, es por ello que si usted recorre la carretera se encontrará con algunos tramos adoquinados en la vía, pues no hay ningún asfalto que aguante ese constante movimiento del suelo. De allí la importancia de asesorarse bien. Si las obras quedan mal hechas o hay que hacerlas de nuevo, no será un buen negocio para el operador.
Fuente: www.dinero.com
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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