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Vía Bogotá-Villavicencio: Rompiendo esquemas en el país
La vía Bogotá-Villavicencio está cambiando la forma de operar una vía en Colombia. Una combinación de alta tecnología y buenas prácticas están marcando el camino para futuras concesiones.
Por años, las concesiones viales del país se han visto como la oportunidad perfecta para ampliar el número de carriles y recaudar los peajes de las vías. Sin embargo, Coviandes quiere ir un paso adelante. Aun cuando el contrato suscrito entre el Gobierno y el concesionario no lo preveía, este concesionario contrató a una firma internacional, encargada de realizar un seguimiento minucioso a los indicadores de la vía y que realiza recomendaciones sobre buenas prácticas para mejorar la seguridad y tecnología, especialmente en túneles. Se trata de un modelo ‘importado’ de Europa, en donde se le da una importancia grande a la fase de operación y servicio.
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¿Qué ventajas trae este modelo? Lo primero es que con base en información estadística y del diseño propio del trayecto, se puede anticipar qué tipo de inconvenientes puede presentar la vía, a la vez que establece mecanismos para solventarlos. El ingeniero Segura muestra algunas gráficas que reposan sobre su escritorio en Bogotá, las cuales detallan algunas simulaciones y proyecciones de accidentes, derrumbes y otro tipo de sucesos. Esa información es analizada por especialistas que determinan un perfil de riesgo.
A esta auditoría extranjera experta en temas de tecnología y seguridad, se suma otra que trabaja los asuntos de calidad de las obras. No importa que esté presente la firma interventora que rinde cuentas a la Agencia Nacional de Infraestructura, Coviandes contrató esta otra compañía para que le ayude a determinar la calidad de las obras que ejecutan los subcontratistas.
1) El concesionario tiene previsto entregar todas las obras del segundo sector (El Tablón-Chirajara) en diciembre de 2017. Este tramo necesita 18 túneles y 46 puentes.
3) Se han excavado 15,3 kilómetros en túneles, casi del doble del túnel de La Línea.
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Aunque a primera vista pueden parecer gastos adicionales que disminuyen el margen de rentabilidad, se trata de dos acciones que reducen el riesgo y garantizan que las obras se ejecuten bien. Este tipo de contratos y firmas de auditoría terminan por evitar –en el mediano y largo plazo– líos judiciales, sobrecostos por mala calidad de las obras y por consiguiente, mejoran las prestaciones de la vía. Y no estamos hablando de cualquier vía. La cordillera Oriental –en donde está ubicado este trayecto– está en constante movimiento y reacomodo, es por ello que si usted recorre la carretera se encontrará con algunos tramos adoquinados en la vía, pues no hay ningún asfalto que aguante ese constante movimiento del suelo. De allí la importancia de asesorarse bien. Si las obras quedan mal hechas o hay que hacerlas de nuevo, no será un buen negocio para el operador.
Fuente: www.dinero.com
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
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Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
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