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Vía Bogotá-Villavicencio: Rompiendo esquemas en el país
La vía Bogotá-Villavicencio está cambiando la forma de operar una vía en Colombia. Una combinación de alta tecnología y buenas prácticas están marcando el camino para futuras concesiones.
Por años, las concesiones viales del país se han visto como la oportunidad perfecta para ampliar el número de carriles y recaudar los peajes de las vías. Sin embargo, Coviandes quiere ir un paso adelante. Aun cuando el contrato suscrito entre el Gobierno y el concesionario no lo preveía, este concesionario contrató a una firma internacional, encargada de realizar un seguimiento minucioso a los indicadores de la vía y que realiza recomendaciones sobre buenas prácticas para mejorar la seguridad y tecnología, especialmente en túneles. Se trata de un modelo ‘importado’ de Europa, en donde se le da una importancia grande a la fase de operación y servicio.
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¿Qué ventajas trae este modelo? Lo primero es que con base en información estadística y del diseño propio del trayecto, se puede anticipar qué tipo de inconvenientes puede presentar la vía, a la vez que establece mecanismos para solventarlos. El ingeniero Segura muestra algunas gráficas que reposan sobre su escritorio en Bogotá, las cuales detallan algunas simulaciones y proyecciones de accidentes, derrumbes y otro tipo de sucesos. Esa información es analizada por especialistas que determinan un perfil de riesgo.
A esta auditoría extranjera experta en temas de tecnología y seguridad, se suma otra que trabaja los asuntos de calidad de las obras. No importa que esté presente la firma interventora que rinde cuentas a la Agencia Nacional de Infraestructura, Coviandes contrató esta otra compañía para que le ayude a determinar la calidad de las obras que ejecutan los subcontratistas.
1) El concesionario tiene previsto entregar todas las obras del segundo sector (El Tablón-Chirajara) en diciembre de 2017. Este tramo necesita 18 túneles y 46 puentes.
3) Se han excavado 15,3 kilómetros en túneles, casi del doble del túnel de La Línea.
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Aunque a primera vista pueden parecer gastos adicionales que disminuyen el margen de rentabilidad, se trata de dos acciones que reducen el riesgo y garantizan que las obras se ejecuten bien. Este tipo de contratos y firmas de auditoría terminan por evitar –en el mediano y largo plazo– líos judiciales, sobrecostos por mala calidad de las obras y por consiguiente, mejoran las prestaciones de la vía. Y no estamos hablando de cualquier vía. La cordillera Oriental –en donde está ubicado este trayecto– está en constante movimiento y reacomodo, es por ello que si usted recorre la carretera se encontrará con algunos tramos adoquinados en la vía, pues no hay ningún asfalto que aguante ese constante movimiento del suelo. De allí la importancia de asesorarse bien. Si las obras quedan mal hechas o hay que hacerlas de nuevo, no será un buen negocio para el operador.
Fuente: www.dinero.com
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
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