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Varios años de prisión pagarán abusadores sexuales de menores en Villavicencio
La contundencia del material probatorio recaudado por fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) permitió que jueces penales del circuito de Villavicencio (Meta) condenaran a prisión a dos hombres de 47 y 39 años de edad, encontrados responsables de agredir sexualmente a varias menores de edad.
En el primero de los casos el Juez Segundo Penal del Circuito de Villavicencio condenó a 13 años y 3 meses de prisión (166 meses) a un hombre que agredió sexualmente a su hijastra.
Labores de policía judicial evidenciaron cómo bajo engaños y amenazas el hoy condenado incurrió en tocamientos de índole sexual contra la hija de su compañera sentimental.
Estos hechos se habrían presentado desde que víctima tenía 4 años de edad y se habrían prolongado por, al menos, 10 años (2007 – 2017). El procesado fue imputado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo.
De otra parte, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito condenó a 14 años y 3 meses de prisión (178 meses) a un hombre que habría abusado sexualmente de tres niñas de 7 y 8 años de edad. Los hechos se presentaron en los años 2013 y 2014.
Según consta en la investigación, el agresor se aprovechó de la confianza dada por familiares de las víctimas para someterlas a tocamientos indebidos. La Fiscalía imputó al procesado por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo.
En los dos fallos los jueces negaron los subrogados de la suspensión condicional de la ejecución de las penas y dispusieron que los implicados cumplan las condenas en centros carcelarios.
Estos fallos fueron emitidos en primera instancia.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
