Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), formalizó la entrega de 16 mil hectáreas y 250 metros cuadrados a las autoridades ancestrales y comunidad conformada por familias de los pueblos Piapoco y Sikuani, que ahora, gracias a una sentencia, ya son reconocidos como el Resguardo Indígena Florida Kawinanae.

La entrega, que estuvo acompañada por el Ejército y la Policía, y a la que concurrieron el director de Asuntos Étnicos, Acxan Duque y el director territorial de la URT en el Meta, César Santoyo, dejó entre las autoridades e integrantes del resguardo sentimientos de respaldo y confianza para que se cumplan las disposiciones emitidas en el fallo de restitución. En él, además de recuperar sus derechos territoriales, se impartieron medidas para garantizar la pervivencia y cultura de los indígenas seminómadas de esta región de Colombia.

En el espacio, Acxan Duque destacó: “este es el resultado de años de trabajo, en los que concurren los sueños de una comunidad por tener los derechos reales de su territorio y de un Gobierno en el que se busca defender a los pueblos étnicos”.

Articulación entre las entidades para el cumplimiento

La sentencia, que se profirió en agosto de 2023, es el resultado de la gestión que lideró la URT ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Especializada en Restitución de Tierras, y en la que se demostraron las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de esta comunidad, que perdió, además de su territorio, su cultura, cosmogonía y tradiciones. Antes de este fallo, los indígenas Sikuani y Piapoco estaban condenados al exterminio.

Con esta entrega material hecha por parte del director general de la Unidad, el mayor Giovani Yule, se cristaliza la primera de las órdenes impartidas en el fallo

y se avanza para generar las acciones de articulación interinstitucional que permitan que las otras se cumplan. Entre ellas está la apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria a favor del Resguardo de la Parcialidad Indígena Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior -a través de su Dirección de Asuntos Indígenas- deberán, de forma inmediata, constituir el resguardo con el debido censo poblacional, identificar a sus autoridades, y de manera paralela, instalar placas demarcatorias del territorio.

Por su parte, la Unidad para las Víctimas deberá implementar el Plan Integral de Reparación Colectiva para Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRC). Este fallo es el primer pronunciamiento que se da a favor de la comunidad indígena en el departamento del Meta y el segundo en el departamento del Vichada.

La historia

Según la investigación adelantada por la URT, el extinto INCORA reservó en 1968 la región conocida como Planas, en los departamentos del Meta y Vichada, como zona exclusiva para la ocupación de los pueblos indígenas. Con esta declaración se constituyeron los resguardos Awaliba, Domoplanas e Iwiwi. Un proceso favorable para las comunidades en mención, pero que excluyó a los Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Como resultado de esta decisión, parte del territorio fue formalizado a comunidades no indígenas entre los años 1984 y 2011.

El paso de los años, la codicia por la tierra y el control territorial promovieron la desaparición forzada de líderes representativos para los indígenas de la zona, su desplazamiento forzado y el origen del fenómeno de confinamiento de los Sikuani y Piapoco. Así mismo, en 1970 el Estado respaldó la explotación de hidrocarburos que afectaron el ingreso de estas comunidades a las fuentes de agua. De manera simultánea, comenzó la expansión de cultivos de uso ilícito, hecho que generó la entrada de actores armados ilegales, como el entonces Bloque Oriental de las Farc.

Los hechos victimizantes se recrudecieron desde 1980, con el auge del narcotráfico y la compra de tierras por parte de esmeralderos. Situación que se tornó más difícil para los habitantes de la zona con la llegada de las autodefensas.

La enorme riqueza natural de las tierras de los Sikuani y Piapoco hizo que estos grupos ilegales buscarán controlar el territorio -en el cual proliferaron los laboratorios para el procesamiento de coca-, y que se construyeran pistas de aterrizaje clandestinas. Además, varios sectores fueron utilizados para fosas comunes.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)

Covioriente, informa que entre el 19 y 20 de abril se realizará la prueba de carga del puente peatonal ubicado en el sector de la Institución Educativa Puente Amarillo Francisco Torres León, en el kilómetro 7+870 de la ruta nacional 6510, vía Villavicencio – Restrepo.

Las actividades tendrán una duración de aproximadamente dos días desde las 6:00 a.m. del viernes hasta las 5:00 p. m. del sábado, sin embargo, durante este tiempo no se presentarán restricciones al flujo vehicular ni en la movilidad de las personas que transitan por la zona.

Esta prueba de carga tiene como objetivo verificar la capacidad del puente construido para resistir las cargas vivas de servicio, es decir, el peso de las personas que harán uso de la estructura diariamente una vez sea habilitado para su uso. De esta manera, se garantiza el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

Fuente: Covioriente

Un Fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) judicializó a una mujer en la ciudad de Villavicencio.

Omisión de cuidado de caninos

El pasado 25 de enero, unidades de la Policía Nacional visitaron una finca en zona rural de Villavicencio (Meta), y encontraronseis perros que permanecían en precarias condiciones de cuidado y de salud.

Los caninos fueron trasladados a una veterinaria, donde se estableció que tres de ellos tenían un cuadro severo de desnutrición y parásitos; mientras que los demás presentaban úlceras y conjuntivitis, entre otras afectaciones.

En ese sentido, la Fiscalía imputó a Diana Marycruz Leal Rojas el delito de maltrato animal, por presuntamente omitir su obligación de garantizar el bienestar de los perros.

La Fiscalía señaló que la mujer tendrá que enfrentar a la justicia por no ofrecer las condiciones de cuidado optimas para sus animales de compañía.

Fuente: Fiscalía General de la Nación