CASANARE
Unidad de Restitución de Tierras confirma masacre de comisión desaparecida en el Meta
El director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, expresó su dolor y desconcierto por la confirmación del asesinato de la colaboradora Karen Sulay Garay Soto, y de sus acompañantes Jhoan Steven Cogua, conductor y las solicitantes Yadmil Cortés y Sandra Cortés, quienes fueron hallados sin vida después de 42 días de zozobra e incertidumbre, luego de su desaparición el 27 de mayo pasado.
“Es desconcertante, doloroso y nos ha roto el alma dentro del equipo, un equipo que cree en la justicia y está haciendo todo por reparar a las miles de víctimas de despojo en Colombia. Hoy este acto de violencia nos enluta. Quiero enviarles mi más sentido pésame a estas cuatro familias. Es el primer hecho de este tipo que le ocurre a la Unidad luego de 10 años de implementación de la Ley 1448 de 2011”, expresó conmovido el Director.
Karen Sulay era una joven de 26 años, oriunda de Silvania, Cundinamarca, tecnóloga en cartografía de la Universidad de Cundinamarca. Se caracterizó por su amor y entrega al cuidado del medio ambiente y los animales. Luego, se trasladó hasta Villavicencio, Meta para trabajar desde febrero del 2020 en la reparación de los derechos de las víctimas de la violencia desde el área catastral. En gran medida su trabajo les devolvió la sonrisa a muchos campesinos. Siempre se destacó por su disciplina y excelente desempeño. Ese es el legado que deja y que será recordado por siempre. La Unidad expresa toda su gratitud y el más alto reconocimiento a su labor.
El director Castro también se refirió a Yadmil Cortés y Sandra Milena Cortés. Ellas, como tantas víctimas colombianas, iniciaban su proceso y tenían la esperanza de que podrían volver al campo. Estaban solicitando su derecho a la restitución, pero la violencia, injusta y cruel, les arrebató el sueño de las manos. Confiaban en sumarse a las más de 73.000 personas que han regresado a su tierra con la política de restitución pero los violentos mataron su ilusión.
“Por ellos, por lo que representan, por su recuerdo, continuaremos con nuestra apuesta por la paz. Por la reconciliación de este país que tanto la necesita. Porque no dejaremos que estos cobardes asesinatos frenen la llegada de la justicia al campo”, declaró Andrés Castro.
La entidad también lamentó la muerte de Jhoan Steven Cogua, un joven conductor de la empresa Servitransportes Andina quien acompañaba la comisión de la Unidad, que tenía como propósito la comunicación del inicio de labores de restitución en predios de la zona rural de Mesetas, Meta.
Se resalta que la Unidad de Restitución siempre mantuvo la coordinación y suministro de toda la información requerida por las autoridades de investigación criminal en cabeza del Gaula de la Policía Nacional y el liderazgo de la Dirección Seccional de Fiscalías para la judicialización del caso y la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas Desaparecidas. Es la primera vez que un hecho tan brutal como estos ocurre en los 10 años de acciones de la Unidad de Restitución de Tierras.
Castro agregó que “este dolor que sentimos nos convence que lo que hacemos no es solo un trabajo, es una convicción de vida. Por eso rechazamos toda violencia ejercida contra quienes creemos en esta misión y reiteramos que pese a todos los obstáculos que vivimos permanentemente, es nuestro aporte a la paz de Colombia”.
Estas muertes conmueven a todo el país hasta lo más hondo, el Gobierno Nacional perseverará en su misión de restituir las tierras y transformar las vidas y territorios de los campesinos y comunidades étnicas que las perdieron por causa de la violencia. Hoy en un día inédito para la restitución de tierras, estamos unidos por ellos y en su memoria seguiremos trabajando por devolver la esperanza al campo colombiano.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
