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Unidad de Restitución de Tierras confirma masacre de comisión desaparecida en el Meta

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El director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, expresó su dolor y desconcierto por la confirmación del asesinato de la colaboradora Karen Sulay Garay Soto, y de sus acompañantes Jhoan Steven Cogua, conductor y las solicitantes Yadmil Cortés y Sandra Cortés, quienes fueron hallados sin vida después de 42 días de zozobra e incertidumbre, luego de su desaparición el 27 de mayo pasado.

“Es desconcertante, doloroso y nos ha roto el alma dentro del equipo, un equipo que cree en la justicia y está haciendo todo por reparar a las miles de víctimas de despojo en Colombia. Hoy este acto de violencia nos enluta. Quiero enviarles mi más sentido pésame a estas cuatro familias. Es el primer hecho de este tipo que le ocurre a la Unidad luego de 10 años de implementación de la Ley 1448 de 2011”, expresó conmovido el Director.

Karen Sulay era una joven de 26 años, oriunda de Silvania, Cundinamarca, tecnóloga en cartografía de la Universidad de Cundinamarca. Se caracterizó por su amor y entrega al cuidado del medio ambiente y los animales. Luego, se trasladó hasta Villavicencio, Meta para trabajar desde febrero del 2020 en la reparación de los derechos de las víctimas de la violencia desde el área catastral. En gran medida su trabajo les devolvió la sonrisa a muchos campesinos. Siempre se destacó por su disciplina y excelente desempeño. Ese es el legado que deja y que será recordado por siempre. La Unidad expresa toda su gratitud y el más alto reconocimiento a su labor.

El director Castro también se refirió a Yadmil Cortés y Sandra Milena Cortés. Ellas, como tantas víctimas colombianas, iniciaban su proceso y tenían la esperanza de que podrían volver al campo. Estaban solicitando su derecho a la restitución, pero la violencia, injusta y cruel, les arrebató el sueño de las manos. Confiaban en sumarse a las más de 73.000 personas que han regresado a su tierra con la política de restitución pero los violentos mataron su ilusión.

“Por ellos, por lo que representan, por su recuerdo, continuaremos con nuestra apuesta por la paz. Por la reconciliación de este país que tanto la necesita. Porque no dejaremos que estos cobardes asesinatos frenen la llegada de la justicia al campo”, declaró Andrés Castro.

La entidad también lamentó la muerte de Jhoan Steven Cogua, un joven conductor de la empresa Servitransportes Andina quien acompañaba la comisión de la Unidad, que tenía como propósito la comunicación del inicio de labores de restitución en predios de la zona rural de Mesetas, Meta.

Se resalta que la Unidad de Restitución siempre mantuvo la coordinación y suministro de toda la información requerida por las autoridades de investigación criminal en cabeza del Gaula de la Policía Nacional y el liderazgo de la Dirección Seccional de Fiscalías para la judicialización del caso y la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas Desaparecidas. Es la primera vez que un hecho tan brutal como estos ocurre en los 10 años de acciones de la Unidad de Restitución de Tierras.

Castro agregó que “este dolor que sentimos nos convence que lo que hacemos no es solo un trabajo, es una convicción de vida. Por eso rechazamos toda violencia ejercida contra quienes creemos en esta misión y reiteramos que pese a todos los obstáculos que vivimos permanentemente, es nuestro aporte a la paz de Colombia”.

Estas muertes conmueven a todo el país hasta lo más hondo, el Gobierno Nacional perseverará en su misión de restituir las tierras y transformar las vidas y territorios de los campesinos y comunidades étnicas que las perdieron por causa de la violencia. Hoy en un día inédito para la restitución de tierras, estamos unidos por ellos y en su memoria seguiremos trabajando por devolver la esperanza al campo colombiano.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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Capresoca responde que no es responsable de las obligaciones de PROMED con personal de enfermería

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Capresoca EPS se pronunció frente a la manifestación realizada este lunes por personal de enfermería vinculado a la IPS PROMED, quienes exigen el pago de honorarios por servicios prestados en el marco del contrato N.° 165 de 2025. La entidad aclaró que dicho contrato tenía una duración de nueve meses y un valor superior a los 7.400 millones de pesos.

Según Capresoca, con corte a febrero de 2026 se han girado más de 5.110 millones de pesos, equivalentes al 68 % del valor total del contrato, tras cumplir con los procesos de radicación, auditoría y aprobación de cuentas. Asimismo, indicó que el contrato se encuentra actualmente en etapa de liquidación, con un valor proyectado pendiente de pago cercano a los 1.389 millones de pesos, luego de aplicar descuentos por glosas, retenciones y saldos no ejecutados.

Que responda PROMED

La EPS precisó que el pago restante se realizará una vez se completen los trámites administrativos en las áreas contable, financiera y jurídica, y se cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal. Sin embargo, enfatizó que, conforme a lo establecido en el contrato y la normativa laboral vigente, no tiene responsabilidad sobre las obligaciones laborales adquiridas por PROMED con su personal, al tratarse de un prestador autónomo.

Finalmente, Capresoca indicó que los trabajadores afectados pueden acudir a las instancias legales correspondientes para reclamar sus derechos, proceso que, según la entidad, es necesario para activar posibles mecanismos ante la aseguradora que respalda el contrato. La situación mantiene la preocupación del personal de salud, que continúa a la espera del pago por los servicios prestados.

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Gobernación de Casanare y Agrosavia le apuestan al Centro de Investigación para la Orinoquia en Casanare

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El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, sostuvo una reunión con el director general de Agrosavia, Miguel Serrano López, junto con su equipo de trabajo, para avanzar en acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario.

El mandatario señaló que se definieron cuatro frentes de trabajo. Entre ellos, la presentación ante el OCAD de Ciencia y Tecnología del proyecto del Centro de Investigación para la Orinoquia del sector agropecuario, nuevas iniciativas conforme al Plan de Acción 2026, la estrategia de fortalecimiento y continuidad del equipo de Agrosavia en el departamento, y el plan de acción para la recuperación, salvaguarda y manejo de la raza criolla en Casanare.

Ortiz Zorro expresó que junto a Agrosavia se dejarán las bases del desarrollo agroindustrial que necesita Casanare. Indicó que durante la jornada se compartieron resultados de investigación y se definió una ruta para articular acciones que fortalezcan la productividad agropecuaria del departamento.

Por su parte, el director de Agrosavia explicó que en conjunto con la Gobernación se identificaron ejes estratégicos enfocados en la integración de componentes concretos de investigación orientados al sector agropecuario. Señaló que esta articulación incluye la protección del ganado criollo casanareño, considerado patrimonio nacional y patrimonio de Casanare, además de la gestión de recursos en alianza con el Ministerio de Agricultura para consolidar una propuesta de centro de investigación con sede en el departamento y proyección para toda la Orinoquia.

Finalmente, el secretario de Agricultura, Alexi Duarte, informó que, Agrosavia y el gobernador se comprometieron con la formulación del proyecto del Centro para la Investigación de la Orinoquia, además de la inscripción del banco de germoplasma de la raza Criollo Casanare al Sistema Nacional de Bancos de Germoplasma.

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Se va Catasig de Yopal, Gestión Catastral será reasumida por el IGAC, empalme durará tres meses

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Así lo dio a conocer el alcalde Marco Tulio Ruíz, en la Mesa de Diálogo sobre Catastro Multipropósito que contó con presencia de comunidad, alcaldes, gobernador de Casanare y delegadas de la Superintendencia de Notariado y Registro y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

De acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, la intervención solicitada desde 2025 por el alcalde Marco Tulio Ruíz Riaño, permitió activar funciones de inspección, vigilancia y control.

“Se aperturó un proceso sancionatorio administrativo al gestor; el informe evidencia falencias y vulneraciones a la norma catastral. Estamos próximos a emitir el auto de cargos”, explicó Leidy Escamilla, coordinadora del grupo de Inspección y Vigilancia de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien también destacó el trabajo técnico de la Alcaldía de Yopal.

Durante la mesa también se confirmó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) asumirá el servicio catastral en Yopal, mientras avanza un proceso sancionatorio administrativo contra el actual operador Catasig por presuntas fallas en la actualización catastral urbana.

Cecilia Cogollo, directora de Gestión Catastral del IGAC, informó que ya inició el proceso de empalme con Catasig para garantizar la continuidad del servicio bajo criterios de orden y confianza ciudadana. En este contexto, el alcalde Marco Tulio Ruíz reiteró que la prioridad ha sido la defensa de los ciudadanos, decisión que se reflejó en no permitir un ajuste automático en el sector rural.

La Administración Municipal ratificó su postura ante el Gobierno Nacional: avanzar en un proceso transparente, ajustado a la norma y centrado en el bienestar de la comunidad, con el objetivo de restablecer la confianza en el sistema catastral de Yopal.

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