CASANARE
Unidad de Restitución de Tierras confirma masacre de comisión desaparecida en el Meta
El director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, expresó su dolor y desconcierto por la confirmación del asesinato de la colaboradora Karen Sulay Garay Soto, y de sus acompañantes Jhoan Steven Cogua, conductor y las solicitantes Yadmil Cortés y Sandra Cortés, quienes fueron hallados sin vida después de 42 días de zozobra e incertidumbre, luego de su desaparición el 27 de mayo pasado.
“Es desconcertante, doloroso y nos ha roto el alma dentro del equipo, un equipo que cree en la justicia y está haciendo todo por reparar a las miles de víctimas de despojo en Colombia. Hoy este acto de violencia nos enluta. Quiero enviarles mi más sentido pésame a estas cuatro familias. Es el primer hecho de este tipo que le ocurre a la Unidad luego de 10 años de implementación de la Ley 1448 de 2011”, expresó conmovido el Director.
Karen Sulay era una joven de 26 años, oriunda de Silvania, Cundinamarca, tecnóloga en cartografía de la Universidad de Cundinamarca. Se caracterizó por su amor y entrega al cuidado del medio ambiente y los animales. Luego, se trasladó hasta Villavicencio, Meta para trabajar desde febrero del 2020 en la reparación de los derechos de las víctimas de la violencia desde el área catastral. En gran medida su trabajo les devolvió la sonrisa a muchos campesinos. Siempre se destacó por su disciplina y excelente desempeño. Ese es el legado que deja y que será recordado por siempre. La Unidad expresa toda su gratitud y el más alto reconocimiento a su labor.
El director Castro también se refirió a Yadmil Cortés y Sandra Milena Cortés. Ellas, como tantas víctimas colombianas, iniciaban su proceso y tenían la esperanza de que podrían volver al campo. Estaban solicitando su derecho a la restitución, pero la violencia, injusta y cruel, les arrebató el sueño de las manos. Confiaban en sumarse a las más de 73.000 personas que han regresado a su tierra con la política de restitución pero los violentos mataron su ilusión.
“Por ellos, por lo que representan, por su recuerdo, continuaremos con nuestra apuesta por la paz. Por la reconciliación de este país que tanto la necesita. Porque no dejaremos que estos cobardes asesinatos frenen la llegada de la justicia al campo”, declaró Andrés Castro.
La entidad también lamentó la muerte de Jhoan Steven Cogua, un joven conductor de la empresa Servitransportes Andina quien acompañaba la comisión de la Unidad, que tenía como propósito la comunicación del inicio de labores de restitución en predios de la zona rural de Mesetas, Meta.
Se resalta que la Unidad de Restitución siempre mantuvo la coordinación y suministro de toda la información requerida por las autoridades de investigación criminal en cabeza del Gaula de la Policía Nacional y el liderazgo de la Dirección Seccional de Fiscalías para la judicialización del caso y la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas Desaparecidas. Es la primera vez que un hecho tan brutal como estos ocurre en los 10 años de acciones de la Unidad de Restitución de Tierras.
Castro agregó que “este dolor que sentimos nos convence que lo que hacemos no es solo un trabajo, es una convicción de vida. Por eso rechazamos toda violencia ejercida contra quienes creemos en esta misión y reiteramos que pese a todos los obstáculos que vivimos permanentemente, es nuestro aporte a la paz de Colombia”.
Estas muertes conmueven a todo el país hasta lo más hondo, el Gobierno Nacional perseverará en su misión de restituir las tierras y transformar las vidas y territorios de los campesinos y comunidades étnicas que las perdieron por causa de la violencia. Hoy en un día inédito para la restitución de tierras, estamos unidos por ellos y en su memoria seguiremos trabajando por devolver la esperanza al campo colombiano.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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