CASANARE
Tutela dice en primera instancia, que se violó debido proceso en tema de servidumbres en Nunchía
Sigue parado proyecto Hurón por diferencia económica entre la compañía petrolera y herederos de un predio.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal tuteló el derecho al debido proceso, invocado por el abogado Miguel Cely Caro contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunchía, dentro del proceso por servidumbres que sigue contra la compañía Equión.
La decisión de primera instancia reconoce que, tal y como lo ha venido alegando el jurista, con las actuaciones del Juzgado de Nunchía se violó el debido proceso, por lo que se ordenó dejar sin efecto las actuaciones cumplidas por este Despacho Judicial dentro de este caso, que según el profesional del Derecho favorecían a la compañía petrolera y perjudicaban a sus clientes.
En la Tutela se ordena al Juez de Nunchía, resolver los recursos que había interpuesto el abogado Cely Caro contra el auto que admitió la imposición de servidumbres y un incidente de nulidad.
De acuerdo con lo manifestado por el abogado Cely Caro, esta decisión fue apelada por Equión y deberá ser resuelta ahora por el Tribunal Superior del Circuito de Yopal.
Miguel Cely Caro ratificó que la oferta de 28 millones que hace Equión a los herederos por el derecho de servidumbre es ínfima, máxime cuando existe un avalúo de una firma reconocida a nivel nacional que señala que el valor a pagar por este concepto debe ser cercano a los 600 millones de pesos.
“Vemos como las petroleras están acostumbradas a maltratar al campesino y a maltratar a la gente casanareña, ofreciendo unas migajas cuando realmente lo que tienen que cancelar es una indemnización integral, pero ellos únicamente se fijan es en la franja de terreno y no de la totalidad del terreno. La constitución y la ley señalan que la reparación debe ser integral y las petroleras nunca la hacen, no toman en cuenta situaciones como los daños morales y el lucro cesante”, anotó Miguel Cely Caro.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
