CASANARE
Tutela dice en primera instancia, que se violó debido proceso en tema de servidumbres en Nunchía
Sigue parado proyecto Hurón por diferencia económica entre la compañía petrolera y herederos de un predio.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal tuteló el derecho al debido proceso, invocado por el abogado Miguel Cely Caro contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunchía, dentro del proceso por servidumbres que sigue contra la compañía Equión.
La decisión de primera instancia reconoce que, tal y como lo ha venido alegando el jurista, con las actuaciones del Juzgado de Nunchía se violó el debido proceso, por lo que se ordenó dejar sin efecto las actuaciones cumplidas por este Despacho Judicial dentro de este caso, que según el profesional del Derecho favorecían a la compañía petrolera y perjudicaban a sus clientes.
En la Tutela se ordena al Juez de Nunchía, resolver los recursos que había interpuesto el abogado Cely Caro contra el auto que admitió la imposición de servidumbres y un incidente de nulidad.
De acuerdo con lo manifestado por el abogado Cely Caro, esta decisión fue apelada por Equión y deberá ser resuelta ahora por el Tribunal Superior del Circuito de Yopal.
Miguel Cely Caro ratificó que la oferta de 28 millones que hace Equión a los herederos por el derecho de servidumbre es ínfima, máxime cuando existe un avalúo de una firma reconocida a nivel nacional que señala que el valor a pagar por este concepto debe ser cercano a los 600 millones de pesos.
“Vemos como las petroleras están acostumbradas a maltratar al campesino y a maltratar a la gente casanareña, ofreciendo unas migajas cuando realmente lo que tienen que cancelar es una indemnización integral, pero ellos únicamente se fijan es en la franja de terreno y no de la totalidad del terreno. La constitución y la ley señalan que la reparación debe ser integral y las petroleras nunca la hacen, no toman en cuenta situaciones como los daños morales y el lucro cesante”, anotó Miguel Cely Caro.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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