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Transportadores han perdido $7.500 millones por cierre de vía al llano

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Se han dejado de movilizar 9.000 pasajeros en Villavicencio

Por el cierre indefinido de la vía al Llano que hoy competa diez días, pero que desde hace más de un mes presenta problemas, por los cierres temporales de la carretera, los transportadores de pasajeros en la Terminal de Transportes de Villavicencio han acumulado pérdidas por 7.500 millones de pesos.

La cifra fue revelada por el gerente de la Terminal, Alcides Socarrás, tras una evaluación realizada con las siete empresas que prestan el servicio, en la que señalan que de transportar entre diez mil y doce mil pasajeros diarios entre Villavicencio y Bogotá, pasaron a dos mil.

“El promedio de despachos está hoy en 70, cuando estaba en cerca de 300, y los valores de los tiquetes no se han incrementado -están en un valor de entre 50.000 y 80.000 pesos-, pero el recorrido por la vía alterna que era de 10 horas se ha ampliado a 12, debido a que los sectores que estaban destapados se han ido deteriorando por las lluvias y el incremento del tráfico, o por cierres temporales”, sostiene Socarrás.

Con relación al incremento del costo en el combustible, Socarrás explicó que se ha hecho una especie de acuerdo con todos los actores y se compra en la estación de servicio de la Terminal de Transporte, que no ha incrementado los costos. Los vehículos también se abastasen del combustible en Bogotá y en estaciones que en el recorrido no han elevado los precios.

En el departamento del Meta en algunas estaciones de servicio le han subido el costo por galón de gasolina o diésel en 200 y 400 pesos y en algunas estaciones señalan que hay desabastecimiento, aun cuando dirigentes políticos creen que puede ser una estrategia de especulación del mercado.

Para contrarrestar esa situación, el Ministerio de Minas y Energía anunció que adoptó medidas para dar continuidad al abastecimiento de combustibles en la región, sin afectar el precio de venta al consumidor final.

Una de ellas es asumir los mayores costos del transporte de combustible al Llano, por vías alternas, para evitar alzas a los usuarios. “Este mayor costo lo asumirá el fondo de estabilización de precios de los combustibles, por decisión del Gobierno Nacional. De esta manera, se dará continuidad al suministro de combustibles sin afectar el precio de venta al consumidor final”, explicó la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

Además, el Gobierno nacional ha adoptado las medidas necesarias, en coordinación con Ecopetrol y los operadores de las plantas mayoristas, con el fin de mantener el suministro de combustibles y lograr la movilización oportuna del producto hacia los distribuidores con un mayor número de carrotanques. “Hay inventarios suficientes para dar continuidad al suministro de combustible en esta zona del país. Los habitantes del Meta pueden tener tranquilidad frente al abastecimiento y los precios finales para el usuario”, precisó la Ministra.

Actualmente, se movilizan 33 carrotanques con más de 346.000 galones adicionales de gasolina y diésel para el departamento del Meta, informó la Ministra.

Fuente: El Tiempo

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Definen plan de acción a favor de las víctimas del conflicto en el Meta

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En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.

Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.

Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.

Fuente: Gobernación del Meta

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Capturado en Villavicencio presunto integrante del Clan del Golfo

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Autoridades lograron capturar en Villavicencio al criminal conocido con el alias de ‘Ñato’, presunto integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Orrego.

La detención de esta persona materializó en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.

Alias ‘Ñato’ de 36 años de edad, es señalado de ser el autor material del homicidio con arma de fuego en la modalidad de sicariato del señor Juan Alfonso Aguilar Rivas; hecho registrado en junio 12 de 2022, en la inspección El Vergel del municipio de San Juan de Arama, Meta.

El capturado junto a las diligencias judiciales adelantadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 187 de la Dirección Especializada Contra el Crimen Organizado de Villavicencio, Meta.

Fuente: Policía Meta

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JEP ordena plan para ubicar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Gaitán

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.

Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.

Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.

Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.

A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.

La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

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