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Decretan calamidad pública en Meta por afectaciones de la vía al Llano

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La medida busca que destinen los recursos para superar la crisis

La Gobernación del Meta decretó la calamidad pública por las afectaciones provocadas por el invierno en la vía al Llano y en 12 de sus municipios.
La medida busca que los gobiernos Nacional y Departamental destinen los recursos y ejecuten las acciones de manera prioritariapara atender las afectaciones a 6.136 familias, 35.383 personas, 95 viviendas averiadas, nueve viviendas destruidas, 950 hectáreas agrícolas y ganaderas, 24 establecimientos educativos y más de ocho vías. Así como las graves afectaciones económicas, sociales y ambientales generadas por el taponamiento de esta importante carretera.

Los 12 municipios en situación de calamidad pública son: Cumaral, Castilla La Nueva, El Castillo, El Dorado, Granada, Guamal, La Macarena, Lejanías, San Juan de Arama, Villavicencio, Vista Hermosa y Mesetas.

La decisión se toma horas después de que la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, señalara que la vía permanecerá cerrada por lo menos tres meses, ante las dificultades que se presenta en la remoción del material que cae de la montaña en el kilómetro 58.

Los trabajos para retirar más de 30.000 metros cúbicos de escombros han sido retrasados porque, según informó Coviandes, las condiciones de seguridad no son las ideales para que los operarios. El presidente Iván Duque anunció este miércoles que el próximo 25 de junio se realizará un consejo extraordinario de ministros en el Meta,con el objetivo de buscar medidas urgentes para solucionar la crisis que enfrenta esta región del país.

En días pasados la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, y el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, pidieron al Gobierno que decretara la calamidad pública en la región para atender todos los efectos de “la emergencia social, económica y ambiental que está viviendo el departamento del Meta y la región de los Llanos”.

En el mismo sentido, se pronunció el director de la Andi seccional Llano, Francisco Andrade, al expresar que la región necesita más recursos en la medida que todos sus sectores económicos se han visto damnificados por el incremento de los costos en los fletes, tanto de los productos que salen hacia Bogotá como de los que se traen a la región desde el centro del país.

Los gremios del Meta estiman que por el cierre de la carretera, agricultores, ganaderos, petroleros y comerciantes han dejado de recibir más de 500.000 millones de pesos. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) tasó en 43.000 millones de pesos los ingresos diarios que deja de recibir ese departamento por el cierre del corredor.

Por esa vía también se transporta buena parte de los productos perecederos que se consumen en Bogotá, como plátano, yuca, piña, papaya, cítricos, arroz, pollo y carne de res y cerdo. Según el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Jorge Bedoya, al menos el 50 % del consumo de la carne de cerdo en Bogotá proviene del Meta, así como más de seis millones de aves dedicadas a la producción de pollo de engorde y huevo de mesa, ganado y arroz, que está en proceso de siembra, transitan por este corredor vial.

Fuente: El Tiempo

 

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Definen plan de acción a favor de las víctimas del conflicto en el Meta

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En un esfuerzo por articular acciones con los integrantes del Sistema de Comunicación para la Paz (SIPAZ) y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), liderada por GIZ Colombia, la secretaría de Derechos Humanos y Paz del Meta acordó un Plan de Acción Territorial, en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

En ese contexto, se estableció la realización de dos jornadas móviles de oferta institucional del orden departamental y nacional, esperando atender más de 1.000 personas víctimas del conflicto armado, en los municipios de Uribe y Mapiripán.

Igualmente se acordó el acompañamiento, por parte de la gobernación del Meta, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los planes integrales de reparación colectiva de la población víctima, con el fortalecimiento a proyectos productivos del municipio de Mapiripán, aportando a la reparación integral en las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización.

Finalmente, se logró realizar un plan de acción con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del cual se pretende contribuir con la verdad, la justicia, la restauración del daño y reparación a la población víctima.

Fuente: Gobernación del Meta

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Capturado en Villavicencio presunto integrante del Clan del Golfo

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Autoridades lograron capturar en Villavicencio al criminal conocido con el alias de ‘Ñato’, presunto integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ al servicio de la subestructura Gonzalo Oquendo Orrego.

La detención de esta persona materializó en cumplimiento a una orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión.

Alias ‘Ñato’ de 36 años de edad, es señalado de ser el autor material del homicidio con arma de fuego en la modalidad de sicariato del señor Juan Alfonso Aguilar Rivas; hecho registrado en junio 12 de 2022, en la inspección El Vergel del municipio de San Juan de Arama, Meta.

El capturado junto a las diligencias judiciales adelantadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía No. 187 de la Dirección Especializada Contra el Crimen Organizado de Villavicencio, Meta.

Fuente: Policía Meta

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JEP ordena plan para ubicar y atender a mujeres víctimas de violencia sexual en Puerto Gaitán

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó poner en marcha un plan de acción que permita ubicar, identificar y caracterizar a mujeres víctimas de estigmatización y violencia sexual en Puerto Gaitán, quienes fueron estigmatizadas como ‘Las calvas’ cuando eran niñas o adolescentes, por parte de grupos paramilitares que operaron en la zona, entre 2002 y 2004.

Según expedientes de la justicia ordinaria e informes de organizaciones de víctimas entregados a la JEP, las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en ese departamento implementaron medidas de control social, reclutamiento, abuso sexual y violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. Los relatos allegados a la Jurisdicción indican que las autoridades del municipio tenían conocimiento de estos crímenes y no tomaron medidas para evitarlos ni para perseguir o castigar a los grupos ilegales que ejercían estos delitos.

Estas mujeres víctimas eran señaladas por los grupos de cometer “actos de desobediencia, faltar al colegio, ingresar a bares”, y por ello las sometieron a castigos como apartarlas de su núcleo familiar contra su voluntad para someterlas a trabajos forzados; también eran reclutadas por los grupos ilegales y sometidas a abuso y violencia sexual; otras, fueron expuestas al escarnio público rapándoles la cabeza, de allí el término estigmatizante con el que fueron conocidas por los pobladores de la región en aquella época.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas considera que estos hechos son de interés del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; y del Caso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio.

Bajo ese contexto, la Sala convoca la articulación entre los despachos relatores de estos dos macrocasos con las siguientes dependencias de la JEP: Departamento de Atención a Víctimas (DAV), la Comisión de Género, la Comisión de Participación, la Oficina Asesora en Justicia Restaurativa, el Departamento de Enfoques Diferenciales y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Representación de Víctimas.

A través de esta articulación se busca definir una metodología que facilite la ubicación de las víctimas y, en caso de que así lo deseen, ofrecerles asesoría para participar en los casos 08 y 11, en caso de que estos hechos sean priorizados por la Sala de Reconocimiento para ser investigados. Además, este plan de atención y tratamiento a las víctimas se abordará aplicando los enfoques diferenciales de género, étnico racial, territorial e interseccional; incluyendo, además, espacios de pedagogía.

La decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se toma en el marco del estudio de solicitud de sometimiento a la JEP de Édgar Humberto Silva González, quien se desempeñó como personero municipal de Puerto Gaitán durante la época de los hechos. Silva aún no ha sido aceptado en la Jurisdicción en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. La aceptación de su sometimiento queda condicionada a los ajustes al régimen de condicionalidad, en materia de aportes efectivos de verdad y propuestas de reparación, que presente ante la sala.

Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP

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