NACIONALES
Superfinanciera define dos tarifas diferenciales para pago del SOAT de 2024
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) definió las nuevas tarifas para el Seguro Obligatorio de Daños Corporales causados a las Personas en Accidentes de Tránsito (SOAT) que regirán durante 2024.
La entidad no actualizó una sola tarifa para todas las categorías de automotores, sino que estableció un incremento diferencial, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2312 de 20212 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Para expedir la nueva reglamentación, la SFC tuvo en cuenta dos criterios principales. Primero, según el diferencial de riesgo aplicable a los vehículos cobijados por el Decreto 2497 de 2022, los cuales conservarán el descuento del 50%.
Para estas categorías el incremento en 2024 será del 10,97%, e incluye, entre otros, motos de hasta 200 c.c., ciclomotores, motocarros, tricimotos, taxis, buses, busetas y vehículos de servicio intermunicipal.
Y los que no son cobijados con ese descuento establecido en el Decreto 2497 de 2022 tendrá un alza de 18,4%, que incluye vehículos familiares, camionetas, jeeps, motos de más de 200 c.c., entre otros,
En segundo lugar, la Circular Externa 001 de 2023 de la SFC advierte que “dicho ajuste es resultado de la revisión periódica de las condiciones técnicas y financieras del seguro, que permitió determinar el porcentaje de suficiencia del SOAT, el cual se explica principalmente por el comportamiento del costo estimado de la atención de las personas lesionadas en accidentes de tránsito, el número de siniestros viales asegurados y la composición del parque automotor asegurado”.
La SFC agrega en la Circular informativa que el incremento “propende porque los recursos disponibles sean estadísticamente suficientes para la atención de las víctimas de accidentes de tránsito” teniendo en cuenta los principios de equidad, suficiencia y moderación, señalados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Determinantes de la tarifa máxima
Para definir la actualización de las nuevas tarifas del SOAT, la SFC tuvo en cuenta la información reportada por las compañías de seguros, según la cual:
1. Durante el último año aumentó el parque automotor asegurado, que pasó de 9,2 millones a 9,7 millones de pólizas, principalmente en categorías de vehículos que muestran los mayores aumentos en sus tasas de siniestralidad. Para 2024 se proyecta que estas categorías concentren el 53% del parque automotor asegurado en SOAT.
2. El número de personas afectadas en accidentes de tránsito (por cada 100 pólizas de SOAT) disminuyó en 2,3%, pasando de 9,64% en 2022 a 7,34% en 2023. Las proyecciones indican que en 2024 este indicador llegaría a 8,12%.
3. El valor promedio por siniestro en gastos médicos e indemnizaciones con cargo al SOAT (severidad) aumentó 16% en 2023 respecto a 2022. Para 2024 se proyecta que este indicador representa una disminución aproximada de 400 mil pesos.
4. Entre 2020 y 2023 los vehículos a gas crecieron 15% mientras que los eléctricos lo hicieron en 170%, con lo cual los descuentos realizados han tenido impacto sobre los recursos del SOAT. En esa medida, para el presente ejercicio se ajusta la metodología con el fin de incorporar los efectos estimados en las primas del ramo
Tarifas del SOAT para el 2024
Con el aumento que indicó la Superintendencia Financiera, esto es lo que debes pagar por el SOAT, según tu tipo de vehículo
Motos
– Menos de 100 c.c.: $230.200
– Entre 100 y 200 c.c.: $308.500
– Más de 200 c.c.: $830.100
Motocarros
– Ciclomotor: $111.600
– Motocarro, tricimoto y cuadriciclo: $347.700
– Motocarro de cinco pasajeros: $347.700
Camionetas / Camperos
– Menos de 1.500 c.c. / menos de 10 años: $864.500
– Menos de 1.500 c.c. / 10 años o más $1’039.300
– Entre 1.500 c.c. y 2.500 c.c. / menos de 10 años: $1’032.300
– Entre 1.500 y 2.500 c.c. / 10 años o más: $1’222.900
– Más de 2.500 c.c. / menos de 10 años: $1’210.900
– Más de 2.500 c.c. / 10 años o más: $1’389.500
Vehículos familiares
– Menos de 1.500 c.c. / Menos de 10 años: $487.000
– Menos de 1.500 c.c. / 10 años 0 más: $646.500
– Entre 1.500 y 2.500 c.c. / Menos de 10 años: $539.800
– Entre 1.500 y 2.500 c.c. / 10 años o más: $738.600
– Más de 2.500 c.c. / Menos de 10 años: $693.000
– Más de 2.500 c.c. / 10 años o más: $822.500
– 6 o más pasajeros / menos de 2.500 c.c. / menos de 10 años: $869.500
– 6 o más pasajeros / menos de 2.500 c.c. / 10 años o más: $1’109.800
– 6 o más pasajeros / 2.500 o más c.c. / menos de 10 años: $1’163.900
– 6 o más pasajeros / 2.500 o más c.c. / 10 años o más: $1’397.700
Autos negocio
– Menos de 1.500 c.c. / menos de 10 años: $253.000
– Menos de 1.500 c.c. / 10 o más años: $316.200
– Entre 1.500 y 2.500 c.c. / menos de 10 años: $314.600
– Entre 1.500 y 2.500 c.c. / 10 o más años: $388.600
– Más de 2.500 c.c. / menos de 10 años: $405.600
– Más de 2.500 c.c. / 10 o más años: $475.700
Servicio público
Buses, busetas urbanos: $605.000
Servicio público intermunicipal (menos de 10 pasajeros): $598.200
Servicio público intermunicipal (más de 10 pasajeros): $867.500
Oficiales especiales (menos de 1.500 c.c.): $1’090.100
Oficiales especiales (entre 1.500 y 2.500 c.c.): $1’374.300
Oficiales especiales (más de 2.500 c.c.): $1’647.800
Fuente: Superfinanciera
La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) oficializó la formulación de esta política estructural, que convierte el PAE en una política de Estado y no solo en un programa gubernamental. El objetivo: blindar su operación más allá de los ciclos políticos y asegurar que cada niño, niña y joven reciba una alimentación balanceada y pertinente durante su formación escolar.
“Después de 60 años, este Gobierno le dejará a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado”, afirmó Sebastián Rivera, director de la UApA.
La nueva política se basa en cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer el impacto del programa en las aulas y las comunidades:
- Garantía de derechos: la alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
- Financiamiento sostenible: se establecen mecanismos financieros a largo plazo para asegurar la continuidad y expansión del PAE.
- Calidad y nutrición mejoradas: las minutas alimentarias serán revisadas y actualizadas con base en criterios técnicos, nutricionales y participación comunitaria.
- Participación ciudadana: estudiantes, familias y comunidades educativas participarán en la toma de decisiones, promoviendo transparencia y pertinencia local.
- Monitoreo y evaluación rigurosos: se implementarán sistemas de seguimiento robustos para garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
La formulación de esta política responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se reconoce la seguridad alimentaria como un problema estructural. Para ello, la UApA ha habilitado un espacio de participación abierta a través de un formulario en línea y sus redes sociales.
“Esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”, explicó Rivera.
La consolidación del PAE como política pública enfrenta retos en la gestión descentralizada, la infraestructura y la capacitación, pero representa un avance determinante para proteger los derechos de la niñez y la juventud.
Con esta decisión, el Gobierno nacional fortalece su compromiso con la equidad y el desarrollo humano, sentando las bases para una Colombia donde la alimentación escolar sea un derecho garantizado, no una excepción.
Fuente: Comunicaciones Mineducación
NACIONALES
Antes del 30 de mayo, entidades públicas a reportar empleos de carrera que estén en vacancia
Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitaron a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, orden territorial y Corporaciones Autónomas Regionales, reportar los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva.
Las entidades deben proporcionar esta información a Función Pública antes del viernes 30 de mayo de 2025 para la elaboración del Plan Anual de Vacantes que será enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
El Plan Anual de Vacantes es un instrumento técnico de medición que permite conocer a la Comisión y ciudadanías el número de cargos de carrera administrativa que se encuentran vacantes en el sector público y cuáles hacen parte de procesos de selección.
Función Pública aclaró que el diligenciamiento de esta información no exime a las entidades del reporte de vacantes en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) y la inscripción o actualización del Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA).
El cumplimiento de este reporte debe ser verificado por el o la jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades, ya que en caso de incumplimiento u omisión deben reportar a la Dirección de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC.
Las entidades están obligadas a diligenciar la información de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva con corte al 31 de diciembre de 2024 a través de este enlace.
Fuente: Comunicaciones Función Pública
El desempleo en marzo de 2025 disminuyó 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y se ubicó en 9,6 % desde el 11,3 % de 2024. Esto significa una variación absoluta de 1’057.000 personas ocupadas, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.
De acuerdo con la entidad, se trata de la tasa más baja desde 2017, resultado que se explica por la menor desocupación en las 13 principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas que para el tercer mes de este año se ubicó en 9,3 %, que representa una disminución de 1,4 p.p. respecto del año pasado (10,8 %).
La tasa global de participación se ubicó en 67,4% (en marzo de 2024 fue de 67,1 %) y la tasa de ocupación quedó en 61,1 % (59,9 % en marzo del año pasado).
El estudio revela que la población del país en edad de trabajar llegó en marzo pasado a 40’514.000 personas, de las cuales 23’702.000 es la población ocupada (1’057.000 más que el año pasado); 2’522.000 es la población desocupada (con una disminución de 359.000 personas) y 14’289.000 personas están fuera de la fuerza laboral (amas de casa, estudiantes, pensionados, etc.) que se redujo en marzo último en 138.000 personas.
Por dominio geográfico, mientras en el total nacional la variación de población ocupada fue de 4,7 p.p., en Otras cabeceras llegó a 9 %, la cifra más alta desde 2018, y en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas la variación fue de +3,4 p.p.
Ocupación por actividades
El DANE informó que por ramas de actividad económica, el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportó 381 mil nuevos ocupados y representa 15,5 % del total nacional; le siguen Industrias manufactureras con 218 mil nuevos ocupados (11,1 %); Alojamiento y servicios de comida con 153 mil nuevos ocupados (7,3 %); Transporte y almacenamiento con 132 mil nuevos ocupados (7,5 %); Construcción aportó 125 mil ocupados (7 %); Comercio y reparación de vehículos 101 mil ocupados nuevos (17,6 %) y Actividades artísticas entretenimiento y recreación con 100 mil nuevos ocupados (8,4 % del total nacional).
Por sexo, la población masculina ocupada creció en 543 mil personas, mientras la femenina en 514 mil.
Por rangos de edad, la franja de 25 a 54 años entre los hombres redujo la desocupación en 152 mil personas, mientras en las mujeres la variación fue de 47 mil personas en el mismo rango etario.
Desempleo por ciudades
El informe del DANE también da cuenta de que por encima del promedio nacional de desocupación (9,6 %) en marzo pasado estuvieron: Arauca con 29,2 %; Quibdó 29 %, Buenaventura 26,3 %, Mocoa 24,7 %, Barrancabermeja 24,6 % y Tumaco 23,3 %, entre las que da mayor tasa de desempleo.
Y las que registraron menor variación fueron Inírida 7,6 %, Mitú 6,7 %, Rionegro 6,1 % y Leticia 4,7 %.
Informalidad y juventud
El sector informal de la economía para el tercer mes del año se ubicó en 57,7 % en todo el país; en los centros poblados y rural disperso llegó a 84,3 %; en las 23 principales ciudades del país fue de 45,2 % y en las 13 ciudades con área metropolitana se ubicó la informalidad en 43,9 %.
El DANE también midió la brecha de género en tasa de desocupación. Para el trimestre enero – marzo de 2025 la brecha de género en materia de desempleo fue de 9,8 puntos porcentuales, pues mientras los hombres registraron una tasa de desempleo de 13 % las mujeres registraron 22, 8 %.
En este mismo periodo, la población más joven (15 – 24 años) la desocupación a nivel nacional se redujo en 2,9 p.p., mientras que en las 23 principales ciudades del país se redujo en 3 p.p. En Quibdó este indicador subió 8,4 %, y en Cartagena se redujo 6,7 %.
Fuente: Comunicaciones DANE
