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¿Solución definitiva en la vía al Llano?
Una propuesta del Gobierno está siendo estudiada por la concesión
El vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Carlos García, reveló que el Gobierno Nacional estudia la posibilidad de construir un viaducto en el kilómetro 58, como solución definitiva a los derrumbes que se presentan en ese punto de la vía Bogotá-Villavicencio.
La obra, que también contempla un muro de contención, tendría 690 metros de largo y se ubicaría en el costado opuesto de la vía existente, lo que alejaría a los vehículos de la ladera y podría evitar nuevos cierres, a la altura del Kilómetro 58.
“La solución definitiva es la construcción de un viaducto de 690 metros. Ya el concesionario está haciendo los estudios y los diseños de ese viaducto. Además, tenemos la certeza de la caída de material que será en bloque, como lo había determinado el servicio Geológico que, pese a que tendrán un volumen importante, no serán tan grandes como se habían definido anteriormente”, explicó García.
Sin embargo, los costos de estas obras aún no están definidos, ya que en el momento la concesión se encuentra haciendo las respectivas cotizaciones y los recursos estarán a cargo del Gobierno Nacional.
“Pero por más costosa que sea la solución o las medidas que nosotros adoptemos, el beneficio será enorme para todas las personas que movilicen por ese corredor vial, por lo que el viaducto ya es una decisión”, advirtió el vicepresidente ejecutivo de la ANI.
La obra también contempla la construcción de un muro de contención “con zona de amortiguamiento para frenar cualquier impacto que se presente con nuevos derrumbes o ante la caída constante de piedras“, explicó el directivo, al tiempo que señaló que son tuberías petroleras que tienen una longitud aproximada de 12 metro de largo.
“Las tuberías se hincarían verticalmente a una profundidad de seis metros, quedando la mitad bajo tierra y la otra mitad por fuera, con esto estableceríamos una barrera que separaría el talud y el material que se pueda desprender con un espacio suficiente para recoger el material”, recalcó García.
Actualmente se realiza la remoción de los más de 100 mil metros cúbicos de materiales que bloquearon la vía al llano y se buscan alternativas para dar una solución definitiva y dar paso de manera segura.
“En la vía Bogotá – Villavicencio estamos atendiendo cerca de 60 puntos críticos que han sido priorizados por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, la ANI y el concesionario, entre los que se destacan las obras de los Kilómetros 46, 64 y el 58, donde tenemos el cierre permanente de la vía. Nuestro compromiso es recuperar la conectividad del Meta y toda la Orinoquía por este corredor en el corto plazo”, apuntó García.
Fuente: RCN Radio
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
