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¿Solución definitiva en la vía al Llano?
Una propuesta del Gobierno está siendo estudiada por la concesión
El vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Carlos García, reveló que el Gobierno Nacional estudia la posibilidad de construir un viaducto en el kilómetro 58, como solución definitiva a los derrumbes que se presentan en ese punto de la vía Bogotá-Villavicencio.
La obra, que también contempla un muro de contención, tendría 690 metros de largo y se ubicaría en el costado opuesto de la vía existente, lo que alejaría a los vehículos de la ladera y podría evitar nuevos cierres, a la altura del Kilómetro 58.
“La solución definitiva es la construcción de un viaducto de 690 metros. Ya el concesionario está haciendo los estudios y los diseños de ese viaducto. Además, tenemos la certeza de la caída de material que será en bloque, como lo había determinado el servicio Geológico que, pese a que tendrán un volumen importante, no serán tan grandes como se habían definido anteriormente”, explicó García.
Sin embargo, los costos de estas obras aún no están definidos, ya que en el momento la concesión se encuentra haciendo las respectivas cotizaciones y los recursos estarán a cargo del Gobierno Nacional.
“Pero por más costosa que sea la solución o las medidas que nosotros adoptemos, el beneficio será enorme para todas las personas que movilicen por ese corredor vial, por lo que el viaducto ya es una decisión”, advirtió el vicepresidente ejecutivo de la ANI.
La obra también contempla la construcción de un muro de contención “con zona de amortiguamiento para frenar cualquier impacto que se presente con nuevos derrumbes o ante la caída constante de piedras“, explicó el directivo, al tiempo que señaló que son tuberías petroleras que tienen una longitud aproximada de 12 metro de largo.
“Las tuberías se hincarían verticalmente a una profundidad de seis metros, quedando la mitad bajo tierra y la otra mitad por fuera, con esto estableceríamos una barrera que separaría el talud y el material que se pueda desprender con un espacio suficiente para recoger el material”, recalcó García.
Actualmente se realiza la remoción de los más de 100 mil metros cúbicos de materiales que bloquearon la vía al llano y se buscan alternativas para dar una solución definitiva y dar paso de manera segura.
“En la vía Bogotá – Villavicencio estamos atendiendo cerca de 60 puntos críticos que han sido priorizados por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, la ANI y el concesionario, entre los que se destacan las obras de los Kilómetros 46, 64 y el 58, donde tenemos el cierre permanente de la vía. Nuestro compromiso es recuperar la conectividad del Meta y toda la Orinoquía por este corredor en el corto plazo”, apuntó García.
Fuente: RCN Radio
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
