CASANARE
Sobrecostos por cerca de $500 millones halló Contraloría de Casanare en dos contratos de la Alcaldía de Yopal
Sobrecostos por valor superior a los $489 millones de pesos reveló la Contraloría Departamental de Casanare, en dos contratos de la Alcaldía de Yopal firmados y ejecutados el año anterior, al final de una auditoría realizada por parte del organismo de control, donde se encontraron 18 hallazgos de tipo administrativo, 4 hallazgos de tipo fiscal, 10 disciplinarios, 1 de tipo penal y 2 sancionatorios.
De acuerdo con el informe, el primer contrato que presenta mayores valores pagados es el No. 548 de 2018, mediante el cual la Alcaldía de Yopal contrató con la Unión Temporal “Semáforos Inteligentes 2018” el suministro e instalación del sistema semafórico inalámbrico en cinco intersecciones de la ciudad, por el cual canceló más de $1.064 millones de pesos.
Durante la auditoría, la Contraloría solicitó una cotización del total de actividades y suministros requeridos a tres (3) empresas idóneas para ejecutar el contrato, incluyendo el AIU y el IVA y agregando el porcentaje correspondiente a las estampillas Pro Bienestar del Adulto Mayor (3%) y Pro Cultura (1,5%). De las 3 cotizaciones se obtuvo un valor promedio de $733.918.859; que al ser comparado con el valor total pagado, que fue de $1.055.362.890, arroja una diferencia de $321.444.031, que se considera un mayor valor pagado frente a los precios de mercado consultados.
“Lo anterior conlleva a que la entidad incurra en una gestión antieconómica, que le priva la posibilidad de optimizar el uso de sus recursos y beneficiar más a la población de Yopal… razón por la cual se determina un hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por la suma de $321.444.031”, dice el informe de la Contraloría Departamental de Casanare.
Atención a adultos mayores
El otro Contrato cuestionado por la Contraloría Departamental de Casanare, es el No. 590 de 2018, mediante el cual la Alcaldía de Yopal contrató con la Corporación Nacional de Desarrollo CONADE, la atención integral a los adultos mayores del municipio que no reciben beneficios en los Centros Vida, por valor de $1.945 millones de pesos.
Mediante ese Contrato, la Administración Municipal adquirió paquetes nutricionales conformados por alimentos no perecederos, de los cuales según la Contraloría Departamental, algunos presentan un precio de compra unitario superior a los precios promedios de venta del mercado, situación que se determinó de conformidad con cotizaciones solicitadas y recibidas de los establecimientos comerciales Supermercado Don Toño (Comercializadora Magar SAS) y Almacenes Paraíso SAS, ambos de la ciudad de Yopal, para evaluar la razonabilidad de los mismos.
Al realizar el análisis de costos, la Contraloría Departamental encontró que existe un sobrecosto por $102.559.600, que resulta de los mayores valores pagados con respecto a los precios promedios de mercado en los alimentos no perecederos.
Similar situación ocurrió con el producto denominado “VITALOR”, que es un complemento nutricional para adulto mayor, donde la Contraloría Departamental al realizar el análisis de costos encontró posibles sobre costos por valor de $65.927.736. En total, el Contrato No. 590 de 2018, según la Contraloría, presenta posibles sobre costos por valor de $168.487.336.
“Esta situación se presenta por deficiencias en el Sistema de Control Interno para la elaboración de los estudios previos, específicamente los estudios de mercado, toda vez que la Administración Municipal no adelantó cotizaciones ante establecimientos comerciales especializados y mayoristas, donde se hubiere podido obtener precios favorables, en función de la alta cantidad de productos alimenticios y de complementos requeridos. En otras palabras, y como lo demuestra la praxis comercial, no es lo mismo comprar 2 o 3 latas de un complemento nutricional x 400 gramos que adquirir 3.528 unidades del mismo producto, consideración que se hace extensiva a la compra de los demás alimentos no perecederos”, señala el informe de la Contraloría Departamental.
Descargue acá el informe completo de la Contraloría Departamental de Casanare: informe-final-yopal_1
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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