CASANARE
Sobrecostos por cerca de $500 millones halló Contraloría de Casanare en dos contratos de la Alcaldía de Yopal
Sobrecostos por valor superior a los $489 millones de pesos reveló la Contraloría Departamental de Casanare, en dos contratos de la Alcaldía de Yopal firmados y ejecutados el año anterior, al final de una auditoría realizada por parte del organismo de control, donde se encontraron 18 hallazgos de tipo administrativo, 4 hallazgos de tipo fiscal, 10 disciplinarios, 1 de tipo penal y 2 sancionatorios.
De acuerdo con el informe, el primer contrato que presenta mayores valores pagados es el No. 548 de 2018, mediante el cual la Alcaldía de Yopal contrató con la Unión Temporal “Semáforos Inteligentes 2018” el suministro e instalación del sistema semafórico inalámbrico en cinco intersecciones de la ciudad, por el cual canceló más de $1.064 millones de pesos.
Durante la auditoría, la Contraloría solicitó una cotización del total de actividades y suministros requeridos a tres (3) empresas idóneas para ejecutar el contrato, incluyendo el AIU y el IVA y agregando el porcentaje correspondiente a las estampillas Pro Bienestar del Adulto Mayor (3%) y Pro Cultura (1,5%). De las 3 cotizaciones se obtuvo un valor promedio de $733.918.859; que al ser comparado con el valor total pagado, que fue de $1.055.362.890, arroja una diferencia de $321.444.031, que se considera un mayor valor pagado frente a los precios de mercado consultados.
“Lo anterior conlleva a que la entidad incurra en una gestión antieconómica, que le priva la posibilidad de optimizar el uso de sus recursos y beneficiar más a la población de Yopal… razón por la cual se determina un hallazgo administrativo con presunto alcance fiscal por la suma de $321.444.031”, dice el informe de la Contraloría Departamental de Casanare.
Atención a adultos mayores
El otro Contrato cuestionado por la Contraloría Departamental de Casanare, es el No. 590 de 2018, mediante el cual la Alcaldía de Yopal contrató con la Corporación Nacional de Desarrollo CONADE, la atención integral a los adultos mayores del municipio que no reciben beneficios en los Centros Vida, por valor de $1.945 millones de pesos.
Mediante ese Contrato, la Administración Municipal adquirió paquetes nutricionales conformados por alimentos no perecederos, de los cuales según la Contraloría Departamental, algunos presentan un precio de compra unitario superior a los precios promedios de venta del mercado, situación que se determinó de conformidad con cotizaciones solicitadas y recibidas de los establecimientos comerciales Supermercado Don Toño (Comercializadora Magar SAS) y Almacenes Paraíso SAS, ambos de la ciudad de Yopal, para evaluar la razonabilidad de los mismos.
Al realizar el análisis de costos, la Contraloría Departamental encontró que existe un sobrecosto por $102.559.600, que resulta de los mayores valores pagados con respecto a los precios promedios de mercado en los alimentos no perecederos.
Similar situación ocurrió con el producto denominado “VITALOR”, que es un complemento nutricional para adulto mayor, donde la Contraloría Departamental al realizar el análisis de costos encontró posibles sobre costos por valor de $65.927.736. En total, el Contrato No. 590 de 2018, según la Contraloría, presenta posibles sobre costos por valor de $168.487.336.
“Esta situación se presenta por deficiencias en el Sistema de Control Interno para la elaboración de los estudios previos, específicamente los estudios de mercado, toda vez que la Administración Municipal no adelantó cotizaciones ante establecimientos comerciales especializados y mayoristas, donde se hubiere podido obtener precios favorables, en función de la alta cantidad de productos alimenticios y de complementos requeridos. En otras palabras, y como lo demuestra la praxis comercial, no es lo mismo comprar 2 o 3 latas de un complemento nutricional x 400 gramos que adquirir 3.528 unidades del mismo producto, consideración que se hace extensiva a la compra de los demás alimentos no perecederos”, señala el informe de la Contraloría Departamental.
Descargue acá el informe completo de la Contraloría Departamental de Casanare: informe-final-yopal_1
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Secretaría de Educación de Yopal informa a la ciudadanía sobre múltiples solicitudes y quejas de padres de familia. Estas están relacionadas con dificultades para matricular a sus hijos debido a inconsistencias en la validez de estudios cursados previamente en modalidades no presenciales o “homeschooling”.
Se ha evidenciado que algunos estudiantes provienen de instituciones que ofrecen educación virtual o homeschooling sin la licencia de funcionamiento reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Esta situación impide la homologación, validación o reconocimiento oficial de los grados cursados, conforme a la normativa vigente.
La secretaría recuerda que en Colombia, la educación formal debe ser impartida por establecimientos educativos debidamente autorizados, con licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio de Educación y registro en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). Las instituciones sin este reconocimiento no pueden emitir certificaciones válidas.
Además, se han identificado casos de estudiantes con estudios en el exterior que realizaron supuestas “validaciones” en instituciones no facultadas legalmente, afectando la continuidad académica. La presentación de Pruebas Saber 11° (ICFES) y los procesos de validación de bachillerato están regulados por el Estado y requieren autorización oficial.
Por lo anterior, se hace un llamado preventivo a padres y acudientes para que verifiquen que la institución educativa cuente con licencia de funcionamiento vigente, esté registrada oficialmente ante el Ministerio de Educación y tenga reconocimiento para la prestación del servicio educativo formal. La secretaría reitera su compromiso con el derecho a la educación y la orientación familiar.
Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Tauramena la tarde del 21 de febrero de 2026. Sobre las 6:12 p.m., en la vereda Cabañas, fue ultimado con arma de fuego el ciudadano Jaime Orlando León Sierra, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba departiendo bebidas embriagantes en una tienda del sector cuando fue abordado por otro hombre que también permanecía en el establecimiento. Entre ambos se habría generado una discusión, al parecer por linderos de un predio, que escaló rápidamente, momento en el que el presunto agresor desenfundó un arma de fuego y disparó contra León Sierra, causándole la muerte en el lugar.
Tras el ataque, el señalado responsable huyó en una motocicleta color negro con azul con rumbo hacia la zona rural. Las autoridades confirmaron que el presunto agresor ya está plenamente identificado y adelantan labores para lograr su captura en el menor tiempo posible.
Según información conocida, el hombre registra antecedentes en calidad de investigado por delitos como homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, amenazas y acceso carnal. Testigos lo describen como una persona con comportamiento violento cuando consume licor. El caso quedó en manos de los organismos competentes, que avanzan en la recolección de pruebas y testimonios.
A 31 años y 3 meses de prisión fue condenado Olegario Mendivelso, de 55 años, por el feminicidio agravado de su compañera sentimental Fidelia Tarache Tumay, en hechos ocurridos el pasado 25 de septiembre de 2025 en zona rural de Yopal. La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento, quien avaló el preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con las pruebas recopiladas por el ente acusador, el hoy sentenciado llegó hasta la finca donde trabajaba la víctima e ingresó a la vivienda por una ventana. Una vez dentro, la atacó con un arma cortopunzante, causándole múltiples heridas que le provocaron la muerte. Según la investigación, el ataque se originó porque la víctima no quería continuar con la relación.
El fallo judicial también impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, además de la suspensión de cualquier mecanismo sustitutivo o subrogado penal.
La sentencia es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. Con este resultado, la Fiscalía destacó el avance del proceso judicial y la sanción impuesta por este crimen que enluta a una familia en el departamento de Casanare.
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